Tregua entre bandas Shottas y Espartanos de Buenaventura se extiende por 90 días

Las delegaciones de Gobierno y de las bandas Shottas y Espartanos se reunieron con el alto Comisionado para la paz, Otty Patiño.

Foto: Cortesía

Tras la dura carta en la que la delegación de Gobierno en los diálogos que se adelantan con las bandas criminales en Buenaventura pidió esta semana una cita con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, el encuentro por fin se dio este domingo en el puerto.

A la reunión asistieron miembros de ambas delegaciones, así como delegados de la comunidad internacional que sigue ese proceso. Además, estuvo el expresidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux.

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Del encuentro salieron tres grandes anuncios. A través de un video, el congresista Alejandro Ocampo, jefe de la delegación de Gobierno en ese espacio socio jurídico, dio a conocer que la banda conocida como Espartanos vuelven a sentarse en la mesa de negociación tras su anuncio de retiro el pasado 6 de marzo.

El segundo anuncio es que la tregua entre Shottas y Espartanos, que empezó en agosto de 2023, se extiende por 90 días hasta el próximo 5 de agosto. Por último, Ocampo dijo que “se avanza en perfeccionar el mecanismo de monitoreo y verificación del proceso de paz”.

El lunes se anunciará en rueda de prensa la agenda de intervención institucional y la instalación del mecanismo de monitoreo y verificación que busca prevenir y evaluar los hechos de violencia que se presenten en Buenaventura.

Según declaraciones de Patiño a Noticias Caracol, también se habló de un compromiso de las bandas para frenar el reclutamiento de menores de edad.

Aunque en la carta se afirma que se desconoce la ubicación y el destino de los recursos asignados para actividades de construcción de paz en Buenaventura durante el año 2023 por 2.900 millones de pesos, ninguna de las partes se pronunció al respecto.

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Tampoco se ha avanzado en el marco jurídico, uno de los principales problemas de este tipo de procesos de paz urbanos en los que se busca un sometimiento de las bandas -hay otro en Quibdó y uno más en el Valle de Aburrá-. Para ello, el Gobierno tramitó la ley de Paz Total, que incluía ese tipo de diálogos con esas estructuras criminales. El 30 de noviembre pasado, la Corte Constitucional se pronunció sobre dicha ley, pero le puso límites. Según el alto tribunal, el Gobierno no puede negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder, bajo su criterio.

Es decir, aunque los acercamientos y conversaciones pueden continuar, solo se podrá llegar al punto del sometimiento una vez el Legislativo reglamente bajo qué condiciones se hará.

Hace un mes la Unión Europea anunció una partida de 2,5 millones de euros (casi 10.650 millones de pesos) para un programa de ‘consolidación de paz’ en Colombia que se centrará en apoyo a negociaciones de paz, entre ellas el proceso que se lleva en el puerto.

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