El lío de tierras que involucra a un palmicultor en el Cesar

La comunidad de la vereda Pitalito completa tres meses viviendo en carpas y cambuches improvisados intentando recuperar su tierra.

Foto: Catalina Osorio, Equipo Jurídico Pueblos

- Lo único que está por encima de uno es el patrón. Lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer porque el dueño lo ha mandado

- ¿Entonces usted nos va a matar?

- Al que se venga encima sí

La conversación es entre un hombre armado y una mujer en la vereda Pitalito en Chimichagua (Cesar). En el video se ven discutiendo sobre una montaña y se alcanzan a ver varias armas cortas y largas que tiene él y otros tres hombres más que también discuten con la comunidad. “Nosotros no tenemos nada, no estamos armados, ni una aguja si quiera tenemos para defendernos”, se escucha decir en varias ocasiones de la mujer. Ese video, grabado el 15 de agosto pasado, resume en poco más de dos minutos la disputa por la tierra que hay ahora mismo en esa vereda que en las próximas horas podría ser desalojada por una orden judicial emitida el 3 de octubre pasado en su contra.

La historia de disputa por la tierra allí no es nueva. Comenzó en 2008, cuando 25 familias campesinas de la vereda Pitalito empezaron a retornar a sus fincas luego de la violencia paramilitar que azotó esa región del país desde 1996. En ese momento, las Autodefensas de Córdoba y Urabá consolidaron en el Cesar un grupo armado para responder al llamado de varios ganaderos que pedían seguridad.

(Lea: Reforma agraria de Petro: primeras 297.000 hectáreas fueron tituladas a indígenas)

Dos años después, en 2010, hombres armados desconocidos, supuestamente provenientes de La Guajira, llegaron a su territorio con armas a intimidarlos. “Es como lo que estamos viviendo ahora, así tal cual fue en esa época”, recuerda. La diferencia es que, en ese momento, al territorio les llegó una oferta de compraventa de las parcelas de la que, según ellos, no tuvieron opción de elegir. “Llegó un señor de nombre Juan Manuel Fernández de Castro, un palmicultor conocido y exmilitar. Nos dijo que nos daba $2 o $3 millones por finca (muchas de ellas de 40 y 50 hectáreas de extensión) que si nos servía bien y que si no salíamos con las manos vacías”, relata uno de los voceros de los campesinos a quien llamaremos Héctor* para proteger su identidad.

Juan Manuel Fernández de Castro es un agricultor beneficiario del cuestionado programa de subsidios Agro Ingreso Seguro. Tiene varios cultivos de aceite de palma en el departamento del Magdalena. Según documentos que conoció este diario, Corpamag ha resuelto a su favor varios incidentes en los que el palmicultor pedía concesiones de aguas superficiales provenientes de una quebrada para regar sus cultivos de palma de aceite en el corregimiento de Orihueca, municipio de zona bananera. Sin embargo, en el departamento del Cesar no hay evidencia de ese monocultivo.

Las denuncias por presuntamente haber sido obligados a vender quedaron radicadas en la Fiscalía y la Defensoría el 4 de mayo de 2010. En uno de los documentos dirigido a la Defensoría se lee: “Desde ahí hasta la fecha comenzó nuestro calvario. Este señor (Juan Manuel Fernández de Castro) contrató un par de indígenas que mantienen armados en la zona impidiendo cualquier tipo de labor agrícola y la construcción de nuestras viviendas. En reiteradas oportunidades nos han hecho disparos, advertencias y amenazas a los habitantes de la zona”. El relato de esa denuncia de 2010 podría haber sido copiado y pegado en las denuncias de este año. Aunque han pasado 12 años, aseguran que los hechos se repiten, están calcados.

(Vea acá el video de los hombres armados que amenazan a la comunidad)

Pero el de 2010 era su segundo desplazamiento. El primero había sido progresivo a comienzo del 2000 cuando los paramilitares comenzaron a tomarse el territorio sin dejar más salida que el desplazamiento. “Cuando él llegó a decirnos que teníamos que venderle hizo a mucha gente firmar papeles en blanco. Luego fue que aparecieron nuestras tierras a su nombre y no pudimos hacer mucho más”, asegura Héctor, uno de los afectados y el vocero de las familias que retornaron en julio de este año.

(Vea también: “Hay que recuperar los baldíos de la Nación”: nuevo director de Agencia de Tierras)

En 2013 las familias intentaron retornar de ese desplazamiento, luego de darse cuenta que las tierras que supuestamente les habían “comprado” no estaban siendo ocupadas ni utilizadas para ningún tipo de cultivo. “El señor Fernández de Castro dijo que ahí iba sembrar palma de aceite, pero al menos acá en esta vereda nunca lo ha hecho, entonces como vimos que eran improductivas decidimos regresar”, explica Alejandra*, la sobrina de uno de los voceros de la comunidad.

Este diario intentó contactarse con Fernández de Castro, pero hasta la publicación de este artículo no fue posible obtener una respuesta. Sin embargo, el portal Verdad Abierta lo entrevistó por este caso en 2013, quien aseguró que había sufrido “la ausencia del Estado”. En esa entrevista también dijo que: “Les pagué a cada uno $14 millones en promedio. A algunos les doy primero siete millones y como se me acabó la plata, les dije que en quince días les pagaba el resto”.

En esa entrevista asegura que es víctima de extorsión por parte de algunos denunciantes y que, hasta ese momento (2013) no había ningún documento que los acreditara como víctimas de desplazamiento forzado. “Soy una persona que respeto, pero que también espero que me respeten. Ellos me dan a mí una pelea jurídica; yo también se las doy. Militarmente no tengo nada. Soy oficial de la reserva, me han querido capitalizar eso, que ando uniformado… Nunca jamás he vuelto al Ejército”.

El tercer intento por recuperar la tierra

Después de 11 años de estar por fuera del territorio, el 6 de julio pasado las familias se volvieron a organizar para el tercer intento de retorno. Armaron cambuches, durmieron en carpas y volvieron con algunas maletas con ropa, sus perros, algunas gallinas y gallos de las familias. Llevaron semillas para volver a sembrar y habían alcanzado a preparar la tierra para sus cultivos de maíz, plátano y yuca, hasta que la historia se repitió. “En ese momento el señor Fernández de Castro instauró una querella para desalojar a las familias y en cuestión de tres semanas, fueron sacadas a la fuerza y con violencia hasta el municipio de Curumaní. Hasta allá los llevaron a todos en un camión del Esmad”, asegura el abogado Carlos Maldonado, del Equipo Jurídico Pueblos, quien asesora a las familias.

Héctor y su familia fueron una de las víctimas. Recuerda que, por varias noches, las 25 familias de la vereda Pitalito durmieron bajo bolsas y carpas en el parque principal de Curumaní. Luego, fueron trasladados hasta un albergue donde permanecieron por varios meses hasta que cada uno empezó a buscar habitaciones para vivir a través del pagadiario. “Yo solo sabía trabajar el campo, entonces cuando llegué a la ciudad me tocó desempeñarme en labores varias, en construcción, en carga, lo que saliera en el día para poder llevar una comida a la casa y garantizar el techo”. Lo cuenta con voz resignada y dice que en la ciudad les ha faltado todo, pero sobre todo el plato de comida. Eso no le pasaba cuando estaba en el campo porque él mismo cultivaba los alimentos.

(Le puede interesar: Las peticiones que cultivadores de coca le plantearon al gobierno Petro)

Maldonado explica que una de las pruebas del caso es una resolución de la Unidad de Víctimas que determina que las familias sufrieron un desplazamiento por la presencia del palmicultor Fernández de Castro. El documento reservado de la Unidad, conocido por Colombia+20, concluye que: “Cerca de 20 familias en situación de desplazamiento forzado se encuentran en un albergue después de ocupar, por casi ocho días, el parque del barrio San Isidro. El hecho se presentó porque un señor de nombre Juan Manuel Fernández de Castro amenazó de muerte y agredió verbalmente a los campesinos y les manifestó haber comprado el predio que ellos habitaban desde hace más de 27 años”.

Con esa resolución emitida el 12 de agosto de 2013 las familias van a completar una década luchando por sus derechos como poseedores de la tierra. Sus denuncias también fueron elevadas ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) desde ese año y en 2013 sobre varias de esas fincas se ordenó una medida cautelar que prohibía la compra o venta de la tierra hasta que no se resolviera el conflicto. Sin embargo, la vereda entera fue desalojada, según el abogado Maldonado.

Este diario se comunicó con la URT para conocer el estado del proceso administrativo por este caso, pero la oficina de prensa únicamente confirmó que el radicado existe y aseguró que el estado del proceso solo puede ser consultado por las víctimas o por su apoderado. “Lo difícil es que ya he solicitado la información como apoderado, pero aún así me la han negado”, dijo Carlos Maldonado, que asegura que tampoco ha podido conocer las actualizaciones ante esa entidad.

Juan Manuel Fernández de Castro tiene una denuncia por desplazamiento forzado que investiga el Juzgado Único Penal de Valledupar desde 2015. Desde junio de ese año el caso quedó en etapa de preclusión, pero las dilaciones en siete años han sido tales, que el Juzgado ha aplazado al menos en siete ocasiones la fecha de la audiencia. Lo más reciente en la Fiscalía es que el 6 de febrero de 2019, el Juzgado en Valledupar remitió por competencia el caso a los Juzgados del Circuito de Santa Marta para que bien sea avancen o precluyan la investigación.

(Lea: Las propuestas para que el Gobierno Petro destrabe la restitución de tierras)

“Tememos que haya una orden de captura en nuestra contra”

Otra de las preocupaciones de los líderes y voceros es que el pasado 3 de octubre llegó un comunicado de la Fiscalía General que cita a comparecer a ocho personas de la vereda. En el documento, dirigido al comandante de Policía de Chimichagua, pide apoyo a la Policía para acompañar a los campesinos que son citados a comparecer en la sede judicial del municipio El Banco (Magdalena).

En ese documento no se especifica el objetivo de la diligencia. Carlos Maldonado, como abogado de las víctimas, dice que aunque la cita para todos fue el 6 de octubre pasado, ninguno ha querido cumplir la cita con las autoridades por temor a tener alguna orden de captura. Héctor es uno de los que aparece en la lista y, en diálogo con este diario el pasado 7 de octubre, aseguró que no cumplió con esa cita por miedo a ser encarcelados “o algo peor”, como dice.

“Tememos que hayan emitido alguna orden de captura y nos encarcelen. Ni siquiera nos quieren decir para qué es la diligencia y no estamos cometiendo ningún delito porque esta tierra nos pertenece, fuimos engañados, todo está documentado”, dice desde otra vereda cercana a Pitalito, donde se resguarda a ratos y a donde llega a buscar señal día de por medio.

Por ahora, lo único certero que tienen es que en las próximas horas se cumplen los cinco días que tiene la Policía para iniciar el desalojo de la comunidad. La petición de Héctor, en nombre de las 25 familias que se resisten a salir por tercera vez despojados de su tierra es claro y conciso. “Pedimos que nos dejen quedar acá hasta que la URT resuelva nuestro caso. Ellos tienen las pruebas suficientes para darse cuenta que fuimos obligados a vender, pero mientras eso avanza que nos dejen acá. No estamos afectando a nadie porque estas tierras están sin cultivos ni viviendas de nada. Si nos desalojan una tercera vez, no tendremos a dónde ir, no tenemos dónde dormir, tampoco qué comer en la ciudad”, señala con la voz bajita.