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Los siete exmiembros del antiguo secretariado de las extintas FARC se pronunciaron este lunes en un comunicado en rechazo a la más reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se determina que no se asumirá el caso del exjefe de la extinta guerrilla, Rodrigo Granda por el crimen de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay, Raúl Cubas.
“La decisión de esta instancia de la JEP es una vulneración directa al Acuerdo de Paz, pues tergiversa lo pactado y atenta directamente contra la seguridad jurídica de toda la población firmante de Paz, al excluir de su conocimiento conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, se lee en el comunicado con fecha del 15 de abril y firmado por Rodrigo Londoño (conocido en la guerra como Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda.
Sin embargo, cuando el pasado 12 de abril, la JEP le dio un “no” rotundo a Granda sobre la solicitud de incluir el crimen de Cubas en el macrocaso 01, ese tribunal consideró que el secuestro y posterior asesinato de Cubas no fue un delito relacionado de alguna manera con el conflicto armado colombiano, por el contrario, la Jurisdicción no han recibido ninguna prueba sólida para vincular dicho suceso al contexto del conflicto en el país y que desde las autoridades paraguayas no han emitido respuesta.
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“A juicio de la Sección, la mera colaboración de integrantes del grupo rebelde de las FARC con el EPP (guerrilla paraguaya), no permite estructurar por sí sola relación material alguna entre el conflicto armado de este país y los hechos episódicos de criminalidad organizada que tuvieron lugar en la república de Paraguay”, explicó la JEP.
Si bien en el comunicado del exsecretariado indican que la misionalidad de la JEP es investigar, juzgar y sancionar a los integrantes de ese grupo armado, el tribunal consideró que, con respecto a este caso puntual, administrar justicia sería violar el principio de soberanía estatal de Paraguay. “Mal haría la JEP si desconociera las facultades investigativas que legítimamente han ejercido las autoridades paraguayas sobre el secuestro y asesinato de Cecilia Mariana Cubas Gusinky en orden a esclarecer cuáles son sus responsables y las condiciones de tiempo modo y lugar en que ocurrieron”, señaló el tribunal.
Lo cierto es que, con la solicitud a la JEP, Granda esperaba que fuera ese tribunal el que investigara y juzgara lo ocurrido con Cecilia Cubas en el país extranjero. Pero tras la decisión de los jueces, el exjefe guerrillero quedaría expuesto a la extradición a Paraguay.
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“Alertamos a la sociedad Colombia, a la comunidad internacional y especialmente a los países garantes, que esta decisión es la muestra de la intención de excluir a los firmantes del Acuerdo de Paz y con ello afectar la garantía de no extradición”, reclamaron los exmiembros del antiguo secretariado.
Pero no es la primera vez que los excombatientes reclaman un ambiente de inseguridad jurídica que estaría creando la JEP a raíz de sus decisiones, por lo que incluso amenazaron con apartarse de esa Jurisdicción. En febrero pasado, el antiguo secretariado publicaron dos cartas en las que alertaron sobre el funcionamiento del tribunal y por los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz.
En ambos documentos expresaban una serie de preocupaciones y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, pero hacían énfasis en que las decisiones de la JEP están creando una inseguridad jurídica para los excombatientes.
Las tres preocupaciones principales de los ex-FARC eran que la JEP tiene la idea de dictar resoluciones por cada macrocaso —actualmente hay 11 abiertos—, cuando la ley estatutaria de ese tribunal señala que debe haber una resolución única de conclusiones. Esto “vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes, especialmente, en lo referente al principio de legalidad, a la vez que puede generar demoras en el cumplimiento de la temporalidad con la que fue diseñada la jurisdicción para la paz”, explica el antiguo secretario en la misiva.
Otro reclamo, que también viene tomando fuerza, es la poca diligencia de la JEP en la resolución de amnistías. “De un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas”, dice la carta. Sobre este punto, ese tribunal renovó recientemente los decretos de las amnistías de iure a los firmantes del proceso.
La tercera preocupación es la vinculación en las investigaciones de exintegrantes de esa guerrilla de escala media y baja del mando.