Este es el informe que recibió Francia Márquez de la caravana humanitaria en Chocó

Francia Márquez

Foto: goldmanprize

“Quiero decirle al ELN que es la primera vez que puedo mirarlos a la cara, mirarlos a los ojos sin miedo para decirles que aquí está una vicepresidenta que viene de pueblos que han luchado”. Con estas palabras la vicepresidenta Francia Márquez inició su intervención en el cierre del segundo ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN que se llevaron a cabo en México, ciclo que concluyó con éxito el pasado 10 de marzo.

Ya desde el 25 de febrero en una carta conjunta, firmada por Otty Patiño y Pablo Beltrán, jefes negociadores del Gobierno y el ELN respectivamente, se había invitado a la vicepresidenta para a que hiciera una “exposición [ante la mesa de diálogos] de las políticas públicas” que se adelantaban para la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad.

En esa misma carta ambas delegaciones hicieron llegar a Márquez el documento con la síntesis del recorrido de la caravana humanitaria por el Calima y el Bajo San Juan, una iniciativa que surgió del primer ciclo de diálogos y que, como lo había contado Colombia+20, busca llevar alivios humanitarios a una de las regiones más golpeadas por la confrontación entre la Fuerza Pública, el Ejército de Liberación Nacional y las AGC o Clan del Golfo.

En contexto: Así fue la caravana humanitaria del ELN y el Gobierno por el Pacífico

La vicepresidenta Márquez será la encargada de acompañar las primeras medidas urgentes que se ejecutarán en el marco de dichos alivios humanitarios y para ello se le remitió un informe ejecutivo con los hallazgos y conclusiones de la caravana, documento que fue conocido por Colombia+20. De acuerdo con el jefe negociador del Gobierno Otty Patiño “tal vez es la primera vez en Colombia que una mesa de diálogos [...] aborda de manera presencial y comprometida los problemas concretos de un territorio”.

Este documento habla en primer lugar de unas medidas “que no dan espera” y que tampoco tienen que ser discutidas por la mesa de negociaciones. Se trataría de un corredor humanitario que permita el abastecimiento y la movilidad de las poblaciones confinadas por la guerra, así como de un plan de asistencia para estas. El documento deja claro que para este corredor no se desarrollarán ni acciones militares, ni civico militares, por el riesgo que suponen para la población civil.

Este corredor tendría puntos estratégicos a lo largo del río San Juan, con presencia del Estado, las organizaciones sociales y la comunidad internacional. Concretamente, serán la iglesia católica a través de la Conferencia Episcopal, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría del Pueblo quienes deban elaborar la propuesta de cómo funcionará el corredor humanitario.

Lea también: La paz nunca llegó al río San Juan

Los alivios pedidos por las comunidades

Otras medidas a corto, mediano y largo plazo son los alivios humanitarios, que fueron formulados a representantes del Gobierno y el ELN por las comunidades a lo largo de la caravana. Estas medidas deben discutirse en la mesa de diálogos y su finalidad es “generar las condiciones para el retorno o la reubicación de las comunidades desplazadas” así como garantizar “la permanencia de las comunidades resistentes y confinadas” en el territorio.

La caravana registró más de 300 peticiones formuladas por los habitantes de la región, según dijo uno de los organizadores a Colombia+20. No obstante, entre las más relevantes se encuentran asuntos como la realización de un cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN; solicitan además que se garantice la libre movilidad por el río San Juan, algo que involucra directamente al ELN, pues el Frente Occidental lleva años imponiendo toques de queda y paros armados que impiden el ingreso de los botes; también cesar el reclutamiento de menores y que estos sean retornados a sus comunidades, así como delimitar los campos minados en la zona que instala la guerrilla, pues han causado incontables víctimas entre los civiles.

Un punto llamativo tiene que ver con “adelantar investigaciones” para que se esclarezca el rol de empresas privadas y “otros grupos” en las dinámicas ilegales de la zona, como la minería ilegal, la tala de madera y el narcotráfico.

Además, las comunidades pidieron que se fortalezcan las organizaciones étnicas de la región, y como lo había contado este diario, solicitaron que el ELN pida perdón público por la masacre de Carrá, ocurrida en mayo de 2017 en un pequeño caserío del río San Juan. Colombia+20 reveló que aunque el ELN negó su responsabilidad en esos hechos, existen testimonios y audios de un comandante fallecido de esa organización en donde aceptó la autoría de la guerrilla en aquel crimen.

Lea: Los audios inéditos de ‘Uriel’ donde reconoce responsabilidad del ELN en la masacre de Carrá

También pidieron esclarecer varios homicidios de líderes sociales ocurridos en los últimos años, que son atribuídos al ELN, e igualmente que se realice una investigación sobre la presunta connivencia de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares que han copado la región desde agosto de 2021.

Las exigencias de siempre

“No vamos a lograr la paz mientras haya hambre y miseria”, declaró una líder afro del Litoral del San Juan a las delegaciones de la caravana humanitaria. En ese sentido, el documento también recoge una serie de exigencias que, si bien aparentemente no tienen relación directa e inmediata con el conflicto armado, para las comunidades son fundamentales si se quiere lograr la presencia integral del Estado en sus territorios.

Entre estas exigencias se pide reparar o mejorar la infraestructura de salud y educativa de la región, en pésimas condiciones en la mayoría de caseríos, como pudo constatarlo de primera mano la caravana. También solicitan el nombramiento permanente de personal médico que pueda atender a la población, así como de personal docente para los niños.

Vea: Así es la vida en una región controlada por el ELN

Las comunidades también pidieron formular y concertar programas de desarrollo sostenible, así como programas de soberanía alimentaria que garanticen su permanencia en los territorios. Una de las conclusiones de la caravana apunta en ese sentido: “Se identificó la debilidad institucional para atender la crisis humanitaria por falta de recursos, insuficiencia de políticas públicas, persistencia de prácticas institucionales de negación de derechos, carencia de instalaciones adecuadas para atender y albergar a la población despazada”.

Entre las recomendaciones del documento se encuentra la creación de instancias de seguimiento local, con unidades en Buenaventura y Litoral del San Juan, así como la materialización de los corredores y espacios humanitarios, también un plan de retorno para las comunidades desplazadas.

“Pasar la página de la violencia, del dolor, del sufrimiento, del odio que se ha sembrado, de las ideologías que no nos han dejado avanzar con el desafío que tenemos todos los colombianos”, terminó la vicepresidenta Márquez al cierre de los diálogos en México: “Por eso, como vicepresidenta de Colombia, decimos que acogemos esta nueva agenda que busca colocar el diálogo de la paz en la sociedad colombiana”.