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El coronel (r) Santiago Herrera Fajardo fue el último en intervenir en esta primera jornada de audiencia de reconocimiento de responsabilidades ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se refirió a los hechos cometidos entre el 15 de agosto de 2006 y el 13 de diciembre de 2007, cuando fungió como comandante de la Brigada Móvil No. 15. Comenzó su intervención diciendo: “Hoy, con toda la vergüenza y encogimiento que un soldado puede sentir, pero con el mayor respeto para el dolor de las víctimas, reconozco que mientras ejercí ese cargo operó al interior de la brigada móvil una estructura criminal de facto”.
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El militar explicó que estuvo presionado por las “dinámicas de guerra” establecidas por el entonces comandante del Ejército Mario Montoya Uribe y el comandante de la Segunda División, el mayor general Carlos Obidio Saavedra Sáenz. “No necesité ponerme de acuerdo con nadie para conformar este aparato criminal, a medida que iba presionando a mis subalternos para que me produjeran muertes y reportaran resultados, que yo reportaba a su vez al comandante del Ejército en Bogotá y al comandante de la segunda división.”
El coronel mencionó diez mecanismos que utilizó para presionar las bajas a sus subalternos. Primero, se refirió a presiones a través de programas radiales diarios; comunicaciones individuales a los comandantes de cada Batallón; motivaciones con la promoción de competencia entre unidades por el mayor número de resultados. Admitió también que presionaron con amenazas de anotaciones negativas en el folio de vida por “falta de gestión y de eficiencia en los resultados operacionales”. Dijo también que motivó con permisos y viajes a quienes reportaban bajas y tomaba y utilizaba los planes de bienestar que tenía el Ejército para beneficiar a los soldados. Reconoció, además, que dieron comisiones al exterior y que a quienes presentaban “más resultados” les concedieron cursos de piloto en la Brigada de Aviación.
El militar se refirió también al momento en el que asumió la comandancia de la Brigada Móvil cuando “no tenía resultados operacionales” en el Catatumbo. Dijo que, tres meses después de posesionarse, y por la presión por la falta de resultados operacionales, le pidió la baja al general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, comandante de la segunda división del Ejército. “Pero él me dijo que no tomara esa decisión (...) Maldita la hora en la que decidí continuar”, recitó.
Herrera calificó estos crímenes como un “lamentable pacto criminal” que se implementó bajo su mando, a comienzos del 2007. “A medida que iba presionando a mis subalternos para dar resultados de bajas en combate a como diera lugar, implementaba las dinámicas de guerra establecidas por el comando del Ejército de esa época, al mando del señor general Mario Montoya Uribe y del comando de la segunda división, al mando de Carlos Obidio Saavedra Sáenz”.
Sobre la verificación de las bajas en los combates explicó que, mensualmente, cada unidad militar era monitoreada y juzgada por el número de homicidios o “bajas” que se cometían. Explicó, de hecho, que los homicidios empezaron a tener un carácter de sistematicidad al interior de su brigada móvil y en su intervención nombró a algunos comandantes de batallones que participaron en ejecuciones extrajudiciales. Del Batallón de Contraguerrillas 95 mencionó al mayor José Reinel Hernán Villalba. “Allí se encontraron muertes extrajudiciales que los afectaron a ustedes como familias, con el conocimiento del mayor general y con la planeación de muchos de esos casos”.
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En el caso del Batallón 96 habló de José Simón Baquero, el entonces comandante. “Las muertes extrajudiciales fueron de conocimiento del mayor, con los oficiales y suboficiales”. En ese momento de su intervención se refirió a la muerte de José Eliécer Ortega, una de las víctimas fatales. “La muerte del señor se dio por parte de la compañía delta, a mano del capitán Espinosa y el subtenitente Villegas”, afirmó. La viuda Eduvina Becerra, campesina de la Serranía del Perijá y quien desde hace más de 14 años busca justicia por este caso, estaba presente en la diligencia.
En medio de su intervención asumió responsabilidad por la coautoría de los crímenes de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. “Tácitamente yo implementé un patrón de criminalidad. Nunca investigué a mis subalternos, ni calculé los riesgos”, dijo ante los togados y las víctimas en Ocaña (Norte de Santander).
En este mismo estrado el compareciente pidió perdón a los familiares de las ejecuciones por los daños emocionales y a la salud física y mental. Dijo que lamentaba que las víctimas hubieran tenido que cargar con la estigmatización por ser señalados de guerrilleros durante tantos años. “Me generan verguenza los crímenes cometidos por mi brigada. Hombres que portábamos el uniforme militar con la misionalidad de proteger la vida y honra de nuestros conciudadanos terminamos usando las armas de la república para vulnerarles la vidas (...) Contribuí de forma aberrante a la estructura criminal en aras de mejorar la estadística de bajas y competir con otras brigadas del Ejército dentro del famoso ranking fijado por el comandante del Ejército”.