La violencia durante el paro nacional en Pereira: un año sin respuestas

Manifestantes realizan un plantón en el Viaducto de Pereira en el lugar donde ocurrió el atentado contra Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño. Familiares de Lucas Villa han señalado la supuesta participación de la Policía en ese crimen. / Jessica Arcila Orrego @campografias

Foto: Jessica Arcila Orrego

El 29 de abril de 2021, cuando transcurría la segunda jornada de movilizaciones del paro nacional, un grupo de policías de Dosquebradas abrió fuego contra varios manifestantes en el barrio Milán, quienes presuntamente intentaban saquear un establecimiento de comercio.

Aquello quedó registrado en la propia bitácora de comunicaciones de la Policía Metropolitana de Pereira, cuando se reportó al coronel Aníbal Villamizar Serrano (máximo comandante de la metropolitana, identificado con el código J1) que “al llegar al D1 del barrio Milán una patrulla de vigilancia de Dosquebradas estaba realizando disparos hacia los que ingresaron al almacén”. Los códigos J-2 y J-3 corresponden al segundo y tercero en la línea de mando, aunque en la bitácora no es claro qué oficiales ostentaban ese rango en aquella fecha. La bitácora fue entregada por miembros de la misma institución y está en poder de esta redacción desde el año pasado.

La irregularidad ocurría a pesar de la consigna dictada un día antes por los mismos comandantes, quienes al comienzo de las movilizaciones ordenaron verificar que ningún uniformado portara armas en las marchas y así mismo que “ningún cuadrante” quedaba “autorizado para estar cerca de las manifestaciones” pues eso ponía “en riesgo su vida y la de los demás, por su porte de armas de fuego”.

La orden inicial, también consignada en la bitácora del 28 de abril, fue “evitar al máximo confrontaciones con los manifestantes” y “dialogar con manifestantes para levantar barricadas”, según se indicó desde el Puesto de Mando Unificado.

Pero el desarrollo de los acontecimientos derivó en confrontaciones violentas que se extendieron hasta la medianoche de ese mismo 28 de abril en varios puntos del área metropolitana, con bloqueos en ambos costados del Viaducto entre Pereira y Dosquebradas, donde fue atropellado por un bus antes de la medianoche Walter Buitrago, la primera víctima fatal en el marco de las protestas. Su muerte fue reportada por la prensa local y también quedó consignada en la bitácora.

Era el preámbulo de una crisis que iba a extenderse por lo menos durante tres meses de marchas, bloqueos y protestas ininterrumpidas, que dejaron como saldo 11 puestos de Policía destruidos, entre ellos varios CAI y una subestación, 29 vehículos policiales y 12 particulares averiados, así como 152 establecimientos de comercio vandalizados, según datos aportados por el coronel de la Policía Javier Raúl Gallego.

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Al otro lado estaba el costo en vidas: las organizaciones de derechos humanos documentaron cinco muertes relacionadas con las protestas. Aparte del mencionado Walter Buitrago, están los casos de Evelio de Jesús Flórez, un anciano de 86 años que murió asfixiado en La Virginia por una bomba de gas lacrimógeno del Esmad que cayó al interior de su casa (“una persona de avanzada edad fallece en La Virginia, causa por establecer”, puede leerse en la bitácora).

También los asesinatos de Lucas Villa y Héctor Fabio Morales por sicarios, ocurridos el 5 y 7 de mayo respectivamente, así como la desaparición de Brahian Gabriel Rojas durante una arremetida del Esmad el 28 de abril en el Puente Francisco Jaramillo, sobre el río Cauca. El cuerpo de Brahian Gabriel apareció flotando casi trescientos kilómetros aguas abajo, en jurisdicción de Sabanalarga, Antioquia. Estos hechos quedaron consignados en el informe sobre violaciones a los derechos humanos que organizaciones locales entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Por eso resulta extraño que el 29 de abril, un día después de comenzado el paro nacional, la bitácora de comunicaciones revelara una indicación opuesta a la del día anterior. Allí puede leerse textualmente: “Reporta J3 impartiendo orden de que los cuadrantes de vigilancia o personal con armamento se acerquen a las marchas o donde se establezcan aglomeraciones”.

Aunque lo más probable es que se trate de un error de digitación, resulta llamativo que aquel día fue cuando la patrulla disparó contra los manifestantes del Barrio Milán en Dosquebradas. Desde la misma policía se ordenó la verificación del armamento esa jornada, como consta en la bitácora.

También quedó consignado que en varias oportunidades el coronel Villamizar y otros comandantes contradijeron sus indicaciones iniciales, ya que ordenaron a cuadrantes y personal de vigilancia que portan armas de fuego acudir a puntos donde había manifestantes.

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El 30 de abril, por ejemplo, un oficial con el código J-2, cuya identidad no es precisada en la bitácora, ordenó al cuadrante 6 unirse al Ejército para “controlar” la manifestación en la plazoleta Ciudad Victoria, ubicada en pleno centro de la ciudad. Ese mismo día tropas del Ejército con fusiles se desplegaron por el exclusivo sector de la Avenida Circunvalar: “Llega el EJERCOL a apoyar el sector de Parque Arboleda con armamento largo”, dice el documento. Hay que añadir que para esa fecha aún no se había decretado la asistencia militar.

Luego, otro oficial cuyo código era AGATA 10 avisó que los manifestantes le estaban “haciendo asonada”. Se trataba de la subestación de Policía del corregimiento Puerto Caldas, en los límites con Cartago. Tras ello el coronel Villamizar ordenó al personal de vigilancia de la estación del barrio Cuba que se desplazara hacia el corregimiento.

El saldo de los disturbios allí fue el incendio de la subestación y las motos de los uniformados, cinco policías lesionados con objetos contundentes que, de acuerdo con la bitácora, “no revisten a la hora gravedad”. Sin embargo, también hubo un número no determinado de manifestantes heridos por arma de fuego.

Antes de la media noche de ese mismo 30 de abril se ordenó al Esmad despejar los bloqueos del Viaducto y en la bitácora quedó registrado un episodio que fue viral en las redes sociales. Se trata del momento en que una tanqueta cruzó el puente a toda velocidad con los manifestantes en medio: “Ingresa al Viaducto el Búfalo del Escuadrón Móvil Antidisturbios”.

Entre el 28 de abril y el 7 de mayo el Comité de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos tenía registro de 9 manifestantes heridos por arma de fuego en el marco de las protestas.

Desde el 4 de mayo, un día antes del atentado contra Lucas Villa, un hombre llamado Juan Esteban Arroyave Ospina había llegado en una motocicleta robada hasta el bloqueo de La Romelia, en Dosquebradas, donde abrió fuego contra la multitud. Por coincidencia ese mismo día Rodrigo Toro, alcalde de Santa Rosa de Cabal, visitaba el bloqueo para dialogar con los camioneros y se encontraba presente al momento de los disparos: tres personas resultaron heridas, Arroyave, quien portaba un revolver Llama Martial y tenía anotaciones por hurto, fue perseguido por los mismos manifestantes.

Un cuadrante de Dosquebradas apresó a Arroyave y el 7 de mayo una juez ordenó enviarlo a prisión. Quedó recluido en los calabozos del comando de la Policía Metropolitana, de donde se escapó inexplicablemente dos semanas más tarde, según quedó evidenciado en varias notas de prensa. Medios locales y nacionales informaron que Arroyave ya se había fugado antes de otra estación de Policía en Medellín en el año 2020, en donde estuvo detenido por hurto.

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La bitácora registra también la violencia cometida por algunos manifestantes, por ejemplo el disparo de arma traumática que recibió un transeúnte cuando intentaba cruzar el bloqueo de La Romelia el 7 de mayo o el ataque contra la patrullera Laura Rodríguez el 29 de abril, quien sufrió un trauma en la cadera. Ambos hechos fueron registrados por la bitácora.

Y otra anotación curiosa: a lo largo de varias jornadas el coronel Villamizar prohibió a sus hombres recibir alimentos y bebidas de parte de la población, temiendo que los alimentos estuvieran intoxicados, lo que no impidió que 46 uniformados presentes en las protestas sufrieran una extraña “infección gastrointestinal” el 3 de mayo. Las acusaciones de donaciones de alimentos contaminados que llegaban a los bloqueos para intoxicar a Policías o manifestantes fueron mutuas.

Desde 2021 intentamos gestionar en varias ocasiones una entrevista con el coronel Aníbal Villamizar Serrano para preguntarle sobre estos y otros hechos, no obstante, el coronel prefirió no dar declaraciones. Villamizar terminó apartado de su cargo en marzo pasado, luego de que se conociera cómo la Policía de Pereira había realizado un montaje con la demolición de un supuesto expendio de drogas que no existía.

El coronel Javier Raúl Gallego, quien reemplazó a Villamizar como comandante de la Policía Metropolitana en marzo de 2022, conversó con Colombia+20 y aseguró que no tiene conocimiento de los hechos relativos al paro nacional, pues él se encontraba en la dirección del departamento para esa época, pero garantizó que “sí hay denuncias por parte de las víctimas que señalan a la Policía, inmediatamente se recibieron, porque estaba el personal de Derechos Humanos en las marchas”.

La abogada Paulina Beltrán, quien asesoró a varias víctimas, sostiene algo parecido, aunque con una explicación diferente: “no se vinculó a los Policías a investigaciones disciplinarias porque taparon sus números de placa o no los denunciaron”.

Beltrán fue la primera persona ligada a las organizaciones de derechos humanos que llegó a la clínica Los Rosales después del atentado de la noche del 5 de mayo en el Viaducto contra Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño.

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En esa clínica atendían a Castaño, quien era menor de edad y recibió disparos en la ingle, una mano y el cuello. “Él fue como una sombra de Lucas Villa, no fue tan mediático”, cuenta Paulina Beltrán. “Su madre estaba muy confundida, no paraba de ver el video de su hijo cuando lo balearon y estaba en el suelo”, dice Beltrán, refiriéndose al impacto psicológico que la violencia de aquellos días causó en las víctimas, sus familias y la sociedad en general.

“Si hay denuncias estoy completamente seguro de que las investigaciones se han adelantado”, insiste el coronel Gallego, quien aclara que, por ejemplo, la investigación sobre el homicidio de Lucas Villa la asumió directamente la Fiscalía desde Bogotá, precisamente por las dudas que surgieron desde el primer momento con relación a las presuntas omisiones de los uniformados, que este diario documentó en diciembre, cuando se reveló un video inédito de la noche del atentado.

“Tenemos que ser transparentes en cualquier investigación” asevera el coronel, “nosotros no estamos ni tapando, ni negando”, insiste, “si en un momento determinado ocurrió y existen las víctimas y las denuncias, la Policía Nacional no va a escatimar esfuerzos en hacer las investigaciones, sé que se han hecho las investigaciones”.

Una fuente de la Personería confirmó a Colombia+20 que sí hubo algunas denuncias acompañadas por funcionarios en terreno, aunque fueron tramitadas por la Procuraduría, que es la entidad competente. Este diario no logró establecer cuántas denuncias fueron en total, aunque conoció al menos nueve casos que involucran a la Policía, pero no todos corresponden a hechos del paro nacional.

La única denuncia que pudimos corroborar se relaciona con las protestas del 2 de junio y el resultado fue que la Policía decidió archivar la investigación. Los disturbios de esa jornada dejaron 35 manifestantes lesionados, según cifras contrastadas entre los grupos de primeros auxilios y el Comité de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos.

Sin embargo, la fecha más violenta del paro había ocurrido una semana antes, el 28 de mayo, cuando se cumplía el primer mes de movilizaciones. Sólo en esa jornada las organizaciones de derechos humanos contabilizaron 75 manifestantes heridos. La desproporción se dimensiona sabiendo que la policía reportó 108 agentes lesionados en el área metropolitana a lo largo de los tres meses del paro nacional, de acuerdo con el coronel Gallego.

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“Tuvimos víctimas de impactos de bala, lesiones oculares, inhalación de gases, fracturas, politraumatismos”, prosigue Paulina Beltrán, agregando además que hay un “subregistro en violencias basadas en género” porque “muchas de estas mujeres no quisieron exponer sus casos por hostigamientos y la revictimización”.

Mientras tanto, las víctimas esperan respuestas. “Se enviaron denuncias, videos, nombres, datos, que pasaron de una instancia a otra sin ninguna conclusión favorable”, dice una activista del paro que prefiere mantener su nombre en reserva: “por el contrario, si se presentaron capturas, allanamientos y judicializaciones a quienes protestaron”, concluye.

Pero esto tampoco es preciso del todo, aunque hubo capturas, ninguna prosperó y los manifestantes quedaron libres por órdenes de los jueces, como lo reconoció el coronel.

“Hoy no se presentaron desmanes o actos vandálicos durante las diferentes manifestaciones en la jornada de protesta social”, esta anotación inusual quedó estampada sobre una página limpia en la mitad de la bitácora. Era una tregua extraña entre tanta violencia y su fecha fue el jueves 6 de mayo: la jornada siguiente al atentado contra Lucas Villa y Andrés Felipe Castaño en el Viaducto.

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