Las 33 familias que están salvando a Samaná, último río “libre” de hidroeléctricas

Gustavo García se sienta en una roca a mirar el río Samaná Norte, terroso, café, bronco. Hoy no es verde, no es esmeralda. Es bulloso, va de tumbos contra las rocas en un cañón estrecho de montañas como paredes en las que el cuerpo parece derretirse por la humedad.

Él se levanta y va hacia su hijo que espera con piedras planas en sus manos y empiezan a lanzarlas hacia el río. Se mueven de forma circular en el aire y rebotan dos, tres, cuatro veces sobre el agua. Dos perros jadean en la sombra, intentando refrescarse entre las rocas y una arena negra que bordea las playas del río. Hasta aquí bajamos en mula, por un camino estrecho, bajo la sombra de un bosque bulloso y tupido. Nos tomó más de una hora descender desde lo alto de la vereda Miraflores, en San Carlos, hasta el Samaná Norte.

Le dije a Gustavo que quería bajar al río, caminar por su tierra, escuchar los gritos del Samaná y preguntarle al pie de sus aguas, si está de acuerdo con que este lugar se convierta en un gran embalse, con que el río libre en el que pesca o saca unos granos de oro dé paso a la hidroeléctrica Porvenir II. No solo eso: si él como víctima del conflicto, desplazado por la guerra, ahora beneficiario de una sentencia de restitución, está de acuerdo con que la empresa Celsia se quede con parte de su tierra para generar energía; que este cañón tenga un muro de 140 metros que represe el río para generar 352 megavatios de energía.

Le puede interesar: Hidroeléctrica en Granada podría volver a quitar tierras a víctimas del conflicto

A este río lo describen como el último libre de hidroeléctricas. El Magdalena y el Cauca ya fueron represados, también el Nare, la otra gran cuenca hidrográfica del Oriente antioqueño que alimenta, por ejemplo, el embalse Peñol-Guatapé.

Del Samaná Norte dependen comunidades pesqueras y mineras, como Gustavo, que alterna la siembra y la madera con la pesca. A la orilla del río conversamos sobre este, un río en vilo, un río amenazado. Y lo único que ha podido detener la hidroeléctrica han sido los reclamos de las víctimas del conflicto armado.

Panorámica rural de San Carlos, Antioquia.

Foto: Agencia de Prensa IPC

El río verde que surca la tierra de las víctimas

El 13 de febrero de 2015 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico Porvenir II, poco después de que funcionarios de esa autoridad ambiental proyectaran la negativa a la licencia. Pero estos fueron despedidos, como lo denunció en su momento el senador Jorge Robledo, y poco después la autoridad ambiental otorgó la licencia al proyecto.

Sin embargo, el 16 de mayo de 2019 el Consejo de Estado suspendió la licencia ambiental porque en la zona que quieren inundar para la hidroeléctrica hay 33 familias, como la de Gustavo, en condición de retorno, a quienes se les vulneraría sus derechos a la reparación integral (en las 55 veredas que impactaría el proyecto viven víctimas del conflicto armado). Y aunque no es una decisión de fondo, esta podría ser un precedente en el país respecto a los proyectos de desarrollo y derechos de las víctimas, porque estas familias en condición de retorno recuperaron sus tierras gracias a la restitución contemplada en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas.

Lea también: En Antioquia construirán hidroeléctricas en tierra restituida a víctimas

Cerca de la casa de Gustavo vive Javier Gallo. Se dedica a cortar madera, es padre de dos hijos. El mayor es ciego y es el orgullo de la casa. Hace días el muchacho cantó en las fiestas del corregimiento El Jordán, en San Carlos, y no deja de ser el tema de conversación en la casa. Es de noche y le escuchó hablar en su casa de madera entre los sonidos del bosque.

“Uno como habitante de la zona y como víctima del conflicto armado sí se siente vulnerado por un proyecto de esos”, dice Javier, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Miraflores, “porque un proyecto viene y pregunta si fui víctima de desplazamiento, pero no pregunta qué sentiría si me toca vender la tierra o despojarme de la tierra para que el proyecto siga funcionando.”

Javier es uno de los cinco beneficiarios en su familia de una sentencia de restitución del 29 de abril de 2019. Los predios restituidos tienen 19 y 86 hectáreas. Este último, denominado “Los Sapos”, limita con el río Samaná Norte y tendría que vender parte de él a Celsia para construir la hidroeléctrica. “Un proyecto de esos es un perjuicio para uno que fue víctima del conflicto, es como si volviera a entrar un grupo armado a la zona”, dice. Y no porque lo vayan a tratar mal o a torturar, como lo hicieron con él guerrilleros y paramilitares que lo obligaron a desplazarse y a vivir en la pobreza en San Carlos, Medellín y otros pueblos de Antioquia, sino porque lo obligarían a vender parte de su tierra, esa que limita con el río, a donde va a miniar con batea o a pescar cuando hay subienda.

Lea: Los duros hallazgos de la Comisión de la Verdad en Antioquia

Blanca Elena Arias, vecina de Javier, es madre de ocho hijos y huyó desplazada el 8 de febrero del 2000, vivió ocho años en San Carlos, lejos de su tierra y luego volvió a su casa de madera, la misma en la que me ofrece un huevo con arroz y plátano, la misma que estaba rodeada por árboles gruesos que crecieron en el tiempo que la vereda estuvo deshabitada. “No estamos de acuerdo con la represa”, dice, “porque vamos a miniar al río, a pescar, a poner una cosecha, de maicito, frisol, de plátano, porque eso allá es caliente, por eso no queremos la hidroeléctrica, porque las mejores tierras están al bordo del río.”

Su hijo Gustavo me contó en la mañana, mientras bajábamos desde lo alto del cañón, entre cultivos y bosques, en una tierra empinada, una pared tropical que, en algunas partes, se ha salvado de la fiebre de la motosierra, que salió con su familia para San Carlos, que luego de ocho años en el pueblo se devolvieron para el corregimiento Samaná y que un año después, en 2010, “rompimos camino para Miraflores”. Fue uno de los primeros en regresar y una semana después lo hizo su padre y su vecino Javier Gallo.

“No queremos un desplazamiento más”, me dijo Gustavo. “Antes de que se desplace a la gente, que regrese la gente al campo. ¿Uno en el pueblo qué? ¡A comprar de todo! En el campo uno se ayuda mucho, con el frisol, el maíz, el plátano.”

San Carlos: hidroeléctricas, violencia y desplazamientos

Para 2009, dice el informe San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra, del Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado había dejado 33 masacres, por lo menos 156 personas desaparecidas, 78 víctimas de minas antipersonal y el desplazamiento forzado de 19.954 personas, es decir, siete de cada diez sancarlitanos, como Javier, Blanca Elena y Gustavo. Veredas del corregimiento Samaná, como Miraflores y El Contento quedaron deshabitadas.

En Miraflores, por ejemplo, Javier Gallo fue víctima de dos desplazamientos, a manos de guerrillas y paramilitares; pero Blanca Elena, varias décadas mayor que su vecino, ya había sido desplazada por la Central Hidroeléctrica San Carlos, cerca al corregimiento El Jordán, el cual está en el camino que conduce al corregimiento Samaná.

Sobre San Carlos: Los murales con los que San Carlos honra a las víctimas de la guerra

El Centro Nacional de Memoria Histórica describe como “desplazamiento negociado” la época en la que construyeron las grandes hidroeléctricas en el Oriente de Antioquia que, en San Carlos, se hicieron “sin previa consulta a las comunidades y sin contar con los estudios sobre los impactos ambientales, sociales y económicos en la región”. Entre 1965 y 1985 Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) compró 638 predios que obligaron al desplazamiento de 2.705 personas, entre ellas Blanca Elena. Y esa época coincidió con el inicio de una campaña de amenazas y asesinatos selectivos a los miembros de la Unión Cívica Municipal que velaba por la administración transparente de los recursos públicos, su inclusión en las decisiones políticas de la región, como el ordenamiento del territorio, y la disminución de las tarifas de servicios públicos, especialmente la eléctrica.

Hasta que llegaron los desplazamientos forzados por el recrudecimiento del control del frente noveno de las FARC y del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, con la avanzada de los Bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC.

El informe agrega que a partir de 1997 la guerrilla de las Farc inició una estrategia de control del territorio con operaciones militares de gran envergadura y la expulsión del Estado, como muestra de ello estuvieron los ataques continuos a la infraestructura eléctrica, los bloqueos, las vacunas y los secuestros. Si bien la actividad guerrillera fue muy fuerte a finales de los noventa, a partir de 1999, con la presencia de los Bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada descendieron esas actividades y obligó a la guerrilla a replegarse en zonas montañosas y selváticas. Y fue en ese contexto que se dio el éxodo en la zona rural de San Carlos.

Le sugerimos: El campesinado, principal víctima del conflicto armado según Comisión de la Verdad

Luego de que las guerrillas fueron derrotadas en esta región y los grupos paramilitares se desmovilizaron entre 2003 y 2006, inició el retorno de las familias, muchas de ellas sin acompañamiento institucional. Y cuando llevaban pocos años en su tierra, apareció la amenaza de la hidroeléctrica Porvenir II, primero con la empresa Integral y luego con Celsia, propiedad del Grupo Argos.

El boom de las hidroeléctricas

Elkin de Jesús Ramírez, quien fue abogado de la Corporación Jurídica Libertad, dice que el conflicto armado blindó al Oriente de las hidroeléctricas hasta el año 2009. Para ese año, con la salida de las guerrillas de la región y la desmovilización de los paramilitares, identificó “la avalancha” de proyectos hidroeléctricos. Para el 2011, dice, “logramos documentar la propuesta de doce grandes proyectos hidroeléctricos para el Oriente, entre ellas, cuatro grandes centrales sobre el río Samaná norte, a partir del municipio de San Francisco.” No solo era el hoy conocido proyecto Porvenir II, sino que también estaba, aguas arriba, Porvenir I, el cual inició su trámite de licencia ambiental el 29 de septiembre de 2009, cuando las familias apenas iniciaban su retorno. Este proyecto luego sería archivado, pero la empresa Integral continuó con Porvenir II.

Elkin demandó a la ANLA, al Ministerio de Ambiente, a la presidencia y a la empresa Producción de Energía S.A.S. E.S.P. por el otorgamiento de la licencia ambiental a Porvenir II, cuando las tierras que serían inundadas por este proyecto estaban solicitadas en restitución y muchas de las familias tendrían que ser reubicadas de nuevo. Es decir, habría un tercer gran desplazamiento en la historia de San Carlos.

Otro contexto: Críticas a la ANLA por archivar licencia ambiental de Regiotram de Occidente

Entre los argumentos del abogado para la suspensión de la licencia a Porvenir II estaba que esa decisión iba en contra de los principios de restitución de las personas desplazadas, que las instituciones desconocieron el derecho de las víctimas a la restitución, que en la región había familias en condición de retorno; que en el proceso de licenciamiento se desconoció el concepto de la Unidad para las Víctimas que aseguró que no era conveniente construir el proyecto porque ponía en riesgo los avances de la reparación colectiva, las inversiones hechas y la protección de los derechos de las víctimas.

En el auto del Consejo de Estado, esta dice que otro de los derroteros que marca la pauta en los procesos de restitución, como el caso de las familias afectadas por la posible construcción de la hidroeléctrica, “es el de prevalencia constitucional, el cual dota de jerarquía constitucional los derechos de las víctimas, de forma que es imperativo que las autoridades tanto administrativas como judiciales los garanticen”. Por eso la sentencia cuestiona a la ANLA cuando esta dice que su función no es garantizar los derechos de las víctimas, pues, “de ahí que aun cuando su objeto no sea reparar los derechos de las víctimas, sí debe advertirlas al momento de desarrollar sus funciones, máxime si las autoridades respectivas han presentado oposición al otorgamiento de la licencia ambiental debido a la existencia de un proceso de restitución de tierras que está en curso en el área de influencia del proyecto”.

Frente a esta decisión, Óskar Zorrilla, líder de asuntos legales de CELSIA, dijo que “a través de una análisis muy riguroso que se hizo previamente, teníamos medidas diferenciales con un enfoque centrado en las víctimas para tratar que las condiciones de reparación no se vean truncadas por el proyecto”.

Sin embargo, el Consejo de Estado es claro en que “si un proceso de restitución se encuentra en trámite respecto de predios en los que se solicita una licencia ambiental, la forma de que el estado garantice el derecho a la reparación integral de las víctimas es supeditando la concesión de tal a la terminación del proceso de restitución”. Y añade que al otorgar la licencia ambiental “se presentaría un segundo escenario de desplazamiento de quienes ya han sido despojados de sus tierras”, generando no solo la incertidumbre para estas familias, sino desestabilizando sus proyectos de vida, las expectativas del retorno y desdibujando la restitución como medida principal de la reparación.

Blanca Elena, la campesina de Miraflores, insiste en que “no quisiera volver a ser desplazada”; su hijo Gustavo dice que “no quisiera volver a irme de por aquí”. Javier, por su parte, asegura que “es tan duro estar desplazado, que por eso no me gusta irme de aquí”.

Pódcast: El hotel donde se hospedó la muerte

En el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Porvenir II las familias empezaron a recibir su sentencia de restitución luego de que otorgaran la licencia ambiental. Las sentencias llegaron desde 2017 al corregimiento Samaná y sus veredas El Porvenir, San José, El Contento y Miraflores, en San Carlos; y en las veredas La Josefina y La Arabia, en el municipio de San Luis. Además, la Unidad de Restitución de Tierras dice que, en el área de influencia del proyecto, es decir, en los municipios de San Carlos, San Luis, Puerto Nare y Caracolí, hay 111 solicitudes de restitución en veredas que el proyecto Porvenir II ha dicho que va a impactar. Son familias que están esperando que les devuelvan su tierra.

No solo es Porvenir II

Cerca de Miraflores, en la vereda El Prado, Cornare otorgó un permiso de estudio el primero de febrero de 2019 para el proyecto PCH La Mirandita de la empresa Ingeniería Básica S.A.S., el cual impactaría la quebrada La Miranda, que desemboca en el río Samaná Norte.

En El Prado hay cuatro sentencias que restituyen casi 123 hectáreas. Oladier Ramírez, secretario general de Cornare, asegura que ese proyecto fue archivado. Sin embargo, en el momento de la entrevista desconocía que en esta vereda también había sentencias de restitución y que estas coincidían con el predio que era pretendido por la empresa. Su argumento es que otorgaron el permiso y no la licencia.

No olvidar: San Carlos, el horror de 33 masacres

Dice que solo desde 2021 revisan la información de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), luego del auto del Consejo de Estado que suspendió la licencia a Porvenir II, pero no lo hicieron antes con los demás proyectos a los cuales les han otorgado licencias ambientales y permisos de estudio. Según Ramírez, la declaratoria de utilidad pública limita a las corporaciones ambientales a otorgar las licencias: es decir, como son proyectos importantes de desarrollo dice que tienen que dar el sí a las hidroeléctricas. Señala que la alarma es para el Ministerio de Ambiente y no para Cornare, pues no hay ningún requisito en el licenciamiento en relación con la restitución de tierras.

Sobre este asunto, el Consejo de Estado insiste en que “si bien el procedimiento de licenciamiento ambiental se rige por unas normas especiales en las que no se incluyen expresamente aspectos relativos a la restitución de tierras, lo cierto es que el Estado colombiano tiene el deber de velar por el cumplimiento de las normas relativas a la reparación integral de víctimas, buscando que con su actuar se salvaguarden los derechos de este sector de la población y evitando que sus decisiones puedan derivar en una consecuente violación de los derechos humanos”.

El río Samaná Norte aún truena al cruzar por la vereda Miraflores. En lo alto del cañón, las familias esperan que no construyan la hidroeléctrica, que no las obliguen a vender su tierra y que no tengan que desplazarse de nuevo.

El río aún está libre de represas y las familias esperan quedarse en sus montañas. El río y la reparación de las víctimas están en vilo. Lo dirá la decisión de fondo del Consejo de Estado: los derechos de las víctimas o los derechos económicos de Celsia.

*Alianza periodística entre Agencia de Prensa IPC, Periferia Prensa y Enfoque de Oriente