Excombatientes de FARC denuncian amenazas de disidencias para que abandonen ETCR

En ese espacio territorial viven cerca de 200 familias que tienen unos 14 proyectos productivos.

Foto: José Vargas

“Con inmenso pesar, con inmenso dolor de región y mucho dolor de país, informamos a la opinión pública que debemos abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que cariñosamente llamamos Mariana Páez”.

Así empieza el comunicado con el que poco más de 200 familias de firmantes del Acuerdo de Paz que viven en ese lugar, ubicado en una vereda del municipio de Mesetas, Meta, denuncian que deberán desplazarse forzosamente por amenazas de hombres que, según dicen, se identificaron como FARC.

De acuerdo con varios firmantes que viven en el lugar, en el último año las amenazas han sido más frecuentes. Sin embargo, el hecho que hizo que se publicara un comunicado ocurrió este lunes 14 de marzo, cuando hombres de las disidencias del Estado Mayor Central convocaron a una reunión en la que les dieron un ultimátum para salir del ETCR.

“Los hombres que se autodenominan de las FARC, del Estado Mayor Central, convocaron al Consejo Administrativo, a Juntas de Acción Comunal y líderes de la zona a una reunión en la que dieron varias órdenes, entre ellas el plazo perentorio de 30 días para que todas las personas del ETCR ‘Mariana Páez’ salieran de ese territorio”, detalló a Colombia+20 William Betancur, líder de esa zona.

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De acuerdo con Betancur, la razón sobre por qué se pidió este desplazamiento no es claro y no lo explicaron en la reunión. “No hay argumentos sobre esta decisión, pero es claro que ellos dicen que son los dueños del territorio y que nuestra presencia les afecta porque en el espacio se permite la presencia de la Fuerza Pública y eso no les conviene”.

Los hostigamientos contra ese espacio territorial se vienen presentando desde 2019. De hecho, el primer asesinato contra un excombatiente dentro de un ETCR ocurrió justamente allí en octubre de ese año, cuando hombres armados ingresaron al lugar y acabaron con la vida de Alexander Parra, líder social y esposo de Luz Marina Giraldo, entonces candidata al concejo por el Partido Farc y hoy consejera de derechos humanos de esa colectividad.

“Lo preocupante es que ya están llegando a nuestras reuniones haciendo amenazas de esa manera. Le pedimos al Gobierno que se pronuncie y actúe. Si el Gobierno no puede garantizarle la seguridad a las personas que llevamos seis años firmes con la paz, ¿a quién carajos se la va a garantizar?”, afirmó Giraldo a este diario.

Habitantes del espacio ‘Mariana Páez’ se reunieron este martes con varios de sus líderes y, según Betancur, la decisión que se tomó es que se irán del territorio. “El miedo está en su punto más alto y por eso la decisión hoy es que se van de ese lugar. Queremos pedirle al Gobierno que interceda y si vemos que hay alguna voluntad de paz, ese decisión podría cambiar”, afirma.

“Hacemos un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro; al alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda; a la directoria de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas; a la directora de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller; a la comunidad internacional, a la Comisión de Países Garantes y a la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas a garantizar el derecho a la vida de los y las firmantes, el derecho a la paz al pueblo colombiano y verificar las condiciones para alcanzar la ‘paz total’ en los territorios”, dice el comunicado.

Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), se pronunció sobre este caso e indicó que miércoles y jueves “se reunirá con líderes en reincorporación para conocer de primera mano la situación denunciada”. De acuerdo con la ARN se coordinará una “hoja de ruta de acciones en la búsqueda de protección de adultos, menores, adultos mayores y personas en condición de discapacidad que allí residen”. También le pedirán a la Fiscalía General que adelante las investigaciones pertinentes.

La denuncia del desplazamiento también fue replicada en redes sociales por el Partido Comunes, que dijo: “No se puede construir una #PazTotal si los firmantes del Acuerdo somos violentados”.

El senador Iván Cepeda también se pronunció en su cuenta de Twitter sobre este hecho y dijo: “Llamo a los responsables del gobierno en materia de implementación del Acuerdo de Paz a tomar medidas urgentes para atender la denuncia de desplazamiento forzado que hacen los excombatientes del ETCR ‘Mariana Páez’, desde Mesetas, Meta”.

Por su parte, Betancur le confirmó a este diario que desde esta mañana varias personas están recogiendo cobijas, enseres, animales y algunos de los productos que cultivan para irse. “Duele mucho perder el material económico y todo lo que se tiene construido, pero creo que lo que nos duele más es perder el tejido social, la reconciliación económica y social, las viabilidades que habíamos dado incluso a nuestros vecinos y, claro, no tener una claridad de a dónde se va a ir cada hombre, mujer, niño o niña que vive aquí”, explica.

Actualmente, ese ETCR tiene unos 14 proyectos productivos, entre turismo, cultivos de café y de caña, ganadería, entre otros.

“Somos más de 200 familias; 86 mujeres, la gran mayoría madres cabeza de hogar; alrededor de 80 niños y niñas, entre ellos 30 de brazos; hombres y mujeres de la tercera edad y población con discapacidad. Los cuales enfrentaremos la pérdida total de los proyectos productivos: transformación de caña panelera, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, transformación del café y de sus cultivos derivados y dos de ganadería; así como la pérdida total de la infraestructura desarrollada en los seis años que lleva la implementación del Acuerdo Final de Paz”, explica el comunicado.

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Las disidencias del Estado Mayor Central que hacen presencia en ese territorio es una organización que no se acogió al Acuerdo de Paz firmado en el teatro Colón en noviembre de 2016. Actualmente adelantan un proceso de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro y son uno de los grupos con los que se acordó un cese al fuego bilateral que empezó el pasado 1 de enero e iría hasta el 30 de junio de este año.

El martes pasado, la Fiscalía levantó las órdenes de captura contra 19 integrantes de esa disidencia con lo que le dio estatus político a ese grupo en un intento por una salida negociada al conflicto armado.

“Si están negociando, no entendemos estas acciones, y creo que tampoco las van a entender quienes se quieran acoger a procesos de paz. Esto daña estas negociaciones en las dos vías”, dice Giraldo.

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De acuerdo con reincorporados que hablaron con Colombia+20, las amenazas también llegaron al Nuevo Punto de Reincorporación (NPR) Simón Trinidad, ubicado apenas a unos 4 kilómetros de Mariana Páez.

Según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 3 de marzo de 2023, 350 firmantes han sido asesinados, dos de ellos este año. Meta es el sexto departamento con más muerte de excombatientes (28), junto con Cauca (60), Nariño (40), Antioquia (38), Caquetá (32) y Putumayo (31).

En diciembre de 2021 ya se había producido el desplazamiento de otro espacio territorial en ese departamento. Unos 43 excombatientes y las familias que vivían en el ETCR Urías Rondón del Yarí, ubicado en el municipio de La Macarena, tuvieron que irse del territorio por las graves condiciones de seguridad. En el operativo de salida de esa zona hacia el predio San José, en El Doncello, Caquetá. fueron impactados con ráfagas de fusil y fue incinerado uno de los camiones que se habían dispuesto para los enseres.

Además, según Indepaz, Meta está entre los cuatro departamentos con mayores desplazamientos forzados masivos entre las persaonas que estaban en las Zonas Veredales Transitoria de Normalización. Ese departamento tuvo un total de 92 desplazamientos de excombatientes entre 2017 y 2021.