Desplazamiento forzado: ¿qué se ha hecho en 20 años para reparar a las víctimas?

Foto: Cortesía

El desplazamiento forzado es el hecho que más ha generado víctimas en el conflicto armado colombiano. Según el Registro Único de Víctimas, de las poco más 9,5 millones de víctimas que ha dejado la guerra en Colombia, 8,5 millones han vivido desplazamiento forzado; es decir, el 89 %.

Aunque el Congreso de la República creó la Ley 387 de 1997 para prevenir el desplazamiento forzado y reglamentar la atención, protección, consolidación y estabilización de esa población, la situación se salió de control.

Según documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe “Una nación desplazada”, en 1997 se registraron 215.756 personas desplazadas y cinco años después la cifra aumentó en un 186 %, con 618.058 desplazados. Desde entonces hombres, mujeres, menores de edad y población de la tercera edad, tanto campesinos como indígenas y afrocolombianos, continuaron saliendo de sus territorios.

Le puede interesar: ¿Cómo detener el desplazamiento forzado? Chocó y Nariño sumaron 16.500 víctimas a junio

La inoperancia del Estado y el avance vertiginoso de ese flujo de desplazados, que nunca se ha tenido, llevó a la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-025, a declarar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre la población desplazada, en 2004.

¿Qué es el estado de cosas inconstitucional?

Este mecanismo es una figura que se adopta cuando un conjunto de hechos van en contravía de la Constitución o se genera una violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de cierta población por una circunstancia específica que requiera medidas generales para su solución, pues a nivel individual no es posible. Todos estos elementos se cumplen con el desplazamiento forzado

Este mecanismo se aplica también cuando los hechos ocurren contra sujetos de especial protección constitucional, por ejemplo mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y población de la tercera edad. En enero de 2022 la Corte declaró un ECI por la violación masiva del Acuerdo de Paz de 2016 en materia de garantías seguridad para los exintegrantes de las FARC que regresaron a la vida civil.

Aunque el ECI se concibe como una medida transitoria, en este caso han pasado casi 20 años y no ha podido levantarse esa disposición porque el desplazamiento forzado sigue ocurriendo en el país a causa de la confrontación de grupos armados ilegales que se reciclan y regeneran, a pesar de las iniciativas de paz.

Lea: El desplazamiento sigue siendo una deuda que el Estado debe saldar: Defensoría

“Después de 20 años seguimos en el mismo estado, rezagados totalmente. Cuando hablamos de políticas públicas de víctimas parece que fuéramos pordioseros que estamos mendigando al Estado para que cumplan con lo que establece la ley”, señaló a Colombia+20 Óscar Armando Moreno, integrante de la Mesa Nacional de Víctimas.

Dos décadas sin proteger a los desplazados

Otro de los objetivos de la Corte al declarar el ECI sobre la población desplazada fue poner en el debate público esta problemática para buscar soluciones.

La Corte Constitucional estableció una serie de derechos que deben garantizarle a la población desplazada para poder levantar esa medida. Entre ellos la garantía a vida, libertad e integridad personal; mínimo vital, educación y vivienda, retiro o reubicación, ingresos y trabajo, verdad, justicia y reparación, indemnización y restitución de tierras.

Ese trabajo se debería realizar de forma articulada entre entidades como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social; los ministerios de Salud, Vivienda y del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad para la Restitución de Tierras y la Unidad para las Víctimas. Estas dos últimas entidades fueron creadas con la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Pero el proceso para garantizar esos derechos no ha sido nada sencillo, entre otras cosas porque no es fácil medirlo.

El camino se podría asemejar a la acción de escalar una montaña. Aunque en estas casi dos décadas ha habido puntos de avance, especialmente en la restitución de tierras, la mayoría de derechos siguen sin salir de la línea de partida, es decir, sin garantizarse.

La falta de dinero para reparar a las víctimas ha sido un tanque de oxígeno insuficiente para dar esos primeros pasos. En abril pasado, el presidente Gustavo Petro afirmó que se necesitan 301 billones para la reparación, dinero que no se tiene, y que tardaría 125 años para indemnizar a los nueve millones de víctimas.

Según el informe presupuestal de la política pública del Departamento Nacional de Planeación, dirigido a víctimas de desplazamiento forzado, de 2002 a 2021, se asignaron $181,3 billones a los programas para asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, durante los 19 años de análisis, el aumento del presupuesto para las víctimas no fue mayor al 1,7 %.

Cifras de la Unidad para las Víctimas entregadas a esta redacción muestran que desde enero de 2012 al 31 de mayo del 2023, se han entregado unos $9 billones para indemnizar a 1,3 millones de víctimas, principalmente de desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro y delitos contra la libertad y la integridad sexual. Es decir, en 11 años solo se ha logrado indemnizar al 14 % del total de víctimas del país.

Lea también: “Colombia está en un punto crucial para buscar solución al desplazamiento forzado”

Sobre el retorno o reubicación, la Unidad manifestó que se ha avanzado en la formulación de 746 planes de retorno y reubicaciones no étnicas y 248 étnicas. Moreno, de la Mesa de Víctimas, enfatizó en la importancia de revisar cómo se están dando esos procesos y la obligación del el Estado colombiano de dar una reparación integral.

“El Estado cree que cumple cuando a un desplazado lo reubican en una parte y lo dejan ahí, pero no es así porque una reparación integral también es darle educación, salud, vivienda y proyectos productivos; es decir, lo que necesita esa persona para vivir dignamente”, destacó Moreno.

Derechos como el mínimo vital, la educación y la vivienda urbana han tenido avances importantes, pero incompletos para superar la situación de vulnerabilidad. La Corte Constitucional explica cómo se entienden estos derechos bajo el análisis de cumplimiento de la sentencia: “Cuando se trata de derechos que comparten con el resto de la población, como el de vivienda, salud, educación, allí el umbral es que el porcentaje de personas desplazadas que tiene acceso a la vivienda digna sea igual al porcentaje de la población colombiana que tiene el derecho a la vivienda digna. Es decir, que lo inconstitucional es la brecha y no solo la garantía del derecho”.

Le sugerimos: Siria y Colombia: a la cabeza en desplazamiento forzado

Los derechos que han llegado a buen puerto y fueron clasificados con alto cumplimiento son la restitución de tierras, la salud, el registro en sistemas de información y la participación. Según cifras entregadas por la Unidad de Restitución de Tierras a Colombia+20, en los 12 años de vigencia de la Ley 1448 se ha restituido a 16.907 familias, de las cuales 9.947 son indígenas y 6.960 afrocolombianas. Esto corresponde a más de 300.000 hectáreas restituidas.

En cuanto a la salud, en 2008 se determinó la superación parcial de garantía de este derecho a la población desplazada, a través de la afiliación a una entidad de salud y atención psicosocial, en los Centros Regionales de Atención a Víctimas, que han atendido a más de 9.000 personas. Sin embargo, el enfoque étnico en salud no se ha resuelto, por lo que la Mesa Nacional de Víctimas le propuso a la Corte contratar gestores étnicos para implementar el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi) en los territorios étnicos.

¿Quién vigila el trabajo contra el desplazamiento forzado?

La Mesa Nacional de Víctimas creó un comité de seguimiento a la sentencia T-025 de 10 personas, quienes están en comunicación constante con la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, compuesto por un equipo de cinco abogados y un magistrado auxiliar. La labor de estas instancias es generar una evaluación de la política pública para superar falencias estructurales que generarán la garantía de derechos a la población desplazada.

Colombia+20 habló con Claudia Cueto, lideresa de Montes de María e integrante de este Comité de Seguimiento de la Mesa Nacional de Víctimas, quien afirmó ver voluntad de la Corte para seguir avanzando y trabajar juntos. “La Sala Especial de Seguimiento de la Corte realizará unos encuentros territoriales en varios departamentos, aunque aún no están claras las zonas. Fue uno de los compromisos que tuvimos en la última audiencia, en mayo, y para nosotros es algo muy importante”, declaró.

La ONU también lleva un seguimiento al cumplimiento de la sentencia con el trabajo de Robert Piper, asesor especial sobre soluciones duraderas al desplazamiento interno, designado por el secretario general. El organismo aboga porque no haya solo medidas asistencialistas.

Piper ha tenido una serie de encuentros con las entidades en Colombia, uno de ellos fue el pasado 12 de septiembre en Nueva York con Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas. Allí se discutió sobre las soluciones duraderas al conflicto, con las que se quiere avanzar hacia políticas que busquen respuestas a largo plazo y no solo medidas asistencialistas. ¿Cuáles son los retos para frenar el desplazamiento forzado?

Otro contexto: La migración por el Darién también es ecuatoriana

Uno de los aspectos que ha dificultado el avance en la garantía de estos derechos es la seguridad, pues en el país persisten varios grupos armados ilegales. Aunque el actual Gobierno esté adelantando acercamientos y diálogos de paz con algunos de ellos, la conflictividad en los territorios y las afectaciones a las poblaciones continúan, manifestó Claudia Cueto, quien agregó que las garantías de seguridad y el acompañamiento institucional es central para la población víctima de desplazamiento. “Cada vez que hay un asesinato de un defensor, nosotros bajamos la guardia. Si tenemos el acompañamiento de la institucionalidad se puede dar respuesta, de lo contrario no”.

Tanto la Corte como la Mesa Nacional de Víctimas identifican la falta de articulación, coordinación, reporte de información y seguimiento entre las entidades nacionales y territoriales como otra falla para poder avanzar y superar el estado de cosas inconstitucionales con el desplazamiento forzado.

Según registros de ACNUR, en el primer semestre del 2023 se presentaron 57 desplazamientos masivos en el país que afectaron a más de 23.000 personas; es decir, cerca de 9.100 familias.

Le puede interesar: Paz Total de Petro: ¿Aumentó o disminuyó la violencia durante su Gobierno?

En una carta enviada el 5 de mayo de este año a la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, el eje temático de desplazamiento forzado de la Mesa Nacional de Víctimas planteó unas observaciones, como reabrir audiencias para la población desplazada, tener encuentros anuales con la Mesa Nacional de Víctimas y ampliar el concepto de víctima para que se reconozca a las personas que han vivido desplazamiento forzado transfronterizo. Con este último punto, la Mesa quiere que se pueda realizar una caracterización, generar una estrategia de recuperación emocional para las víctimas y entrega de ayudas humanitarias.

Retos para frenar el desplazamiento forzado

Uno de los aspectos que ha dificultado el avance en la garantía de estos derechos es la seguridad, pues en el país persisten varios grupos armados ilegales. Aunque el actual Gobierno esté adelantando diálogos de paz con algunos de ellos, las afectaciones a las poblaciones continúan.

Tanto la Corte Constitucional como la Mesa Nacional de Víctimas identifican la falta de articulación, coordinación, reporte de información y seguimiento entre las entidades nacionales y territoriales como otra falla para poder avanzar y superar el estado de cosas inconstitucionales con el desplazamiento forzado.

Según registros de ACNUR, en el primer semestre del 2023 hubo 57 desplazamientos masivos en el país que afectaron a más de 23.000 personas.