Las alertas de expansión del Clan del Golfo en medio del cese al fuego

De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, las AGC tienen presencia en 241 municipios. / Gustavo Torrijos

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

“Vilmente asesinado por la oligarquía, hoy el pueblo sigue tu legado día a día”, se lee sobre la sigla AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) en los colores de la bandera y junto a una imagen de Jorge Eliécer Gaitán con el puño en alto. Esas son las vallas publicitarias que el grupo armado ilegal, también llamado Clan del Golfo, colgó en casi una decena de cascos urbanos de Córdoba, entre el 22 y 24 de enero pasados, conmemorando los 120 años del nacimiento del caudillo y tras dos meses del cese al fuego bilateral anunciado por el presidente Gustavo Petro. En esos mismos días pintaron muros con grafitis en áreas urbanas y rurales de Antioquia, Chocó, La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre y Bolívar.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, le dijo a Colombia+20 que ningún acto de expansión sería tolerado en el marco de este pacto con los armados y que las Fuerzas Militares siguen sus operaciones ofensivas. Pero líderes sociales e investigadores en territorio señalan lo contrario. “El cese al fuego sí ha contribuido a disminuir la ola de asesinatos que vivimos el año pasado, pero sin lugar a dudas, al no haber unas reglas claras, ha permitido que las AGC se estén fortaleciendo: están más tranquilas en los caseríos y tratando de estigmatizar a las organizaciones campesinas para cooptar a la gente”, señala un líder social reconocido en el sur de Córdoba.

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Para los investigadores que han puesto la lupa en el accionar de este grupo ilegal, la mayoría de estos hechos de expansión y control territorial se generan en las zonas que históricamente han sido sus núcleos fuertes, como el cinturón que va desde el Bajo Atrato, en el norte de Chocó, pasando por el Urabá antioqueño, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca, hasta llegar al sur de Bolívar.

Según el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ese grupo armado, que el lunes pasado confirmó en un comunicado el consenso entre sus filas para hacer una “negociación jurídica” con el gobierno Petro, tiene presencia en por lo menos 241 municipios, aunque la cifra podría aumentar.

De hecho, desde diciembre de 2022, a través de dos alertas tempranas, la Defensoría del Pueblo prendió las alarmas sobre la expansión de las AGC. El organismo informó que 89.000 personas estaban en alto riesgo por “la expansión territorial y consolidación hegemónica de las AGC o Clan del Golfo en los centros urbanos y rurales” de municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó.

Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), asegura que en estas regiones el grupo ha mostrado desde hace meses que domina el territorio a través de paros armados, planes pistola y otras acciones, pero en las últimas semanas se ha visto mayor presencia de sus integrantes en las zonas urbanas.

“El Clan se expresa físicamente de forma distinta a otras organizaciones. No incursiona con combatientes de camuflado y armas largas, sino con personas que funcionan como informantes (los llamados ‘puntos’). Han priorizado las actividades de vigilancia y han contratado a más personas”, dice Tobo. De hecho, no es en vano que en las zonas de operación de las AGC se diga que “son el mayor empleador de la región”, en referencia a sus redes de información.

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Pero la expansión de las AGC no se estaría dando solo en sus zonas de mayor incidencia. En Cúcuta, donde han tratado de abrirse paso desde 2020, el frente Luis Orlando Padierna no solo estaría cooptando más espacio en las zonas rurales, sino que estaría tratando de tomar el control del microtráfico en la capital nortesantandereana.

Otro fenómeno que se ha evidenciado tras la puesta en marcha de la Paz Total, es que el clan “ha querido consolidar su faceta política, emulando el discurso de la autodefensa, para legitimarse en el territorio”. En esto coincide Francisco Javier Daza, investigador nacional de Pares: “La Paz Total con el Clan del Golfo pasa por demostrar un poder territorial grande, en el sentido de la capacidad que tiene para movilizar a población civil para sus demandas. Esto se evidencia en los señalamientos de que está promoviendo el paro minero en Bajo Cauca o en el paro armado de mayo del año pasado en el que paralizaron a 11 departamentos”.

En varios municipios, los miembros de este grupo ilegal se han cohibido de desplegar la violencia letal, y han perfeccionado sus roles de comunicación con las comunidades. “En casos de violación a sus normas -como el toque de queda, robos o riñas- la sanción ya no es la ejecución, y han implementado figuras, incluso con formación jurídica, para hablar con los lideres”, cuenta Tobo.

Para la Defensoría estas actuaciones siguen siendo contrarias al objetivo del cese al fuego, pues en su segundo boletín de seguimiento señaló que “si bien en territorios de consolidación de la presencia de las AGC no se presentaron acciones bélicas abiertas, y las formas de actuación no pasan por la comisión de conductas de alto impacto, ello no significa que no ocurran violaciones a los DD. HH. en el territorio”.

Bajo Cauca y sur de Córdoba

Ante la inminente desaparición de los Caparros y el repliegue del ELN, entre el Bajo Cauca (Antioquia), el sur de Córdoba y el sur de Bolívar se dice que el Clan del Golfo tiene la hegemonía. Su fuerza es tal, que terminó por replegar a los frentes 36 y 18 de las disidencias de las FARC hacia el nordeste de Antioquia. Por eso, señala Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de DD. HH. del Instituto Popular de Capacitación (IPC), lo que hay actualmente es “un afianzamiento del control territorial y poblacional” en la zona.

“A excepción de la Serranía de San Lucas, en donde está el ELN con el Frente 4 de las Disidencias, y el sur de Cáceres, no estamos viendo más confrontación con las AGC. Lo que sí hay es una expansión de este último hacia Puerto Valdivia, que siempre tuvo al ELN y ahora se replegó”, explica.

“Con esto del cese al fuego, el paramilitarismo en vez de disminuir se ha aumentado. Cada vez tienen más personal, más y más jóvenes a los que les muestran oportunidades económicas y eso es lo que más nos preocupa. Uno diría que hay más calma, pero sí se ve su presencia más fuerte”, asegura una lideresa con incidencia en el Bajo Cauca. La activista, que pidió no mencionar su nombre, dice que lo que más ha aumentado son las extorsiones y los desplazamientos por amenazas. De hecho, dos líderes conocidos por Colombia+20 tuvieron que salir de la zona este año por ser señalados de colaboradores del ELN.

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“Antes uno los veía más en la zona rural y se sabía que estaban en las cabeceras, pero ahora tienen mayor movilidad en las zonas donde nosotros hacíamos nuestras reuniones”, añade desde el sur de Córdoba otro líder. El Clan del Golfo los ha declarado objetivos militares. Es justamente con ellos, defensores de derechos humanos y promotores de la sustitución de cultivos de uso ilícito, con quienes los armados no quieren que la gente se reúna. “Les dicen que quienes estén con nosotros serán declarados objetivos militares. En este momento hay territorios a donde no podemos ir”, añade.

Las amenazas ya se han materializado. En los primeros dos meses de 2023 asesinaron a dos beneficiarios del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y miembros de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas). “Incluso están obligando a la gente a asistir a reuniones, porque quieren generar lazos con ellos. Pero, como no son un grupo que tenga origen político, están haciendo esa incidencia a la fuerza”, dice Pedro. Esa injerencia se ha hecho cada vez más evidente en las economías ilegales.

En el Bajo Cauca, según cuenta María, “hace dos años estaban promoviendo la siembra masiva de coca, pero este año están diciendo que ya no se puede seguir tumbando monte ni sembrar más coca de la que hay”. También son ellos quienes regulan la minería en la zona. Y pese a que entre la comunidad hay prevención frente a los señalamientos del gobernador de Antioquia Anibal Gaviria de que detrás del paro minero que hoy cumple una semana están las AGC, en lo que sí coinciden líderes y estudiosos del tema es que inevitablemente los beneficia, “porque todos, legales e ilegales, deben pagarles”.

Hay que concretar el monitoreo

El líder del sur de Córdoba, que conoce de memoria el decreto que selló el cese al fuego entre el Estado y las AGC, insiste en que allí no son claras las reglas para su cumplimiento. “Y aún sin protocolo claro, lo están incumpliendo porque el decreto dice que el objetivo es suspender la afectación humanitaria de la población, de las comunidades étnicas y campesinas, y eso no se está cumpliendo”, cuestiona.

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Carlos Zapata, del IPC, concuerda: “El cese al fuego es entre el Estado y los grupos, pero la violencia se da es entre los mismos grupos. Por eso lo que seguimos reclamando es un cese de hostilidades contra la población civil: que pare la extorsión, los paros armados y la operación de las economías ilegales”, sentencia.

Hay afectaciones en la frontera con Venezuela

Aún no se materializa el plan que las AGC, o Clan del Golfo, emprendieron hace casi tres años en Norte de Santander para abrir paso a una zona de repliegue del otro lado de la frontera. Sin embargo, en corregimientos de la zona rural de Cúcuta, como Palmarito y Banco de Arena, las comunidades siguen resistiendo a su control, que aunque tuvo una desescalada de acciones violentas a finales de 2022, mantiene prácticas como los asesinatos selectivos, las amenazas y la extorsión.

Las AGC llegaron a este territorio entre 2019 y 2020, pero se han expandido a municipios aledaños como Puerto Santander, El Zulia, Los Patios y Villa del Rosario. Según la Fundación Progresar, tienen presencia en 48 puntos estratégicos del área metropolitana de Cúcuta.

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Además, de acuerdo con denuncias ciudadanas recogidas por la Oficina Frontera, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), las AGC hacen presencia desde hace dos semanas en inmediaciones de la cárcel de Cúcuta, cerca de barrios residenciales.