Estos son los puntos de la agenda con ELN en los que participará la sociedad civil

El Congreso de los Pueblos es una de las 30 organizaciones convocadas a participar.

Foto: Congreso de los Pueblos

“Como organización campesina nacional recibimos con agrado esta noticia”, dice por teléfono el abogado Romel Durán, miembro del Coordinador Nacional Agrario, una de las 30 organizaciones y gremios que fueron convocadas a integrar el Comité Nacional de Participación, la instancia transitoria que acordaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno para viabilizar la que ha sido una petición histórica de esa guerrilla: que la sociedad civil participe en el proceso de paz y lleve sus propuestas para la transformación del país.

Junto al acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, ambas partes dieron a conocer al acuerdo sobre participación que incluye la creación de ese Comité Nacional de Participación que será el organismo encargado de recoger, sistematizar y presentar las propuestas de la sociedad civil que deben ser acogidas de manera automática y vinculante por la mesa de negociación.

Ese Comité debe ser instalado el próximo 25 de julio y tendrá que entregar los insumos a la mesa de negociación en mayo de 2025. De él harán parte cuatro delegados del Gobierno Nacional y cuatro delegados del ELN -que aún no se conocen-. Allí confluirán 80 delegados que representan a 30 organizaciones, movimientos sociales, etnias y gremios representativos del país, entre los que se encuentran desde reconocidas organizaciones sociales como el Congreso de los Pueblos, hasta asociaciones de militares en retiro como ACORE e incluso importantes gremios del país como la Asociación Colombiana de Petróleos y Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas.

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Según explicó una persona del ELN, serán estos delegados los encargados de construir los mecanismos y rutas para que toda la sociedad civil participe del proceso. Para ello van a realizarse ocho encuentros o audiencias territoriales durante cuatro meses. Será durante aquel proceso que se afinen las metodologías y mecanismos de participación. Es decir, aunque ya está acordado un proceso amplio de participación que irá por lo menos hasta mayo de 2025, los términos del mismo los construirán las mismas organizaciones y gremios convocados. De acuerdo con el protocolo, habrá dos enfoques diferenciales (de género y étnico).

¿Sobre qué puntos de la agenda discutirá el Comité Nacional de Participación?

La sociedad civil participará en los puntos 1,2 y 3 de la agenda que el Gobierno y el ELN concertaron el pasado 10 de marzo, tras el cierre del segundo ciclo de negociaciones que se realizó en México.

El punto 1 es justamente sobre la participación de la sociedad civil traducida en:

1.1 Un camino para la construcción de una alianza política y social hacia un gran acuerdo nacional.

1.2 Identificar las causas de los problemas fundamentales del país, y de proponer iniciativas y procesos que conduzcan a las transformaciones para la paz.

1.3 Un ejercicio democrático de movilización de la sociedad en torno a la planeación, decisión e implementación eficaz de los acuerdos en las regiones y la nación.

1.4 Un ejercicio dinámico y activo, incluyente, pluralista y vinculante que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones.

1.5 Una forma de fortalecer la participación efectiva y eficaz de las mujeres y las poblaciones históricamente excluidas, discriminadas y precarizadas -niños, niñas, adolescentes, juventudes, adultos mayores, pueblos étnicos, campesinado, trabajadores, privados de la libertad, la diáspora, población LGBTIQ+ y en condición de discapacidad-, en la construcción de la democracia para la paz.

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El segundo punto, denominado ‘Democracia para la paz’ fue el más novedoso de la agenda porque uno de los temas es el de examinar el modelo económico. Las acciones de ese punto sobre las que habrá participación son:

2.1 Revisar y fomentar la participación y las decisiones de la sociedad en los problemas que la afectan, y que puedan materializarse en instrumentos de política pública eficaces en los territorios urbanos y rurales.

2.2 Examinar, desde una perspectiva democrática, el modelo económico, el régimen político y las doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional.

2.3 Evaluar el tratamiento que se le da a los conflictos políticos, sociales y ambientales en función de la construcción de la paz.

2.4 Revisar el marco normativo y garantías para la manifestación pública, tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en desarrollo de la movilización y la protesta social.

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El tercer punto de la agenda se denomina ‘Transformaciones para la paz’ y contempla acciones más puntuales como resultado de esa participación de la sociedad civil.

3.1 Propuestas elaboradas por la sociedad y sustentadas en los resultados del punto 2 de esta agenda (Democracia para la Paz).

3.2 Políticas públicas tendientes a superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad.

3.3 Planes de desarrollo alternativos integrales en territorios urbanos y rurales, incluyendo los planes de vida y planes de etnodesarrollo, que constituyan opciones económicas, productivas y sustentables en beneficio de las comunidades.

3.4 Políticas, planes y programas que superen el conflicto agrario histórico, relativos al ordenamiento ambiental y territorial dirigidos a la recuperación sostenible y productiva de los territorios urbanos y rurales, la restauración y protección de la Madre Tierra.

3.5 Pactos sociales que consoliden los acuerdos y una pedagogía y comunicación hacia una cultura de paz.

3.6 El plan integral de transformaciones se articulará y armonizará con los planes nacionales de desarrollo.

La fase final del trabajo del Comité Nacional de Participación busca “pactar políticas y un plan integral de transformaciones con proyectos específicos de orden nacional y territorial” que hagan “viable una Colombia en paz”. La mesa validará ese proceso de sistematización de las propuestas y los resultados se incluirán en el Plan de Ejecución de los Acuerdos de Paz con el ELN que se refiere a las propuestas concretas sobre los puntos 1 (participación de la sociedad civil), 2 (democracia para la paz) y 3 (transformaciones para la paz) de la agenda pactada.

El rol de los territorios más golpeados por la guerra

Romel Durán dice que el Coordinador Nacional Agrario ya cuentan con una larga experiencia en este tipo de escenarios, pues han colaborado en eventos como la Asamblea Nacional Popular, el Congreso para la Paz o la Cumbre Minero-Energética, que él llama “mandatos populares para la vida digna y la construcción de poder popular”.

Y aunque Durán formula algunos reclamos puntuales que desde su organización podrían llevarse a este espacio de diálogo, como la propuesta de los territorios campesinos y agroalimentarios como formas organizativas y sociales, “donde podamos desarrollar la soberanía alimentaria y la producción libre de agroquímicos”, o viejos reclamos de desmilitarizar los territorios y transformar la doctrina militar y el “modelo economico, lo que implica revisar los tratados de libre comercio y el relacionamiento con la naturaleza en un modelo depredador”, también aclara que no se puede “decir que ya vamos a tener propuestas de participación en lo pronto, no va a ser así. Esto es sólo el diseño”.

Agrega además que “venimos construyendo propuestas desde hace años, tenemos una gran experiencia en la construcción de propuestas para las transformaciones que requiere el país”.

Uno de los reclamos frecuentes que líderes políticos y sociales formulan al proceso de paz con el ELN es que el modelo de participación no se limite a quienes ya han tenido voz, poder y representación ante el Estado, como los gremios o los partidos políticos, sino que priorice a quienes siempre han estado excluidos de las decisiones en el país.

Esta queja puntual fue elevada por líderes del Movimiento Político de Masas del Centro Oriente, una organización con presencia en Arauca, Boyacá y Casanare, adscrita al Congreso de los Pueblos, durante un evento con la Gobernación de Arauca el pasado 26 de abril, antes de que se conocieran los acuerdos de Cuba y las organizaciones convocadas.

En dicho escenario el líder José Vicente Murillo planteó que si el modelo de participación de los diálogos incluía a gremios como los ganaderos u otros poderes económicos, ellos “no estarían de acuerdo”.

Un empresario araucano, que pidió reserva de su identidad, preguntó si de verdad el proceso iba a “garantizar la participación en los diálogos de la sociedad civil que no hace parte de las estructuras cívicas que ellos [el ELN] tienen en las regiones”. Esta pregunta fue formulada por Colombia+20 en La Habana directamente al jefe de la delegación negociadora del ELN, quien contestó que “todos están convocados, aspiramos que nadie se quede por fuera”.

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Lina Mejía, abogada y vocera de la Coordinadora Humanitaria, otra de las organizaciones convocadas al Comité Nacional de Participación, dijo a Colombia+20 que desde su instancia buscan que “se prioricen los territorios más afectados por la violencia” con el propósito de desescalar el conflicto en territorios como Antioquia, Cauca, Chocó, Catatumbo y Arauca.

El propio Pablo Beltrán reconoció a Colombia+20 que ha habido retrasos en el tema, que incluye también la liberación de ocho prisioneros del ELN enfermos.

Mejía además fue incisiva en un asunto que se viene tratando desde el primer ciclo de negociaciones en noviembre, y que a la fecha no ha podido concretarse bien: los acuerdos humanitarios. “Insistiremos también en que se logren acciones acuerdos y alivios humanitarios que tengan como pre condición el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y también la vida y la salvaguarda de la población civil en los territorios”.

Las primeras ideas de las organizaciones sociales

Olimpo Cádernas, asesor de la Unión Sindical Obrera (USO) y miembro del equipo de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, a la que él llama “una organización de organizaciones”, asegura que “siempre hemos jugado a empujar nuestra concepción de paz, que es con cambios y transformaciones”.

Tanto la USO como el Congreso de los Pueblos harán parte del Comité Nacional de Participación. Cárdenas es enfático en que “hay que organizar el desorden que ha existido siempre con la participación, es como el demonio para las oligarquías, que tienen una visión institucionalizada de la participación, están acostumbrados a que la gente se cansó de esos pocos mecanismos no se siente representada, el mismo régimen ha provocado una pereza en la gente por la participación”.

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Y para reafirmar su postura cita varios ejemplos, como las consultas populares en contra de la minería, que han rechazado a las multinacionales en distintos municipios y territorios con votaciones aplastantes, pero que luego terminan siendo desconocidas por el gobierno central. Por eso, asegura que “los acuerdos a los que se llegue algún día no pueden ser de la insurgencia con el Estado, sino de la sociedad con el Estado”.

Desde algunos sectores ya hay ideas puntuales de cuáles deberían ser esas transformaciones. Cuestiones tan diversas como el rechazo al extractivismo, formulado por el Movimiento Político de Masas del Centro Oriente, que dice tener un “plan de vida” para su territorio y rechaza la explotación petrolera, hasta temas puntuales como los que precisó Farid García, un directivo sindical del eje cafetero afiliado a FECODE (otra de las organizaciones convocadas), diciendo que sería importante poner sobre la mesa “el desarrollo efectivo de la escuela como territorio de paz y la vinculación curricular del proyecto “La escuela abraza la verdad”, así como la promoción de los derechos humanos en entornos educativos rurales y “de la periferia urbana”.

Willie Carmona, directivo nacional de FECODE, puntualizó desde Bogotá que “nuestra apuesta apunta a fortalecer la democracia para la paz y la pedagogía para la paz, que desde los territorios y las comunidades educativas los padres, madres, estudiantes, maestros, podamos aportar a la construcción colectiva de planes integrales alternativos, que vayan en contravía de esos planes de desarrollo que no toman como centro la vida, sino la explotación de los recursos, queremos construir planes de vida que dignifiquen las condiciones de nuestros estudiantes”.

Por ahora, falta surtir la fase de diseño que tardará al menos hasta finales de noviembre de este año, antes de que empiecen a llegar propuestas reales de transformaciones a la mesa. Sin embargo, voces de los movimientos sociales ven con optimismo el proceso.

“El tema va más avanzado, como jamás lo estuvo en Colombia”, sostiene Olimpo Cárdenas, agregando que “por primera vez en la historia el ELN y el Gobierno Petro firmaron un acta que encadenó los primeros tres puntos de la agenda, participación, democracia para la paz y transformaciones. Esta es una coyuntura de paz donde nos la jugamos, si allá están dispuestos a recibir nuestras propuestas, allá vamos a llevarlas para lograr el tránsito hacia una democracia verdadera”, concluyó.