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La Ley 1448 de 2011 volvió a la discusión pública este año por la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de actualizarla, con el fin de agilizar la reparación de las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado.
La propuesta inicial se dio a conocer el pasado 10 de junio, cuando se cumplieron 12 años de promulgación esta ley, a través de un mensaje de Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas. En él manifestó que se busca hacer una mejora de la Ley 1448 para articularla con el Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC, en 2016, y la política de paz total del Gobierno.
“La política de víctimas que se decretó en el año 2011 es anterior a la del Acuerdo de Paz y requerimos que este proceso se pueda articular para generar mayor acceso a las víctimas y una coordinación real institucional para la atención de sus derechos”, afirmó Tobón.
Antes de iniciar la nueva legislatura del Congreso de la República el 20 de julio, la directora de la Unidad para las Víctimas y el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, le manifestaron a El Espectador que la propuesta incluiría, por ejemplo, la ampliación de la fecha hasta 1958 para que una persona pueda acreditarse como víctima ante la Unidad, pues ese año fue estipulado como punto de partida para el análisis del conflicto en instituciones como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Actualmente, la Ley 1448 estipula que podrán acreditarse las personas que vivieron hechos victimizantes desde el 1.° de enero de 1985.
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Sin embargo, para los 16 representantes de las curules de paz —figura creada en el Acuerdo de 2016 para garantizar la participación de las víctimas en el Congreso de la República—, se debe hablar de una reforma, no de una actualización como plantea el Gobierno. Por ello, el pasado 6 de septiembre presentaron una propuesta de 53 páginas a la Cámara de Representantes, centrada en aumentar el presupuesto y el número de víctimas reparadas.
La propuesta
“Nuestro proyecto se centra en acelerar la reparación, ampliar el concepto de víctima y mejorar la atención. Para eso, proponemos $1 billón adicional a lo que ya se había presupuestado, porque todos los días se están produciendo víctimas en el país y la reforma merece voluntad política y presupuesto para hacerlo”, afirmó Diógenes Quintero, representante por la circunscripción del Catatumbo.
Ese dinero adicional saldría de tres fuentes de financiación: el Presupuesto General de la Nación, la reforma tributaria y los ingresos excepcionales o extraordinarios de la nación; es decir, los que llegan por el alza del petróleo o las exportaciones.
La propuesta de ajustar el presupuesto y presentar alternativas para conseguirlo responde a la afirmación del presidente Gustavo Petro —en abril pasado— de que se necesitan $301 billones para reparar a todas las víctimas. Según Petro, al ritmo que va, el Estado se tardaría 125 años en indemnizar a los nueve millones de víctimas.
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Otra de las propuestas de la bancada de la paz es que el Gobierno aumente su meta de reparación de 600.000 a un millón de víctimas. En el Gobierno de Iván Duque la meta era de 500.000 víctimas reparadas, pero fueron indemnizadas 320.000 (el 53 %).
Para varias organizaciones de víctimas, la reparación integral se debería hacer con articulación institucional, para avanzar, por ejemplo, en la conectividad de las regiones. La bancada de la paz propuso crear enlaces de la Unidad en las 16 regiones PDET que ellos representan, con el fin de garantizar un servicio más oportuno y descentralizado.
Según cifras entregadas por la Unidad para las Víctimas a esta redacción, el 79 % de las víctimas registradas ante la entidad están recibiendo atención, asistencia y medidas de reparación integral; pero, desde enero de 2012 hasta mayo del 2023, la Unidad solo ha indemnizado al 14 % del total de víctimas del país.
Balance de la reparación
La Unidad para las Víctimas tiene dos rutas de atención: una individual, en la que tiene a más de 7,5 millones de personas, y otra colectiva, que atiende a 625 comunidades étnicas, 219 campesinas y 59 organizaciones o grupos.
En los 11 años de funcionamiento de la entidad, apenas el 4 % de las víctimas ha recibido acompañamiento psicosocial; es decir, cerca de 300.000 personas. Sin embargo, el porcentaje es menor en los Centros Regionales de la entidad: 9.885 víctimas hasta mayo del 2023 han sido atendidas en estos puntos regionales.
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El hecho victimizante que más impacto ha generado durante el conflicto armado es el desplazamiento forzado, que agrupa al 89 % de las víctimas (más de 8,5 millones de personas lo han sufrido).
La gran dimensión de este hecho llevó a que en 2004 la Corte Constitucional decretara el estado de cosas inconstitucional (ECI) sobre la población desplazada, con el fin de proteger sus derechos fundamentales que estaban siendo violados. Esta figura, que fue concebida como algo transitorio, no se ha podido levantar tras casi 20 años.
Después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en 2016, en departamentos como el Chocó el desplazamiento forzado persiste y el confinamiento ha aumentado de forma significativa. Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 19.000 personas ubicadas en Nóvita, Bajo Baudó, Alto Baudó y Sipí (en Chocó) vivieron confinamiento en el primer semestre de 2023. Este hecho se genera por la confrontación entre grupos armados ilegales y la siembra de artefactos explosivos como minas antipersonales, que restringen la movilidad de las comunidades afrocolombianas e indígenas, principalmente.
El Registro Único de Víctimas documentó más de 126.000 personas víctimas de confinamiento hasta el 30 de agosto de 2023. En 11 años de existencia de la Unidad para las Víctimas, 7.475 hogares de 150 comunidades recibieron asistencia humanitaria por parte de la entidad.
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Otra de las acciones de reparación es el acompañamiento a las víctimas en procesos de búsqueda, localización, recuperación e identificación de los cuerpos de sus seres queridos víctimas de desaparición forzada. La entidad ha participado en más de 12.000 espacios de entrega y ha acompañado a 2.450 familiares en el proceso de búsqueda.
Restitución de tierras
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) se encarga de restituir y formalizar las tierras de las víctimas de despojo en el marco del conflicto armado que se hayan presentado desde el 1.° de enero de 1991. La entidad ha recibido 145.437 solicitudes de restitución de tierras, de las cuales 102.526 ya tienen trámite finalizado (el 70 %).
La URT maneja dos rutas de protección de tierras y territorios: individual y colectiva. La primera se enfoca en los derechos individuales de las personas respecto a sus predios, y la segunda se encarga de los casos de titulación colectiva de comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianas).
Según cifras entregadas a esta redacción, por ruta individual la URT ha restituido 217.052 hectáreas a más de 38.000 personas, desde su creación hasta mayo del 2023. El 50 % de esta población restituida corresponde a mujeres.
Por ruta colectiva, la URT ha restituido 336.70 hectáreas a más de 16.000 familias (9.947 indígenas y 9.960 afrocolombianas). Uno de los casos más recientes fue con la comunidad indígena seminómada sikuani y piapoco del territorio ancestral de Florida Kawinanae, ubicado entre Puerto Gaitán (Meta) y Cumaribo (Vichada).
El pasado 25 de agosto, la URT restableció los derechos territoriales en esta comunidad sobre 16.035 hectáreas, quienes vivieron por años desplazamientos forzados de su territorio, desapariciones forzadas de líderes y confinamiento.
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César Santoyo, director territorial del Meta de la URT —oficina que agrupa también a Guaviare—, dijo que han recibido más de 2.200 solicitudes de ruta individual y colectiva. Actualmente, están acompañando en etapa judicial la solicitud de restitución de tierras de la comunidad nukak de San José del Guaviare y El Retorno, y están elaborando informes de caracterización de comunidades indígenas de Guaviare y Meta.
Giovanni Yule, indígena del resguardo Huellas de Caloto, director de la URT, identificó una serie de obstáculos como la demora en la restitución de tierras, un gran número de solicitudes rechazadas, la falta de seguimiento a los procesos y el retraso en el aspecto étnico, pues en 12 años de gestión solo se habían resuelto el 3 % de casos de restitución étnica de tierras.
De agosto del 2022 a mayo del 2023, la URT ha recibido más de 5.000 solicitudes de restitución de tierras y ha podido restituir más de 1.600 hectáreas de tierra. En el mismo lapso se han entregado 490 proyectos productivos con una inversión de $19.900 millones.