Transmitir en las zonas más golpeadas por la guerra: los riesgos de emisoras de paz

La Red de Emisoras de Paz está liderada por la Radio Nacional de Colombia.

Foto: RTVC Sistema de Medios Públicos

El pasado 24 de noviembre se conmemoró el séptimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos, y las Farc-EP, en cabeza de Rodrigo Londoño. El simbólico acto celebrado en el Teatro Colón de Bogotá selló una de las apuestas políticas más importantes de los últimos años en la búsqueda del fin del conflicto armado.

Además de reformas estructurales, la facilitación de espacios políticos para víctimas y campesinos, y un marco jurídico transicional, este pacto político se propuso abrir espacios de comunicación para contribuir a un clima de paz en el país.

El numeral 6.5 titulado “Herramientas de difusión y comunicación” estableció la creación de veinte estaciones radiales en frecuencia modulada (FM), entre otros espacios para impulsar la convivencia y la reconciliación en territorios afectados por la violencia, con el aporte de excombatientes, víctimas, funcionarios y comunicadores.

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Las 16 emisoras que ya fueron creadas dentro del sistema de medios públicos RTVC, y las cuatro que quedan por instalarse en los próximos años, han marcado un quiebre significativo en la larga historia de ondas hertzianas usadas para la guerra. La radio, un medio que llega a más del 90% del territorio nacional, ha sido históricamente empleada como un arma, ya sea para el combate, el control de la información o como vehículo de la propaganda.

De hecho, en los lugares donde se ha librado el conflicto armado y otras instituciones del Estado no han llegado, la fuerza pública instaló cientos de emisoras bajo la categoría de interés público y en algunos municipios este ha sido el único medio de comunicación que han podido escuchar sus habitantes. Con las emisoras de paz, Colombia se unió a una lista de países, incluyendo naciones africanas como Ruanda, República Democrática del Congo, Sudán y Malí, así como Myanmar en Asia, donde la apuesta por la paz se juega a través del espectro electromagnético.

Cada paso en la construcción de un tejido comunicativo como las emisoras de paz ha significado un enorme esfuerzo o, si se quiere, como escribió Ricardo Silva Romero al referirse al Informe de la Comisión de la Verdad, ha sido “un milagro escrito entre el fuego”, pues un septenio después de la firma del Acuerdo, Colombia vive un momento en el que múltiples actores armados ejercen control y se disputan territorios que las Farc-EP dejaron y en donde el Estado ha tenido escasa presencia.

Atrás quedaron algunos de los registros que mostraban cambios significativos en la vida cotidiana de las personas, como el retorno de los desplazados, el cese de las hostilidades, el desminado humanitario y la mayor libertad de movilización. Estos cambios debían reportarse y las radios de paz se erigieron con ese entusiasmo. La apuesta de los firmantes del proceso, entonces, parecía la fórmula más apropiada para darle continuidad a los acuerdos, hacer pedagogía sobre sus alcances y abrir la participación a distintos sectores y liderazgos.

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En algunos lugares, lamentablemente, la guerra nunca llegó a su fin. Colombia se encuentra inmersa en un nuevo capítulo de conflictos territoriales, enfrenta la presencia de grupos disidentes de las Farc como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y los Comandos de Frontera, quienes abandonaron o rechazaron el proceso de paz.

Observadores del conflicto han advertido el fortalecimiento de estructuras paramilitares, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, derivadas de anteriores procesos de paz fallidos. A esto se suma el control ejercido durante décadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros actores violentos.

Todas estas facciones representan un riesgo para el ejercicio periodístico. Hasta el 29 de septiembre de 2023, la FLIP documentó agresiones en contra de 69 periodistas por parte de grupos armados, incluyendo miembros de emisoras de paz.

Además, existen otras circunstancias y actores que ponen en riesgo la seguridad de las y los periodistas, como la estigmatización por parte de funcionarios públicos o figuras políticas, o el impacto que la delincuencia común u organizada tiene en la seguridad de los municipios. Las y los periodistas, ya sea por la naturaleza de la información que transmiten, las denuncias que realizan o el papel que desempeñan al comunicar lo que sucede, se encuentran constantemente en la mira.

En un contexto territorial marcado por el asedio a la prensa local, estos nuevos actores del ecosistema mediático enfrentan uno de los desafíos más apremiantes para la continuidad y consolidación de las emisoras de paz, un proyecto tan urgente como inspirador.

Sin embargo, la continuidad de estas emisoras enfrenta una incertidumbre palpable. El Acuerdo de Paz sentó las bases para la creación de las emisoras, pero no garantiza su sostenibilidad a largo plazo. Hasta el momento, no existe una política de Estado que asegure su permanencia una vez se cumpla con el mandato inicial de su creación. Entonces su viabilidad podría quedar a merced de la voluntad política de la administración de turno.

El gobierno actual, que propone una ‘paz total’ y busca negociaciones con los grupos armados que se encuentran en las regiones en conflicto, tiene una ventana de oportunidad para reconocer el papel crucial que desempeñan estas emisoras en la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia.

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Estas páginas, nutridas por las voces de quienes trabajan diariamente en las cabinas de los municipios donde se han instalado las emisoras, buscan exponer el impacto que han tenido en la salud de la democracia local, advertir sobre los principales riesgos que enfrentan sus protagonistas, motivar a la ciudadanía a resguardar lo que podría ser un laboratorio de comunicación local y urgir al Estado a tomar medidas para garantizar su protección y condiciones de seguridad.

Contar la paz, contar los riesgos

Dos desplazamientos, un secuestro, una amenaza a través de un panfleto, varias citaciones de grupos armados a atender reuniones y el acercamiento de personas sospechosas a las instalaciones de las emisoras de paz son algunas de las afectaciones que han sufrido los y las periodistas de este proyecto radial.

Estas amenazas a la libertad de prensa, que la FLIP ha documentado y que RTVC ha reportado para alertar a otras instituciones, evidencian el riesgo que corren quienes tratan de informar sobre lo que ocurre en los territorios y promover una agenda para la paz en zonas donde el conflicto armado prevalece.

Varias de las cabinas de radio de estas emisoras están ubicadas en escenarios donde las disidencias de las extintas Farc, viejas estructuras paramilitares u organizaciones armadas que han tenido una presencia histórica, ejercen el control social e impactan las condiciones de seguridad. Se trata de lugares en donde recientemente se han presentado restricciones de movilidad, carnetización, extorsiones, asesinatos selectivos, combates y otros hechos violentos que afectan la vida de la población civil en estos territorios.

Entre 2022 y 2023, la Defensoría del Pueblo ha emitido numerosas Alertas Tempranas sobre las condiciones de seguridad de estos territorios. Implican en varias ocasiones a municipios en donde se encuentran emisoras de paz, por brindar ejemplos: Arauquita, en Arauca; San José del Guaviare, en Guaviare; San Vicente del Caguán, en Caquetá; Florida, en Valle del Cauca y Puerto Leguízamo, en Putumayo, que han sido objeto de alerta por acciones de grupos armados.

Esta cercanía a zonas de conflicto tiene un impacto directo en el ejercicio periodístico. Las emisoras de paz se han convertido en actores relevantes a nivel local, las y los periodistas son conocidos por sus vecinos y los lugares donde están ubicadas llaman la atención de las y los habitantes de estos municipios, en los que la presencia del Estado ha sido precaria.

Ruben Zúñiga, quien trabaja en la emisora de paz de El Tambo, Cauca, recuerda que el paro armado de 2022 fue uno de esos momentos en los que sintió miedo: “No había un alma en este pueblo. La gente se encerró en sus casas y yo dije ‘muchachos, cerremos la emisora y vámonos para Popayán’. Interrumpimos la programación. En eso, RTVC es muy serio y nos dice: si hay inseguridad para ustedes, algún riesgo, muchachos, interrumpan todo”. En su criterio, informar desde las regiones es todo un reto, pero mucho más en los lugares donde confluyen distintos actores armados.

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Las y los periodistas de las emisoras de paz han aprendido que hay asuntos sobre los que deben guardar silencio, lugares a los que no pueden acceder, personas que no están dispuestas a hablar, rumores constantes sobre un recrudecimiento de la violencia y un mayor riesgo en comparación con otros colegas que ejercen el oficio en condiciones más favorables. Para que las emisoras sigan sonando, emplean diversas estrategias, desde la autocensura hasta la selección de contenidos que minimicen los riesgos; no obstante, las limitaciones y oportunidades varían de un lugar a otro, modelando la manera en que hacen su trabajo.

“Sabemos que no todo es color de rosa aquí”, señala Martha Rentería, periodista líder de la emisora de paz de Puerto Leguízamo, Putumayo, sobre los problemas de orden público de su región. Su equipo ha optado por la autocensura para salvaguardar su vida y mantener la labor de promover la paz.

En otra parte del sur del país, Paola Sarabia, periodista de la emisora de paz de Algeciras, Huila, y donde hay facciones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Farc, enfatiza la importancia de la prudencia. “Nuestra estrategia ha sido enfocarnos en temas de paz y asuntos de interés comunitario que no pongan en peligro a nadie. Gracias a ello, hemos podido tra bajar sin exponernos innecesariamente a riesgos. La comunidad reconoce nuestro enfoque y nos ha brindado respaldo en momentos delicados”, dice.

A la autocensura estratégica se suma el silencio de las propias fuentes que no siempre están dispuestas a hablar cuando se trata de alteraciones al orden público. Por ejemplo, Leilin Candela, periodista de la emisora de paz de Arauquita, Arauca, menciona que en ocasiones “las mismas autoridades prefieren no hablar de ciertos temas”. Este silencio, explica, agrava un problema de interés público: “la gente requiere saber qué fue lo que ocurrió, cómo actuar en determinado momento, por ejemplo, si hay un ataque o una vía obstruida”. No hablar pone en riesgo la seguridad, condiciona la vida y movimiento de la población.

No emitir opiniones, atribuir toda la información a las fuentes y mantenerse al tanto del contexto son aspectos claves para comunicar la paz en medio de la guerra. Para las y los periodistas estar radicados en los municipios desde los cuales informan les proporciona una comprensión integral del contexto de seguridad. Conscientes del riesgo que rodea su labor, son quienes mejor identifican los peligros potenciales.

Ángela Montilla, de la emisora de Tumaco, Nariño, resalta que dada la recurrencia de problemas de orden público “es preferible que no hagamos afirmaciones directamente con nuestras palabras”. Y en otro extremo del país, Rosember Anaya, periodista de la emisora de San Jacinto, Bolívar, y quien ha notado el recrudecimiento de la violencia en Montes de María, anota una precaución semejante: “Eso hay que narrarlo y en las voces de los protagonistas, pero narrarlo con la mayor seriedad del caso y sin exagerar, porque a veces los medios nacionales exageran un poquito la situación y, sí, está pasando, pero no de esa forma”.

A pesar de la autocensura, de las precauciones con el uso del lenguaje, del cuidado con los enfoques editoriales, del profesionalismo y del compromiso con la paz, el peso de las circunstancias es aplastante en algunos municipios, donde los integrantes de estas emisoras están bajo la mira.

Los casos de Germán Hernández, de la emisora de paz de Algeciras, Huila, en abril pasado, y de María Eugenia Durango, de Ituango, Antioquia, en enero de 2020, quienes se vieron obligados a abandonar sus municipios debido a amenazas contra su vida, exponen la fragilidad del proceso de paz. Estos eventos, que se han presentado especialmente en áreas donde las disidencias de las Farc optaron por retener las armas, han dejado al descubierto la falta de previsión por parte del Estado ante un escenario como este.

Por eso cuando se le pregunta a Anderson Salinas, de la emisora de paz de Convención, Norte de Santander, sobre la existencia de un protocolo de seguridad, responde “las oraciones de cada una de las madres de nosotros”. Y añade: “y yo manejo algo, la capa de invisibilidad, que no nos vean”, dice refiriéndose a la necesidad de mantener un perfil bajo en el municipio. No obstante, también aclara que él no requiere un esquema de seguridad y espera no necesitarlo porque le parece incómodo para ejercer su trabajo.

Lamentablemente, el entrenamiento de los equipos de comunicación que integran las emisoras de paz estaba dirigido a un escenario hipotético distinto y no consideró en primer lugar el diseño de protocolos de seguridad, medidas de autoprotección, integración previa con la comunidad y un acercamiento al gremio en cada municipio hasta ya entrado el tiempo.

Estas falencias implican una mayor cercanía del equipo central de RTVC, según confirmaron sus periodistas. Y en la evaluación del riesgo, los equipos de Bogotá y de las regiones combinan lecturas que están atravesadas por miradas distintas, como refiere Anderson Salinas: “el respaldo de RTVC es muy cercano. Incluso a nosotros no nos gusta generar miedo en Bogotá. Uno conoce la región y uno sabe y siente cuando está en riesgo. Cuando la situación se pue de manejar, la manejamos internamente. Cuando no, obviamente informamos. Y si el riesgo es elevado, la primera medida es ‘no vayan al estudio’”.

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Juan Ricardo Pulido, coordinador de las emisoras de paz en RTVC, reconoce la imposibilidad de garantizar la protección de la vida de las y los comunicadores: “en materia de seguridad, es el reto más complejo. En territorios muy conflictivos implementamos medidas de prevención, como suspender la programación, resolvemos asuntos técnicos para trabajar desde casa o dejamos de meternos en noticias que tengan que ver con el orden público. Pero si hay amenazas, ninguna es desestimada”.

La complejidad y la diversidad de riesgos que enfrentan las y los periodistas de las emisoras de paz plantean un desafío considerable, no solo para reactivar un tejido comunicativo que ha estado fracturado, sino para disipar la violencia.

Los acostumbrados esquemas de seguridad no son una garantía para su protección porque, al contrario, los hace más vulnerables. “Es ponerse un objetivo en la espalda”, explica una de las periodistas entrevistada para este informe. Además, estos esquemas también les alejan de la comunidad con la que prefieren tener una relación de confianza y en zonas donde hay controles ilegales a la movilidad, resulta imposible su entrada.

Así mismo, la cercanía a instituciones como el Ejército o la Policía no garantiza la seguridad de los y las periodistas; al contrario, en áreas donde prevalece el conflicto esta proximidad podría ser una amenaza más. Por eso, la evaluación del riesgo debe ser diferenciada, pues en cada región los actores armados o grupos delincuenciales tienen tácticas y objetivos disímiles.

Además de la falta de garantías y la complejidad del momento histórico, estos y es tas periodistas enfrentan la ineficacia de las investigaciones, la impunidad que empaña la justicia y un aspecto que suele ignorarse: el impacto psicológico y emocional de trabajar en contextos violentos. Como dice Martha Rentería, líder del equipo de periodistas de la emisora de paz de Puerto Leguízamo, Putumayo, “la emisora de paz es un proce so de resistencia, aunque no siempre quiera llamarlo así. A veces enfrentamos momentos de aguante psicológico cuando el miedo nos abruma. A veces pienso en irme, pero ¿a dónde? Este es mi hogar, es mi tierra”.

Este panorama exige que el Estado y la sociedad civil encuentren estrategias y medidas de seguridad efectivas que resguarden a las y los periodistas que desempeñan una labor vital para la construcción de paz en áreas vulnerables. No solo están en juego las vidas e integridad de quienes hacen posible este proyecto, sino la posibilidad de restablecer una comunicación de interés público pacífica, que reconozca las diferencias y preserve el derecho a la información y la libertad de expresión.

El asedio en cifras

Desde 2018, un año antes de que se abrieran las primeras emisoras de paz en Chaparral (Tolima) e Ituango (Antioquia) hasta octubre de 2023 se han registrado 68 agresiones a periodistas en diez de los dieciséis municipios donde se encuentran esos medios. Este es el listado de agresiones en cifras:

-9 en Algeciras, Huila: 7 amenazas y 2 desplazamientos forzados.

-14 en Arauquita, Arauca: una de ellas el asesinato del documentalista Mauricio Lezama; 10 amenazas; 1 agresión física; 1 detención ilegal y un caso de robo o eliminación de material periodístico.

-5 en Chaparral, Tolima: 2 amenazas; 1 acoso judicial; 1 estigmatización y 1 ataque cibernético a página web.

-2 en Convención, Norte de Santander: 1 estigmatización y 1 amenaza.

-1 en El Tambo, Cauca: un caso de estigmatización.

-2 en Ituango, Antioquia: 1 amenaza (derivada en desplazamiento) y 1 acoso.

-4 en Puerto Leguízamo, Putumayo: 1 detención ilegal, 1 obstrucción al trabajo periodístico,1 secuestro y 1 desplazamiento forzado.

-18 en San José del Guaviare, Guaviare: 2 acoso, 1 agresión física, 10 amenazas, 1 daño a infraestructura, 3 obstrucciones al trabajo periodístico.

-1 en San Vicente del Caguán: un caso de obstrucción al trabajo periodístico.

-12 en Tumaco: entre los que se encuentran el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio de Ecuador: Paúl Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega. 4 amenazas, 1 estigmatización, 1 acoso, 1 hostigamiento y 1 agresión física.

Superar el estigma, el primer obstáculo

“Cuando llegamos el 24 de junio de 2019 a Chaparral, en una cafetería, el joven que nos sirvió los tintos, nos dijo: ‘ah ¿ustedes son de la emisora de la guerrilla?’. ‘¿Nosotros? No’, le respondimos y ahí medio le contamos lo que íbamos a hacer”, recuerda el coordinador de las emisoras de paz de RTVC, Juan Ricardo Pulido. Esta anécdota no es un caso aislado. Varios de sus colegas de la red han enfrentado experiencias similares donde se instalaron estas emisoras. En ocasiones, la bienvenida de la comunidad estuvo marcada por prejuicios que, en parte, solo el tiempo y el trabajo han logrado superar.

Y es que las emisoras de paz recibieron ataques desde antes de que se crearan. En septiembre de 2016, en el contexto de la campaña del “No” al plebiscito para ratificar el Acuerdo de Paz, el líder del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, dijo: “el Gobierno entrega 31 emisoras, otorga participación política y crea la UNP para las Farc”.

Días después, el expresidente Álvaro Uribe, afirmó lo mismo: “¿cómo competir con 31 emisoras de las Farc financiadas con el dinero de los colombianos? Por eso, votemos NO”.

Los ataques no cesaron. Al año siguiente, en un foro de ese partido político en Chigorodó, la aspirante a la presidencia María del Rosario Guerra acusó a las emisoras de paz de ser un medio para “adoctrinar a los colombianos” y prometió que no se las entregaría “a las Farc”.

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Y en 2022, ya bajo el gobierno de Iván Duque, quien autorizó la creación de once de las veinte emisoras previstas en el Acuerdo, la congresista del mismo partido, María Fernanda Cabal, insistió en que las emisoras estaban controladas por las Farc.

Sus declaraciones generaron una reacción de rechazo por parte de la FLIP, pues además de desinformar, estigmatizaba a las y los periodistas poniéndoles en riesgo. Ninguno de estos ataques infundados por parte de figuras políticas nacionales tuvo respuesta del gobierno ni significó un costo político.

Emelda Wberth, periodista de la emisora de paz de Fonseca, La Guajira, señala que uno de los retos más importantes de su labor ha sido, precisamente, desactivar estos imaginarios. “No somos la emisora de la guerrilla, ni del alcalde ni del gobernador, ni del diputado, ni del gobierno de turno”, dice. Pero esa tarea se hace más difícil en la medida que, debido a la coyuntura política, “algunas voces de personajes que son representativos para la comunidad hacen comentarios que desinforman sobre lo que somos”.

La experiencia de cada emisora varía, aunque comparten esa marca de nacimiento. John Alexander Sáenz, de la emisora de Mesetas, Meta, recuerda cómo “hasta la misma familia de uno también nos tilda de trabajar en emisoras de la guerrilla”. O como señala Anderson Salinas, de la emisora de paz de Convención, Norte de Santander, “el estigma todavía se siente... Es algo que no es tangible, que no es constante, pero es como una nube de humo que a uno lo rodea”.

Estas emisoras se concibieron con el mandato de promover la paz y si bien hay participación de firmantes del Acuerdo en la composición de sus equipos, esta se ha visto reducida porque los requisitos de idoneidad para los cargos exigen una formación como comunicadores. “La gente misma ya se dio cuenta que esa carreta de que las emisoras iban a ser de las Farc era completamente mentira. Hay dieciséis emisoras y en ellas no hay casi excombatientes”, dice Manuel Bolívar, firmante de la paz y delegado para la implementación de las herramientas de comunicación.

La asociación entre las emisoras de paz y las extintas Farc proviene de una falta de conocimiento acerca de su propósito y funcionamiento, o bien, son el resultado de intereses políticos. En todo caso, es un lastre que no le hace justicia a su papel en las comunidades donde operan. Cuando funcionarios públicos y representantes políticos vinculan a estas emisoras con una guerrilla desaparecida, no solo ignoran el compromiso vigente del Acuerdo sino que también ponen en riesgo a las y los periodistas que las integran.

Hermes Martínez, coordinador de ges tión de alianzas de la subgerencia de radio de RTVC, hace un llamado a los funcionarios y representantes políticos a cuidar el lenguaje que es la materia prima de la radio y un constructor de realidad. Dice que “los funcionarios públicos tienen una responsabilidad mayor cuando se hacen juicios o se libera información porque su voz tiene efectos más grandes que los de un ciudadano común”.

Aún hay lugares donde las heridas están abiertas, a pesar de que en las cabinas de estas radios se han encontrado víctimas y victimarios, que poco a poco comienzan a reconocerse como parte de ese país fracturado.

Algunos firmantes del acuerdo prefieren no decir que lo son, como lo hace una voz anónima: “yo jamás acá he dicho que soy firmante de paz, solo digo que me desempeño como periodista y ya. Yo quisiera contar mis experiencias, lo vivido, pero lastimosamente no se puede. Ojalá que algún día en Colombia... Si algún día eso se puede, yo les doy la primicia. Cuento toda mi vida”.

Para superar esas brechas, RTVC ha implementado el Manual para la práctica in formativa y de contenidos de la radio, que busca trazar las directrices, no solo de las radios de paz sino también de la radio pública.

“Dentro de este manual concebimos como un valor la comunicación sin daño, un concepto que conviene invocar y al cual conviene al que todos como sociedad nos impliquemos, sobre todo las personas que tienen voces muy preponderantes”, dice Martínez.

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En sus palabras aparece lo que podría ser la clave de un proceso de reconstrucción del tejido social: la necesidad de que todos y todas abracemos esta iniciativa para que en las cabinas de la RTVC se den esos diálogos improbables entre sectores antagónicos, como los que se propuso en su momento el especialista en mediación John Paol Lederach, con el fin de encontrar sali das en común.

Por su parte, Dora Brausin, subgerente de radio de RTVC, considera que basta con aproximarse a las emisoras, escucharlas y tratar de comprender su trabajo en el con texto y “ahí se comienzan a deconstruir esos imaginarios y esas lógicas”.

En algunos sitios ya se empiezan a ver los frutos del acuerdo. Rosember Anaya, periodista de la emisora de San Jacinto, Bolívar, cuenta que “en un principio sí sentimos estigmatización. La gente nos reclamaba: ‘¿Por qué entrevistan al guerrillero? ¿Por qué le dan voz al guerrillero?’ —cuenta, pero con el tiempo, en su comunidad, esas prevenciones se han ido desvaneciendo—. Comenzamos a hacer esa pedagogía para la paz, a contarle a la gente en qué consistían los acuerdos. A medida que se fueron dando cuenta, escuchando y viendo las otras cosas que se resaltaban de la comunidad, ya había una aceptación. Ya la estigmatización creo que no existe”, agrega.

“Esto es un proceso —secunda Juan Ricardo Pulido—. No hay que discutir, no hay que pelear con la gente, no hay que entrar en polémicas. Y lo más bonito es que la gente poco a poco va reconociendo que ese es su medio de comunicación”.

Las emisoras de paz han creado un espacio de diálogo y de reconocimiento. La mayoría de periodistas que trabajan en ellas pertenecen a los territorios donde funcionan, por lo que generan vínculos de pertenencia. Un nuevo actor ha entrado en el ecosistema de medios territorial, lo que fortalece la democracia, el pluralismo y la reconciliación.

Seis meses después de inaugurar la primera emisora en Chaparral, en 2019, Juan Ricardo volvió y se encontró con un regalo de la comunidad: un bulto de plátanos y un atado de panela. “Yo pregunté ‘¿Y esta vaina qué?’ Me explican que vino Benjamín y nos dejó un bulto de plátanos y después doña Blanca y dejó la panela. ¿A quién le lle va uno esos detalles? Uno siente que cuando la comunidad hace eso es porque cree que son sus periodistas, su medio, su radio. Creo que eso es de lo más bonito que nos ha pasado con las emisoras de paz”.

La anécdota de Chaparral muestra que la semilla ha caído en buena tierra, pero los desafíos aún son enormes. Es vital proteger a las personas que abren espacios para la paz y darle una oportunidad al diálogo como forma de resolver nuestros conflictos.

*Este artículo fue producido por el Centro de Estudios de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)