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El pasado 11 de septiembre entró en vigencia la autorización de la Universidad Nacional para entregarle el grado honorífico a ocho estudiantes de esa institución que fueron asesinados y desaparecidos en 1982 por el F2 —antigua estructura de inteligencia de la Policía—. Aunque no se ha dictado una fecha para la entrega de los diplomas, supone una reparación simbólica que pidieron sus familiares en noviembre de 2022, pero que en realidad esperan hace 40 años.
Las buscadoras del caso Colectivo 82 —como se conoce al grupo— enviaron a las directivas de la Universidad Nacional de Colombia un derecho de petición para solicitar ese reconocimiento de grado simbólico para sus hijos y hermanos. La propuesta se dio en el marco de una cátedra apoyada por estudiantes y por organizaciones de sociedad civil, entre las cuales está el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), según contaron las buscadoras a Colombia+20.
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Las familias esperan que los grados se otorguen a más tardar en las ceremonias de grado de 2024. Según el acuerdo 013 de 2023 emitido por la Universidad Nacional, recibirán el grado Orlando García Villamizar (Derecho), Pedro Pablo Silva Bejarano (Enfermería), Alfredo Rafael Sanjuán Arévalo (Arquitectura), Samuel Humberto Sanjuán Arévalo (Antropología), Edgar Helmuth García Villamizar (Sociología), Gustavo Campos Guevara (Ingeniería de Sistemas), Rafael Guillermo Prado Useche (Derecho) y Edilbrando Joya Gómez (Ingeniería Mecánica).
En el documento, dirigido específicamente a la rectora Dolly Montoya, al vicerrector José Ismael Peña y al Consejo Superior Universitario, los familiares reiteraron su angustia por llevar más de 40 años buscando el rastro de sus desaparecidos. “De allí, la necesidad de buscar otras vías de reparación y recuperación de la memoria de nuestros hijos, hermanos, amigos, compañeros y estudiantes de esta alma máter, como una apuesta desde la academia en la construcción de la paz, la búsqueda de la justicia social y la reconstrucción de la memoria histórica”, afirman.
Hasta ahora la familia Sanjuán es la única del Colectivo 82 que recibió un grado honorífico de uno de sus familiares desaparecidos. El 21 de marzo de 2022 la Universidad Distrital le entregó a sus hermanas Teresa y Yolanda Sanjuán el grado honorífico como ingeniero catastral de Alfredo Sanjuán Arévalo, líder estudiantil. Serán ellas mismas quienes vuelvan a recibir el diploma de Alfredo, pero también de su otro hermano Samuel, también desaparecido.
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En total 13 jóvenes, en su mayoría universitarios y trabajadores, en Bogotá y Cundinamarca, fueron víctimas del F2 en 1982. En ese momento el narcotraficante José Jáder Álvarez buscó la liberación de sus hijos con la participación del movimiento MAS (Muerte a Secuestradores), organización paramilitar financiada por el narcotráfico que tenía como fin enfrentar a las exguerrillas de las Farc y el M-19, pero también pidió apoyo al Estado, que ordenó varios operativos de búsqueda en varias ciudades a través del F2.
En medio de esos operativos comenzaron a detener y desaparecer jóvenes en Bogotá, entre marzo y septiembre de 1982. La mayoría de ellos, estudiantes de la Universidad Nacional, un líder social y un mecánico. El primer caso se reportó el 4 de marzo y cuatro días después ocurrieron las desapariciones de los hermanos Sanjuán, que estaban empezando a destacarse como líderes estudiantiles. Desde hace cuatro décadas las familias de 11 de ellos los buscan sin encontrar respuestas.
La desaparición de los jóvenes del colectivo 82 fue declarada en junio de 2022 como crimen de lesa humanidad.
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El caso Colectivo 82 forma parte de un universo escabroso de crímenes de Estado documentado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. El organismo extrajudicial tiene en el anexo “Universidades y conflicto armado en Colombia, parte de su Informe Final, que 588 universitarios fueron asesinados entre 1962 y 2011 por consecuencia del conflicto armado y la lógica de “enemigo interno”. De estas personas, 133 fueron también desaparecidas y 1982 fue el año con la mayoría de casos.
Las familias del Colectivo 82 siguen en medio de la impunidad. Si bien el Cajar logró evidenciar que en la campaña de desaparición y asesinato de sus familiares participaron al menos 20 agentes de inteligencia de la Policía, apenas hasta 2008 comenzaron a llegar algunas respuestas y recomendaciones surgidas tras la llegada de este caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1992.
Desde 2011 el caso fue reabierto, pero a la fecha no hay ni un solo procesado o persona responsabilizada de forma penal ante la justicia colombiana.