El cuestionado concurso de méritos para el Centro Nacional de Memoria Histórica

El CNMH trabaja a contrarreloj para inaugurar el Museo de la Memoria, como prometió el presidente Duque.

Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

En la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) avanza con sigilo desde hace más de un año un concurso de méritos para seleccionar al personal de planta del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Ambas entidades suscribieron en septiembre de 2020 el Acuerdo No. 0261 para que la Comisión, encargada de velar por el cumplimiento de la meritocracia en los empleos públicos, ejecutara el proceso de selección para 54 cargos en el CNMH. Desde la creación del Centro de Memoria, dichas plazas han sido ocupadas en condición de provisionalidad, pero por ley son de carrera administrativa, y por ello quienes las ocupen deben ser seleccionados a través de la CNSC.

Según una serie de oficios y misivas remitidas desde las directivas del Centro de Memoria, la Comisión Nacional inició en febrero de 2021 el concurso, pese a reiteradas advertencias que desde el CNMH se le hicieron sobre el inminente riesgo que ocasionaría para la entidad y para el Estado en la coyuntura actual, especialmente porque el Centro estaba por reformarse.

En efecto, el CNMH fue creado por la Ley de Víctimas (1448) en 2011 y tendría una vigencia inicial de 10 años, que venció en 2021. Antes de acabar 2020, el Centro contrató una consultoría con la Universidad Nacional para que presentara una idea sobre el nuevo esquema organizacional de cara a la puesta en marcha del Museo de la Memoria. Entre las propuestas se hablaba de que el CNMH sería suprimido y el museo sería la entidad que perduraría. En enero de 2021, el gobierno de Iván Duque sancionó la prórroga de la Ley de Víctimas hasta 2031 y la discusión sobre el futuro del Centro quedó en el limbo.

La primera advertencia que le hizo el Centro a la CNSC está fechada el 7 de mayo de 2020, antes de que se sancionara esa prórroga, y la firmó Fernando Ramírez Ochoa, director administrativo y financiero del CNMH. En el documento se le advierte a la Comisión sobre lo inconveniente que resultaría hacer un concurso de méritos en una entidad que se está reformando y que podría acabarse.

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“Resulta importante que la CNSC emita pronunciamiento relacionado con la viabilidad jurídica de dar continuidad a un proceso de selección para la provisión definitiva de los empleos públicos actuales con los que cuenta el CNMH, cuando no se cuenta con la certeza sobre la vigencia de la personería jurídica teniendo en cuenta que esta puede cambiar”, alertó el funcionario.

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Ese mismo mes, Darío Acevedo, director general del CNMH, envió un oficio a la Procuraduría General y a su delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Allí advirtió que, con ese panorama, “adelantar los concursos de carrera administrativa para proveer de manera definitiva los cargos se presenta como una posible amenaza al patrimonio público (…). Existe la posibilidad de que la entidad entre en un proceso de reestructuración, dando paso al traslado a otras entidades, la supresión de funciones o de su extinción. De tal suerte que la gestión fiscal quedaría en entredicho, en tanto adelantar los concursos ante tal incertidumbre podría acarrear mal manejo de los recursos, quedando expuesta la entidad a juicios de responsabilidad fiscal”.

En otras dos comunicaciones dirigidas desde el CNMH a la Comisión en septiembre de 2020, ad portas de lanzar la convocatoria, las directivas reiteraron ese riesgo: “Dar trámite ahora al proceso de contratación conducido por la CNSC podría generar escenarios de responsabilidad fiscal futura para el Estado y para los participantes en el mencionado trámite. Esto es, podría ser un acto imprudente generarle al Estado hoy vinculaciones de carrera de las que se sabe, posiblemente, que luego no serán requeridas”. Allí mismo, los directivos advirtieron que habían informado de ello a la Procuraduría y a la Contraloría.

¿Y la meritocracia?

La convocatoria se abrió en febrero de 2021, y a partir de allí se surtieron las etapas de divulgación, inscripciones, pago de los derechos de participación y la verificación de requisitos mínimos. La CNSC, a su vez, contrató a la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta para que llevara a cabo el proceso de selección de los aspirantes. En esa misma convocatoria están en total 12 entidades nacionales de la Rama Ejecutiva (entre ellas el CNMH) y 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

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Entre los cargos ofertados están aquellos dedicados a construir la memoria histórica del conflicto armado en el país, investigar y desarrollar los informes de esclarecimiento y acompañar las iniciativas de memoria de colectivos de víctimas. Se trata de los cargos que han construido y publicado más de 130 de estos documentos, entre ellos el emblemático “Basta Ya”. Igualmente, quienes han estado al frente del capítulo dedicado al fenómeno paramilitar en Colombia, del que ya ha sido publicada una decena de textos, pero que aún tiene pendientes otros 12. Quienes hoy ocupan muchos de esos puestos en provisionalidad están en la entidad desde antes incluso de la creación jurídica del CNMH, cuando era todavía Grupo de Memoria Histórica, y se presentaron también al actual concurso de méritos.

El domingo 12 de septiembre de 2021 se realizó de forma presencial la aplicación de las pruebas escritas. Se trataba de una prueba de 102 preguntas: 78 de ellas funcionales, es decir, específicas para el cargo, y 24 comportamentales. Ambas valían el 60 y 20 %, respectivamente, del total del puntaje en el proceso.

En noviembre, cuando la CNSC dio a conocer los resultados de las pruebas, se le vino una oleada de reclamaciones de los participantes frente a su calificación. Colombia+20 conoció algunas de ellas, en las que se alegaba que en la calificación les fueron suprimidas preguntas que estaban en la prueba. En algunos casos se quitaron 11 preguntas, en otros casos fueron eliminadas hasta 20.

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Lo más grave que evidencian las quejas es que las preguntas aplicadas no se relacionaron con el mandato del Centro Nacional de Memoria Histórica, con el manual de funciones de los cargos a los que estaban aspirando ni con la Ley de Víctimas 1448 y sus Decretos reglamentarios 4803 y 4800 de 2011, que rigen la entidad.

En las 102 preguntas, de acuerdo con las reclamaciones, estuvieron prácticamente ausentes los temas de tratamiento del conflicto armado interno, metodología de la investigación en ciencias sociales, memoria histórica y trabajo con víctimas del conflicto. En uno de los reclamos se lee que, de las 78 preguntas misionales, solo el 2,34 % correspondían con el propósito del cargo. En ese caso, se trata de una plaza con 11 funciones orientadas a la formulación y el desarrollo de proyectos de investigación en memoria histórica.

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Según los reclamantes, las preguntas estaban orientadas a dependencias administrativas, financieras y jurídicas, y trataban sobre asuntos como atender peticiones de ciudadanos, proyectar actos administrativos, revisar una demanda de nulidad, elaborar informes financieros, gestionar el talento humano, entre otras. Sobre las preguntas comportamentales, decían que estaban orientadas a aspectos generales de la función pública comunes a un abanico amplio de entidades. El problema es que solo esa prueba (entre funcionales y comportamentales) equivale al 80 % del total del puntaje en el proceso.

El 20 % restante corresponde a la valoración de antecedentes a los candidatos, en donde se evalúan su formación académica y su experiencia profesional y trayectoria. Sin embargo, en quejas presentadas por quienes actualmente ostentan los cargos y llevan alrededor de una década en el CNMH, se alega que no fue tenida en cuenta su experiencia ni sus publicaciones realizadas en dicho centro. En uno de los casos, a un investigador del Centro no se le tuvieron en cuenta 19 publicaciones realizadas. “¿Cómo es posible que para un cargo de investigador no validen sus publicaciones?”, se lee en una reclamación. Ese es un factor común en muchos casos.

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Las respuestas de la Comisión Nacional del Servicio Civil

En las respuestas de la Comisión a los oficios del CNMH, esa entidad se ampara en que los empleos del Centro son, por ley, de carrera administrativa y que esas vacantes deben suplirse en concursos abiertos de méritos que debe realizar únicamente la CNSC.

Asimismo, en las respuestas que la CNSC y la Universidad Francisco de Paula Santander han dado a las reclamaciones de los aspirantes, han sostenido que las pruebas aplicadas se diseñaron con base en los manuales de funciones de los cargos ofertados y que las entidades que forman parte del proceso validaron los ejes temáticos. “Es muy importante aclarar que los ejes temáticos no pueden ser un reflejo exacto de las funciones consignadas en los manuales de funciones. Por el contrario, las pruebas pretenden medir conocimientos esenciales y relevantes para desempeñar las funciones del empleo. Esto conlleva a que los ejes busquen conocimientos generales y no específicos”, respondió la entidad.

El impacto para la construcción de memoria en el país

En este momento, el CNMH trabaja a contrarreloj para inaugurar antes de que se acabe este gobierno el Museo de la Memoria, como prometió el presidente Duque. Sin embargo, entre los actuales funcionarios de la entidad hay preocupación por quienes se posesionarán en el Centro como resultado de un concurso de méritos que hasta ahora no ha medido las capacidades requeridas para estar al frente de la construcción de memoria y el trabajo con las víctimas.

“Hay que decir que, de las 54 plantas ofertadas, 30 son administrativas. Los estándares para esas 30 plantas son similares en todas las entidades, entonces por ese lado no habría ningún problema. Y en cuanto a las 24 misionales, la consultoría de la Nacional nos recomendó adaptar esos perfiles a las necesidades del museo, enfocados en el tratamiento del conflicto armado en Colombia, que igual lo va a seguir haciendo el museo”, explica Fernando Ramírez, director administrativo y financiero del CNMH, y quien firmó varios de los oficios remitidos a la CNSC.

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Sobre las reclamaciones interpuestas contra el concurso de méritos, respondió: “Lo que necesariamente debe primar aquí es la meritocracia. Eso lo maneja directamente la CNSC y los factores con los que hace ese proceso son del resorte de ellos. Ellos son los garantes, los llamados a garantizar la imparcialidad y la igualdad para que con el mérito se seleccionen a esas personas”. Dijo que no puede opinar sobre la puerta que quedó abierta para que a esos cargos lleguen personas sin el perfil requerido y añadió que la CNSC únicamente le pide al centro los manuales de funciones de los cargos y que hasta ahí llega su intervención. Sin embargo, la CNSC dijo que fue el centro de memoria el que validó los ejes temáticos de la prueba a aplicar.

“Yo no puedo negar que va a haber impactos, porque sí los hay. Y son también para los administrativos: gente que lleva aproximadamente 10 años, son profesionales que manejan perfectamente los temas, no es solo seguir las funciones del manual. Pero tiene que primar la meritocracia”, aseguró. “Ahora, también está la posibilidad de que lleguen perfiles superiores”, afirmó Ramírez.

El director administrativo y financiero aclaró que, aunque el costo inicial de la convocatoria era de $1.500 millones que asumía el CNMH, al hacer el concurso en conjunto con otras entidades (como las CAR), el costo para la entidad fue de $189 millones. “Nosotros lo que hicimos fue actuar conforme a la ley y a las indicaciones de la CNSC”.