Fabián Ramírez, el ex-Farc que ayuda a encontrar a los desaparecidos de la guerra

Fabián Ramírez, excomandante de las Farc, y Enrique Chimonja, hijo de Tulio Enrique Chimonja, desaparecido por esa guerrilla, fueron los primeros en firmar el pacto por la búsqueda de desaparecidos en Palestina (Huila).

Foto: Comisión de la Verdad

La fotografía que acompaña este artículo podría parecer impensable hace algunos meses. A la izquierda, José Benito Cabrera, conocido en la guerra como Fabián Ramírez, excomandante del Bloque Sur de las Farc; a la derecha, Enrique Chimonja Coy, defensor de derechos humanos e hijo de Tulio Enrique Chimonja, desaparecido por hombres del Frente 13 de las Farc, el 3 de septiembre de 1983. La foto fue tomada el pasado 15 de agosto, en un evento de reconocimiento de responsabilidades convocado por la Comisión de la Verdad en Palestina (Huila), pero representa un proceso que estaría a punto de cerrarse por completo: la familia podría reencontrarse, 38 años después, con el cuerpo de su padre, debido a la labor que ha adelantado su antiguo victimario.

La semana pasada, Fabián Ramírez, campesinos de la zona rural de Palestina y funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) recorrieron varias veredas, donde se ubicaron en los años ochenta campamentos del Frente 13 de las Farc. La hoja de ruta la marcaban antiguos combatientes de esa unidad que por esos años integraron las filas insurgentes y tendrían conocimiento de dónde quedaron inhumados los campesinos que en su momento se llevaron, asesinaron y enterraron.

En esta última jornada, se dejaron demarcadas algunas zonas en las veredas La Montañita, La Guajira, entre otras. Hasta el momento, se han identificado al menos seis puntos donde estarían 39 víctimas de desaparición forzada de las que se tienen registro en Palestina. Luego, con la información que aporten los exguerrilleros, empezarán con las labores forenses para las exhumaciones de los cuerpos. “Nosotros vamos buscando los sitios, entregando información, ubicación, quién es, quién lo hizo, eso lo entregamos ya”, explica el antiguo comandante.

Él, como uno de los máximos dirigentes que llegó a tener el Bloque Sur, que controlaba esta zona entre Huila y Caquetá, se encarga de buscar a los mandos medios y combatientes rasos que operaron en cada municipio de la región, para que aporten la información que pueden tener sobre los lugares donde estarían los desaparecidos. Y los ha encontrado, porque buena parte de ellos se agruparon a la corporación que lidera Fabián junto con Omaira Rojas, conocida como Sonia, y Andrés París, llamada Corporeconciliación.

La búsqueda ya ha arrojado resultados y con una fórmula inédita. En diciembre de 2020, en la vereda Cristales de Cartagena del Chairá (Caquetá) se logró recuperar seis cuerpos con información que no solo aportó el antiguo comandante guerrillero, sino también quien fue su enemigo en la guerra, Carlos Fernando Mateus, conocido como Paquita, hombre de confianza del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, Macaco. “La pieza fundamental son los reincorporados de las Farc y los desmovilizados de los grupos de autodefensas, que son los que en verdad saben. Para que esto tenga efecto, para que se haga realidad, hay es que buscarlos a ellos”, sostiene Ramírez, quien no piensa en la foto y en el abrazo de reconciliación con el exjefe paramilitar, sino en que el proceso, como se pactó en La Habana (Cuba), avance.

“Primero hemos hecho encuentros de reconocimiento de responsabilidad con la Comisión de la Verdad y luego entramos a trabajar con la Unidad de Búsqueda para que todo se vaya encadenando y se sepa la verdad”, dice el excombatiente. En el caso de Palestina, ese encuentro de verdad fue el 15 de agosto, cuando se tomó la foto entre Fabián Ramírez y Enrique Chimonja. Ambos fueron los primeros ese día en poner su firma en el Pacto por la Vida, la verdad, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la no repetición en el municipio.

En el encuentro participó también Nery Chimonja Coy, la hija menor de Tulio Enrique Chimonja. Tenía tres años y medio cuando los guerrilleros se llevaron a su padre. “Me duele no tener memoria de la convivencia con él. Me pregunto qué hubiera sido de mi vida si hubiese crecido con su afecto, su apoyo, sus caricias, su apoyo económico. Porque no solo fue perder a mi padre, sino también a mi madre, porque debió asumir la responsabilidad de suplir las necesidades de mi familia junto con mis hermanos mayores: siendo niños, asumieron responsabilidades de adultos. Ojalá se alcancen a imaginar las circunstancias para una madre sola de siete hijos menores (…) Aunque han pasado 37 años, 11 meses, 18 días, sigo extrañando a mi papá cada segundo de mi vida”, dijo ese día. Fabián Ramírez, después de la jornada de la semana pasada, tiene la certeza de que están a un hilo de encontrar al padre de la familia Chimonja.

Por eso, el exjefe guerrillero y demás exmiembros de las Farc que han hecho parte de este proceso en el sur del país rechazaron el anuncio hecho esta semana por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda, según el cual ambas entidades intervendrán el cementerio de la inspección Unión Peneya, en Montañita (Caquetá), donde estarían inhumados y sin identificar niños y niñas reclutadas por las Farc.

La molestia, dice Ramírez, es porque ninguna de las dos entidades informó a los firmantes del Acuerdo de Paz en la región sobre el procedimiento, sino que se enteraron por los medios de comunicación. Asegura que, pese a que ha cumplido con su compromiso de aportar verdad y contribuir en la búsqueda de desaparecidos, en esta diligencia fueron excluidos. Pero el rechazo es aún peor, pues cuestiona la legitimidad de la fuente que ambas entidades tuvieron en cuenta para realizar el procedimiento: organizaciones que han atacado el proceso de paz e incluso el mismo sistema de justicia transicional.

Ese procedimiento en la Unión Peneya es una orden contemplada en el auto 205 de 2021 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. La decisión hace parte de un trámite de medidas cautelares que tiene su raíz en el informe Bajo tierra piden justicia, entregado a la jurisdicción por la Red ADN, que contiene información sobre seis puntos de presunta inhumación de víctimas de las Farc, entre esos el cementerio de la Unión Peneya. En el mismo auto se lee que la Red ADN está integrada por las organizaciones Manos por la Paz, la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) y la Corporación Rosa Blanca, representadas por el fallecido Herbin Hoyos, crítico en su momento del proceso de paz y de la JEP.

“Se trata de organizaciones que de pronto su intención no es la más sana, sino que buscan torpedear el proceso de paz o querer decir que las Farc son criminales, violadoras, reclutadoras y meter esto dentro del caso 07 de la JEP (de reclutamiento de menores)”, reclama Ramírez. Su versión es que en ese cementerio el Frente 15, entonces comandado por César Jaramillo, mandó a hacer esas bóvedas, con conocimiento de la junta de acción comunal, para cuando murieran combatientes de esa estructura guerrillera. Además, que en su momento se contactó a la mayoría de las familias de esos guerrilleros para la sepultura. “Ese ambiente es el que daña, envenena la mente de compañeros nuestros y fruto de esa desconfianza jurídica es que mucha de la gente se ha regresado incluso a las armas. Entonces ahí no se ve un ánimo de apagar la guerra, sino de encenderla”.

“Estamos haciendo lo que a la jefatura de las Farc se le olvidó”

Precisamente, para que los excombatientes no vuelvan a la guerra, afirma Fabián Ramírez, han fortalecido en los últimos dos años la corporación Corporeconciliación, que preside Sonia. Aunque recoge cooperativas, asociaciones y fundaciones en todo el país, el grueso de los más de 2.100 afiliados está en zona del Bloque Sur, entre Huila y Caquetá. Desde allí, acompañan a excombatientes en sus proyectos productivos, gestionan tierras y los orientan jurídicamente ante la justicia transicional.

“Estamos tratando de hacer lo que a la jefatura de las Farc se le olvidó. Primero hay que darle prioridad al combatiente, a sus proyectos, a su tema jurídico y no a un proyecto político que nació muerto. Eso no es con nosotros. Lo importante no es llevar a una persona a ocupar un puesto, sino llevar al combatiente de base que se jodió a que viva en condiciones dignas”.

Así lo lograron ya con la Fundación Semillas de Paz, para la que consiguieron apoyo de Caritas Noruega y Pastoral Social de Colombia para ejecutar un proyecto con tres líneas productivas en El Doncello (Caquetá): ganadería semi-instaurada, piscicultura y sembradío de árboles menores. Ramírez dice que han optado por gestionar iniciativas por fuera del mecanismo oficial que definió el Acuerdo de Paz, el Consejo Nacional de Reincorporación, porque por esa vía no encontraron resultados. Dice que allí se concentran los recursos en quienes pertenecen al partido, aunque en realidad los casi 100 proyectos colectivos aprobados allí, que benefician a 3.500 excombatientes, no distinguen militancia en Comunes.

Hoy, Fabián Ramírez es uno de los voceros nacionales de la recién creada Mesa Autónoma de Reincorporación, conformada por centenares de excombatientes en todo el país que no se sienten representados por las directivas del partido Comunes y liderados por los senadores Victoria Sandino y Benkos Biohó. El Gobierno Nacional ha reconocido esa instancia de interlocución y de hecho el director de la Agencia para la Reincorporación, Andrés Stapper, asistió al encuentro fundacional, en Neiva. Además, ya han tenido otras dos reuniones, en Medellín y Santa Marta, a las que también asistió Emilio Archila, consejero para la Estabilización.