Así se vive la guerra de la Segunda Marquetalia y el EMC por el control de Caquetá

Ante la restricción de movilidad en los ríos, el Gobierno reforzó la presencia militar en la zona.

Foto: Julián Ríos Monroy

María se levanta de la butaca y agarra la escoba. Con un par de movimientos hace que desaparezcan los charcos de la cubierta del bote de carga y vuelve a sentarse. “Ya no sé qué más limpiar ni cómo quemar el tiempo”, dice con el desespero de quien lleva más de 20 días encallado en el mismo puerto. Acá, en uno de los muelles del río Orteguaza, en Caquetá, lo único que flota son unas papayas verdes que nadie sabe de dónde vienen.

Hoy por hoy, el Orteguaza es un río quieto. Un río quieto en un territorio sin carreteras, donde la única forma de acceder a decenas de poblaciones es por vía fluvial. Un río quieto por órdenes de las dos disidencias de las antiguas FARC, que desataron el mayor paro armado de la última década en esa zona, en medio de su disputa por la frontera sur de dos departamentos amazónicos: Caquetá y Putumayo, una ruta estratégica para las economías ilegales y el movimiento de tropas.

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De un lado, los Comandos Bolivarianos de Frontera (adscritos a la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez); del otro, sus enemigos, el frente Carolina Ramírez (perteneciente al Estado Mayor Central -EMC-, de Iván Mordisco). En el medio, miles de civiles inocentes que se enfrentan a la imposibilidad de transportarse, de trabajar, de abastecerse de bienes de primera necesidad que solo pueden llegar a través de los ríos.

“Ya no sabemos qué hacer. Vamos a cumplir un mes quietos, sin producir nada para pagar el arriendo y los servicios, ni para un mercadito, y nadie sabe cuándo van a dar permiso para volver a navegar”, dice María, quien pasa sus días en un cuarto del barco —una piecita de dos por dos con un catre viejo para descansar durante los viajes largos— del que sale cada tanto a revisar si alguien llega con la noticia de que ya puede arrancar. Es la misma rutina que tiene cada día desde hace casi cuatro semanas.

La mujer se cuida de no decir una sola palabra sobre los armados, al igual que todos los pobladores. Nadie se atreve a romper la ley del silencio que han instaurado bajo amenaza de muerte.

“Nos sentimos solos”

Entre más se avanza hacia el sur de Caquetá, más empeora la situación: hay listados de líderes sociales declarados objetivo militar, masacres que nunca salen a la luz, escuelas de entrenamiento militar para los nuevos combatientes, extorsiones, presiones a las organizaciones comunitarias, reclutamientos forzados, confinamientos, asesinatos selectivos y combates.

Todo eso, dicen, es parte de la reactivación de una guerra a la que poca atención se le ha prestado, pese a que los dos grupos ilegales que la lideran dicen estar vinculados a la apuesta de paz total del gobierno Petro.

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“El llamado urgente que están haciendo las comunidades de la región es que los diálogos de paz avancen. Se necesitan mesas nacionales articuladas con las regionales, donde se reciban las denuncias por las vulneraciones de los grupos y se haga un monitoreo serio de lo que está ocurriendo, porque esta no es una situación nueva”, señala Estefanía Ciro, investigadora y fundadora del Centro de Pensamiento desde la Amazonia A la Orilla Del Río.

Hace solo una semana, en medio del paro armado en Caquetá, fue oficializado el inicio de la mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia. Con el EMC, el proceso de paz comenzó en octubre, cinco meses después de superar una crisis intensa que tuvo su origen precisamente en esta región, cuando el frente Carolina Ramírez asesinó a tres menores de edad de la comunidad indígena murui que habían sido reclutados. Ese hecho llevó a la primera suspensión del cese al fuego con este grupo ilegal. En julio pasado se retomó el diálogo con esa disidencia y en octubre empezó el cese al fuego, que tiene un mecanismo de verificación.

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“Lo que pasó con esos muchachos puede repetirse. Acá los reclutamientos siguen, y la falta de oportunidades lleva a que sean vulnerables. En las zonas rurales los papás están tratando de sacar del territorio a cualquier niño con más de 10 años para evitar que se lo lleven”, cuenta una persona que hace trabajo social en la región.

Se trata de un drama que se repite en municipios caqueteños como Curillo, Solita y Solano, que comparten frontera con Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo (Putumayo). Solo en 2023, al menos 2.247 personas se desplazaron por cuenta del conflicto en estas cinco poblaciones, según registros de la Unidad de Víctimas, aunque la entidad advierte que podrían ser muchos más casos.

La restricción en los ríos sería apenas una nueva expresión de la reconfiguración del conflicto en la zona, donde esta guerra ha mostrado todos sus rostros (uno de los hechos más cruentos se registró hace 15 meses, cuando los combates dejaron 18 disidentes muertos, cuyos cuerpos fueron traslados al cementerio de Puerto Guzmán en una volqueta).

De acuerdo con un reporte conocido por Colombia+20, las Fuerzas Militares estiman que el frente Carolina Ramírez tendría desplegados entre Putumayo y Caquetá al menos 270 personas en armas. Se trata de un número significativamente inferior al del grupo con el que se disputan la región: los Comandos de Frontera, en cuyas filas habría alrededor de 590 integrantes armados.

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El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, explica que detrás de la orden de no navegar los ríos hay un desplazamiento de tropas de los Comandos desde Putumayo hacia Caquetá, como parte de una apuesta por expandir su control territorial y ganar el dominio de los corredores de narcotráfico por los que salen decenas de toneladas de cocaína y marihuana hacia países como Brasil y Ecuador.

La respuesta de las autoridades una vez el paro se volvió noticia nacional fue enviar a 100 militares de las Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad.

El brigadier general Miller Nossa Rojas, comandante de la Sexta División del Ejército, asegura que se incrementaron los patrullajes fluviales y los sobrevuelos, y se reposicionó la tropa. “Se ha logrado gradualmente reactivar la navegabilidad por los ríos”, respondió por escrito el alto oficial.

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Sin embargo, nuestro recorrido por la región demostró lo contrario, al menos sobre el Orteguaza.

“Acá ya vino el ministro de Defensa, ya vino el gobernador, pero todo siguió igual. Sentimos que estamos solos”, explica el alcalde de un municipio de la región. Ni siquiera él se atreve a dar su nombre.

A la otra orilla del río Caquetá, que marca el límite entre ambos departamentos, la situación también es tensa.

“El riesgo es constante, el grupo maneja el territorio y lo defiende. Uno siempre está con el miedo vivo, con susto de que lo tilden de ser aliado de uno o de otro. Se oyen rumores de que el otro grupo ya viene, que se va a mover, que puede haber un combate. Vivimos con esa zozobra”, relata un poblador de una zona del Putumayo controlada por los Comandos de Frontera.

Un puerto sin movimiento

Son las 4:32 de una tarde de viernes y huele a pavimento mojado en Puerto Arango, un caserío a 20 minutos de Florencia, la capital de Caquetá. La lluvia formó un barrial en el muelle, pero no hay quién lo lamente: por estos días, el puerto más movido del Orteguaza no es más que un parqueadero de embarcaciones.

Dos horas atrás, el gobernador Ruiz me aseguró sin vacilaciones que ya se había normalizado el tránsito desde Puerto Arango hasta Solano, el municipio fronterizo con Putumayo que siente con mayor rigor la confrontación entre las estructuras disidentes. Pero acá los pobladores lo desmienten: “Ojalá se nos hiciera ese milagro, pero todavía seguimos quietos”, comentó uno de ellos.

El 22 de enero, hombres vestidos de civil recorrieron los puertos de los ríos Orteguaza y Caquetá advirtiendo que “por instrucción de los Comandos Bolivarianos de Frontera y hasta nueva orden” quedaba prohibido navegar, incluso para las lanchas de transporte.

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Luego circularon audios por Whatsapp advirtiendo que cualquier embarcación que incumpliera la orden recibiría plomo y sería quemada.

Una semana después del anuncio se levantó el bloqueo en el río Caquetá, pero se mantuvo en el Orteguaza, que en Puerto Arango serpentea el inicio de la selva como una mancha de aceite denso de 60 metros de ancho. Durante el último mes, la única opción para quienes viajan hacia los municipios del sur es ir desde Florencia al municipio de Solita y, desde allí, embarcarse por las aguas del río Caquetá hasta el siguiente punto permitido.

Solita: la penúltima estación

Al terminal de Solita se llega tras un recorrido de 125 kilómetros entre morichales y sabanas dedicadas, en su mayoría, a la ganadería. Es una distancia que podría tomar un par de horas, pero en las trochas de Caquetá y en transporte público -solo viajan camperos, 4x4 o furgonetas Ford E350 de hace 30 años- la ruta implica el doble de tiempo.

Varios de los pasajeros arrancan de inmediato para el puerto a buscar una embarcación con destino a Solano, una hora y media más allá.

El río Caquetá se asoma con sus 300 metros de ancho frente a un malecón improvisado y atestado de cantinas que compiten por cuál reproduce a mayores decibeles las norteñas o los vallenatos.

Hacia las 10:30 a.m. el mercado empieza a activarse. Algunos habitantes compran plátanos verdes que llegaron más temprano en una de las lanchas. También hay una carretilla llena de yucas, y se espera que más tarde llegue el pescado. Es el movimiento habitual de una zona en la que el río es el centro del intercambio comercial, aunque las últimas semanas la realidad se haya trastocado por cuenta del paro armado. Ningún militar patrulla acá, pese a las amenazas del último mes.

En una de las cantinas, con ventanales abiertos que dejan ver el río, el tendero juega dominó con un cliente en una de las 13 mesas de madera. En la barra, solitaria, armada con ocho tablones de madera extendidos a lo alto, resalta un letrero redondo del tamaño de una señal de tránsito. Es la ilustración de una pistola automática tachada por una línea roja: “Prohibido el porte de armas”, dice en letras azules. Una paradoja en esta tierra controlada por los armados. Tras casi un mes en el que ha quedado más que probado que se vive bajo sus reglas, cuesta creer que alguien pueda ponerles freno.

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En las empresas de transporte fluvial con rutas hacia el sur se mantiene un halo de discreción y miedo. Solano es el límite máximo. Ninguna embarcación puede llegar hasta el corregimiento de La Tagua, ya en jurisdicción de Puerto Leguízamo, Putumayo. Tampoco pueden salir botes desde allí hace 27 días, lo que ha generado un represamiento de botes cargados con pescado, alimentos y madera.

Una semana después, compruebo a través de una llamada que todo sigue igual. La restricción se mantiene por el Orteguaza y nadie puede ir más allá de Solano. El tiempo y la crisis son lo único que avanza para las comunidades ribereñas, que temen que esta sea solo el preludio de una confrontación como las que vivieron hace dos décadas. Sus esperanzas están puestas en que las mesas de diálogo despeguen y los armados se comprometan a respetar lo que siempre han pedido: que los dejen vivir en paz en su territorio.