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“Por parte de las Fuerzas Militares venimos cumpliendo al 100% con el cese al fuego bilateral nacional. Hasta el momento tenemos seis presuntas infracciones por parte del grupo armado del ELN, las cuales serán verificadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV)”.
Así lo dijo el general Helder Giraldo -comandante de las Fuerzas Militares- , al ser interrogado por los periodistas al final de los actos conmemorativos del 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Según el general, los hechos se referían a homicidios y ataques a la fuerza pública, en Arauca, Cauca y Nariño.
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Las declaraciones del general constituyen una violación a los protocolos que firmaron las delegaciones de paz del Gobierno y del ELN en Cuba, por cuanto en el mandato que la mesa le dio al Mecanismo de Monitoreo y Verificación deja muy claro que el único portavoz de dicho mecanismo es el delegado de la Misión de Verificación de la ONU.
En el mandato indica expresamente que el mecanismo debe informar y prevenir incidentes, recopilar, clasificar, verificar, evaluar y calificar cualquier hecho que pueda considerarse como posible incidente que viole el cese y sus protocolos y emitir los conceptos correspondientes.
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El MMV es un organismo de carácter técnico, que está acompañado de una Veeduría Social, que se encargará de verificar el cumplimiento del cese al fuego bilateral nacional de carácter temporal que empezó el pasado 3 de agosto y durará en principio 180 días.
Ese mecanismo tiene tres instancias: local, regional y nacional, y está conformado por el Gobierno Nacional (Fuerza Pública y Oficina del Alto Comisionado para la Paz), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Misión de Verificación designó a Jennifer Wright como la portavoz del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. El coordinador será Fernando Fleitas.
Ninguna de las partes de manera individual puede referirse a presuntas violaciones ni puede calificar los incidentes que se presenten. Los protocolos que acordaron las delegaciones de paz preveen que es el mecanismo el único autorizado para reportar, evaluar y comunicar los hechos que se consideren como infracciones o violaciones al cese al fuego.
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