La antigua Consejería fue donde se manipuló el dinero de la paz: Gloria Cuartas

El próximo viernes 24 de noviembre se cumplen siete años de la firma definitiva del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC. A pesar de que el gobierno de Gustavo Petro ha reiterado su apoyo hacia ese pacto, críticos afirman que la política de paz total está ahogando su cumplimiento.

Ad portas de ese aniversario, Gloria Cuartas, quien está al frente de la Unidad de Implementación del Acuerdo de La Habana, hace un balance de lo que se ha ejecutado. Además, habla por primera vez sobre la posibilidad de que el Ejecutivo elimine su cargo para volver a la Alta Consejería, que centralizaba las tareas de la implementación del Acuerdo de Paz.

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¿Cómo encontró la implementación del Acuerdo de Paz cuando llegó a la entidad?

Creo que lo primero es advertir que los registros de información de la antigua Consejería de Estabilización no permitieron hacer un seguimiento y evidenciar dónde se invirtieron los recursos públicos. La otra gran ausencia encontrada tiene que ver con la participación ciudadana en este proceso. También encontramos que no había una caracterización especializada que nos mostrara no solo a los reincorporados en general, sino cuántos indígenas, cuántos afros, cuántas personas con discapacidad, cuáles son las necesidades por territorio, etc. Estamos en ese ejercicio de recuperar todos los registros de información sobre el Acuerdo de Paz.

El próximo 24 de noviembre se cumplirán siete años de la firma del Acuerdo de Paz, ¿cuáles han sido los logros más significativos en estos 15 meses de gobierno de Petro?

Diría que lo más importante es haber podido en este gobierno de Petro ver la integralidad del Acuerdo de Paz y ver la simultaneidad de los planes nacionales de la reforma rural con la urgencia de compra de tierra. Ese primer punto que parecería sencillo estaba disperso en el anterior gobierno. Entendimos que la reforma rural tiene que llegar a las víctimas del conflicto, a comunidades campesinas y también unirse con la reincorporación.

Se avanzó en la formalización de la tierra. Al menos 1.637.000 hectáreas de tierra se han formalizado, se han entregado 653.000 títulos de propiedad. Se está trabajando en la actualización del catastro multipropósito. En cuanto al tema de drogas, se han designado los recursos para completar el PNIS para las casi 100.000 familias inscritas. Seguimos trabajando en el tema de participación política. Ahí todavía tenemos rezagos.

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El día en que usted presentó el mayor logro de la Unidad de Implementación hasta ahora, que es la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, presentó la renuncia, pero aquí sigue. ¿El presidente no le aceptó la renuncia?

Presenté la renuncia ante esa presión de comparación. Es que esto es la dignidad del Acuerdo de Paz, la dignidad mía. Me sentí desaparecida. Es que no es posible que los políticos, que los firmantes de paz, que la Misión de Verificación de la ONU se nieguen a reconocer los logros acumulados en la política de paz total de la unidad de implementación del acuerdo. Te lo contesto enérgico: a una mujer en un cargo público no la pueden desaparecer. Dije: presidente, me voy y me voy porque es que tengo una historia sobre mis hombros. Tengo una historia aquí, y si la gente no la quiere ver y si a la gente no le gusta la ética, si no le gusta la concertación, entonces presidente, tomé la decisión. ¿Qué ocurrió después? Cinco o seis días después apareció el comisionado Danilo Rueda y me dice: ‘Gloria, hay que esperar. Entiendo la espera, porque durante mis últimos 35 años trabajando en este país aprendí a vivir el presente. ¿Qué fue lo que me molestó a mí de todo esto? Las políticas de la invisibilización, o sea, me borraron. A mí el presidente no me dijo si te acepto la renuncia. Solo a través de Danilo me dijeron ‘esperemos un poco’. Entonces aplico la geografía de la espera.

Con usted, se pasó de la Alta Consejería para la Estabilización a la Unidad de Implementación. ¿Cree que ese cambió fue favorable?

Sí, me pasan a asumir la Unidad de Implementación y empiezo con la pregunta de si efectivamente una entidad así tiene la capacidad, los elementos, la visión, pero ante todo el rol político de poder entender la relación con los ministros, si puede tener una relación política para el cumplimiento del Acuerdo. Se han hecho cambios con el apoyo del alto comisionado, como la ordenación del gasto en los fondos que apoyan la implementación.

Justamente algunos dicen que ese cambio le quitó capacidad a esa oficina y le bajó el perfil al cargo. ¿Lo ve así?

Ese es el otro elemento que ha estado complejo. Sé que la gente dice eso que no hay un alto perfil y que pasamos de tener una Consejería a la Unidad, que se puede ahogar en la Oficina del Alto Comisionado. He estado permanentemente tratando de reaccionar a esas dudas. Le puedo decir que el alto comisionado para la Paz y yo en la política pública de paz total mantenemos constante comunicación y direccionamiento estratégico, y él participa de todas las acciones que nosotros estamos desarrollando.

Pero comparemos qué se hacía, cómo se operaba y dónde se invertían los recursos cuando estaba la Consejería, frente a la Unidad que no tiene ese perfil político que dicen que necesita, pero que le aseguro que tiene una visión integral del concepto de territorio, que se articula con la política de paz total y con los cambios de este gobierno de Gustavo Petro. Le doy un ejemplo, solo el cambio en la metodología del OCAD-Paz (los recursos del Sistema General de Regalías destinados para viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión que contribuyan a la implementación del Acuerdo de Paz) ayudaría a mostrar diferencias. Todo el mundo pregunta: ¿cómo volvemos a la Consejería anterior?, pero nadie se pregunta en qué invirtió esa Alta Consejería los $77,5 billones de paz que se han ejecutado. ¿Por qué nadie se preguntó eso?

Pero el plan de volver a esa Consejería sigue. De hecho, se sabe que hay un decreto listo y que lo único que lo ha frenado es que el presidente aún no se decide por el nombre de la persona…

Sí, claro, te lo digo. Hace más o menos cuatro meses nosotros desde la Unidad creamos el decreto que tiene constatación normativa. Eso quiere decir que el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) lo lee, hace sugerencias y dice qué se puede aceptar y qué no. Pero sí existe la solicitud por parte del Partido Comunes y de la Misión de Verificación de la ONU de que eso se separe. Lo único que diría es que se tendría que leer el contexto de hoy. Será ya decisión del presidente.

En marzo, en Mesetas, el mismo presidente Petro dijo que se tenían que volver a dividir las tareas de la Oficina del Alto Comisionado para la paz total y “poner a una persona” encargada de la implementación. ¿Le sorprendió esa declaración?

Cuando se dio la situación en el Meta me sorprendí y me acuerdo que levanté la mano y le grité al presidente: ‘Presidente, es que yo estoy al frente. Yo estoy al frente, presidente’, pero esa voz se diluyó en la manifestación. Pero, ¿qué vino desde ahí hasta hoy? Una conciencia de que en el marco de la paz total se debía hacer una sincronía con la implementación, digamos que no podían ir una separada de la otra. Lo que quiere el presidente es una paz territorial, es lo que nos ha ordenado, y en mi concepto hemos avanzado progresivamente en ese trabajo con la Oficina del Alto Comisionado y la Unidad.

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¿Entonces se va a quedar en el cargo?

Estoy con la geografía de la espera, con la geografía del mientras tanto. Voy a seguir mientras llega ese “gran poder” y están todos los deseos de nombrar a un político que tenga 10 escoltas y cuatro carros blindados, que tenga mucha familia y poder político detrás… voy a seguir mientras llega eso que llaman alto nivel o persona de alta capacidad de influencia para negociar y mover beneficios. Te voy a decir que para una mujer como yo es muy difícil que la primera pregunta no sea, ¿cuéntame cómo ha avanzado la Unidad? ¿Qué se ha hecho para trabajar más cómodamente? Es como si el ejemplo de la Consejería anterior fuera la ética, la responsabilidad, la eficiencia y que hubiese desarrollado demasiada inversión para este país. No. O sea, para mí la vara de medición no es la Consejería de la Paz con legalidad. A Gloria Cuartas y a esta Unidad la tienen que medir por los meses de trabajo en los que ha tratado de posicionar la articulación de la integralidad del Acuerdo de Paz.

¿Cómo es la relación de trabajo con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, que es el que está a cargo de esa Unidad?

La relación ha fluido. Hemos estado en concertación, pero creo que la tensión está en otros lados… en términos políticos.

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, asistió a la audiencia en la JEP junto a la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas.

Foto: JEP

¿Con quién es esa tensión?

El Partido Comunes no ha aceptado la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y siente que no les da las garantías para un desarrollo del proceso.

¿Siente que el Partido Comunes quiere a alguien más político al frente de la entidad que lleve adelante la implementación?

No sé. Creo que hay que preguntarles a ellos qué quieren. Lo que sé es que en la guerra y en la paz tengo la ética y el conocimiento para estar en este cargo.

Entonces, ¿por qué creen que critican a esta Unidad?

Quisiera que se les pregunte a los críticos de la Unidad de Implementación, y especialmente le pregunten al Partido Comunes, si se cuestionó dónde se estaba invirtiendo ese recurso: lugar, a quién impactó, qué brechas superó, cómo llegó los 170 municipios PDET. Ahí está la gran diferencia entre la Unidad de Implementación y la Consejería. Es que antes los carteles de este país, los políticos a los que no les importaba la implementación del Acuerdo de Paz, estaban demasiado propositivos en el OCAD para llevarse $8,5 millones.

Entonces, ¿qué era la Consejería? El lugar político donde los recursos de la paz se manipularon al libre albedrío y, ¿qué es la Unidad? Una visión de paz que nos permite entender que la diversidad y las tensiones territoriales tienen que transformarse.

¿La paz total le está quitando protagonismo a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016?

Me parece muy importante esa pregunta, porque se necesita mucha pedagogía sobre eso. Es un falso dilema pensar eso. El Acuerdo de Paz con las antiguas FARC abrió en Colombia una visión integral y estratégica de la complejidad territorial, y creó una estructura y una arquitectura fuerte. Mi trabajo ha sido articular todas las iniciativas, acelerar lo que se necesita. La paz territorial es una mezcla de ambas cosas.

Estamos buscando que las investigaciones profundas que tiene el Ejército y la Policía se crucen con las acciones que se están haciendo en la implementación de los nuevos diálogos y con algunas de estas economías ilegales. Tiene que ser un todo que ataque a todos los frentes. Para que tenga sentido la seguridad humana en este Gobierno tres políticas están juntas: la política antidroga, la política de convivencia y seguridad, y la política de no estigmatización del Ministerio del Interior armonizada. Y sumado a ellas la política de desmantelamiento y en su conjunto la paz total.

El presidente Petro envío a la ONU una carta donde reiteró el compromiso del Gobierno con el Acuerdo de Paz, pero hizo duras críticas a la JEP. ¿Qué es lo que se busca cambiar en ese tribunal?

Te lo respondo desde mi lugar. Creo que tanto nosotros como los firmantes tenemos algunas dudas sobre cómo serán las sanciones para quienes están compareciendo ante la JEP. En nuestro caso, queremos saber si hay caracterización de los firmantes que tendrán sanción. La hemos pedido y no lo hemos recibido. También tenemos preocupaciones sobre los recursos para la inversión de los TOAR (trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador que deben realizar algunos comparecientes ante la JEP). Creemos que eso debe hacerlo el Gobierno. Lo que necesitamos son claridades de lo que se viene.

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El presidente también dijo en mayo que no había plata ni para el Acuerdo de Paz ni para la reparación de las víctimas. ¿Qué ha pasado con ello?

Si tú te preguntas qué une a la paz total con la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, la respuesta sería que las víctimas. Es cierto que los procesos acumulados son muy altos, el presidente habló casi de $300 billones, pero hoy nosotros tenemos una instrucción, y es que estamos organizando la inversión en tres puntos especiales: tierra, vivienda y producción. Tenemos $50,4 billones para la paz en este Gobierno para los cuatro años. No creo que tengamos todo el gran dinero que se ha planteado, pero sí tenemos recursos.