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Los agentes del CTI Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón Rivera, junto a su acompañante María Yeni Ruiz continúan en poder de la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC) desde el pasado 19 de abril. Según el grupo comandado por Iván Mordisco, la liberación no ha sido posible debido a las acciones ofensivas que se desarrollan en Cauca por parte del Gobierno e incluso señalan que la vida de los secuestrados estaría en riesgo.
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Por medio de un comunicado, el EMC le pidió al Gobierno la suspensión de las operaciones militares a un término de 48 horas para lograr una liberación con garantías para los agentes y su acompañante. “Con la guerra total anunciada por el presidente Petro y la ruptura del cese al fuego con las FARC-EP, es lo mínimo que podemos pedir”, se lee en la misiva en la que, además, descargan toda responsabilidad por la vida de los secuestrados.
El documento hace referencia a la “ofensiva total” que ordenó el presidente Gustavo Petro el pasado 6 de mayo tras los fuertes combates en el cañón del Micay, Cauca, con el frente Carlos Patiño. Esta situación profundizaría aún más las divisiones internas que tienen a los frentes de Iván Mordisco por fuera de la mesa de diálogos.
Solo los combates del fin de semana dejaron cuatro soldados muertos y la captura de al menos cinco guerrilleros en Argelia, de acuerdo con el Ejército. Sin embargo, los números globales totalizan más de 15 guerrilleros muertos y 12 heridos desde finales de abril en el sur de ese departamento, según el conteo de las Fuerzas Militares.
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En ese contexto, la disidencia señaló en el reciente comunicado que “han priorizado acciones militares de rescate, mantienen operativos militares en el Cauca”. Cabe recordar que al momento del secuestro de las tres personas, el EMC detalló que estaban a la espera de que los organismos internacionales intervinieran para generar condiciones para la liberación.
Sin embargo, en el comunicado indican que no se ha logrado llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional, por lo que proponen nuevamente un cese de acciones ofensivas durante el tiempo señalado para liberar a los funcionarios que cumplen casi 20 días en cautiverio.
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Desde el pasado 20 de abril, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado urgente por la desaparición de los dos funcionarios del CTI y una acompañante. Para ese mismo día, el EMC emitió un comunicado para atribuirse el hecho y señalarlo como una consecuencia de la ruptura del cese al fuego en esa zona. Además confirmaron que los secuestrados estaban bien de salud.
El Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental interceptó el vehículo de las tres personas cuando iban por la vía que conecta Popayán con Santander de Quilichao. En ese punto, tuvieron que tomar una vía rural al encontrar un bloqueo. Y fue en esa vía, a la altura de un sector conocido como Dominguillo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, donde fueron interceptados.
La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía se sumaron a las exigencias para la liberación de los tres secuestrados haciendo un llamado al respeto por la vida e integridad personal. Por otra parte, ofrecieron su ayuda para mediar en una eventual liberación de los secuestrados. “Ofrecemos toda nuestra voluntad y capacidad institucional de mediación, en caso de que se requiera, para que los dos servidores públicos y su acompañante vuelvan pronto a sus hogares”.
Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado al respecto.