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Este 3 de agosto, en la Comisión de la Verdad, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría (ICP) socializará el informe “Víctimas del conflicto armado en Colombia en razón de su vinculación al sector productivo”, un trabajo que consolidó este centro académico desde 2019 y que recoge testimonios que dan cuenta de las afectaciones y los hechos victimizantes que sufrieron productores, comerciantes, emprendedores, empresarios, trabajadores, entre otras personas vinculadas al sector productivo en medio del conflicto armado. El Espectador conoció el documento de 149 páginas y habló con las cabezas de la investigación, María Clara Escobar y Carlos Augusto Chacón, directora ejecutiva y director académico del instituto, respectivamente.
El informe, según el ICP, fue construido con el fin de hacer visible la complejidad del conflicto armado y el papel de un sector que ha sido relacionado como promotor y/o financiador de grupos al margen de la ley. Actualmente, la justicia investiga a exdirectivos de la Drummond y Chiquita Brands, y ha condenado a poderosos palmeros, ganaderos, esmeralderos y empresarios del sector aurífero, en el que se comprobaron alianzas con los paramilitares y las guerrillas. “Nuestro informe no pretende lavarle el rostro a nadie”, dice Escobar, quien añade que estos casos no pueden tomarse como una muestra representativa para establecer una tendencia sobre el papel del empresariado en el conflicto armado.
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En pocas palabras, el ICP busca que no se generalice a este sector, que, en el caso colombiano, entre micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan más del 90 por ciento del sector productivo, según cifras del Ministerio de Trabajo de 2020. Carlos Augusto Chacón explicó que buscaron que el informe fuera plural en la representación de las víctimas: grandes dueños de empresas colombianas, gerentes, familias de trabajadores, pequeños emprendedores extorsionados, entre otros. “Son perfiles que representan la tragedia humana del conflicto armado. Cuando uno habla de un empresario, en el imaginario está alguien multimillonario que ni siquiera vive en Colombia. Y no es así”, aseguró Chacón a este diario.
Para María Clara Escobar, en el ICP había una preocupación, que fue el hecho disparador para elaborar el informe: tanto en las investigaciones de corte académico como aquellos testimonios que se venían recibiendo en la CEV no se incluía la versión del empresariado colombiano a todo nivel. “Los llamados que estaba haciendo la Comisión a los empresarios y emprendedores no estaba siendo atendidos porque en algunos espacios eran convocados más en calidad de victimarios para que aceptaran su papel de financiadores del conflicto. Nos parecía muy injusto y alejado de la verdad, que basado en unos casos muy puntuales, en donde hubo participación de empresas en el conflicto, se generalice”, aseguró la directora Escobar.
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El testimonio de Bessudo
El conocido empresario de origen francés y presidente del Grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo, es uno de los testimonios recopilados por ICP. Durante la entrevista, el inversionista contó qué acarreó para él ser parte de la industria del turismo en medio del conflicto armado. Por ejemplo, contó que cuando realizó inversiones en la isla de Gorgona o San Andrés, los grupos armados o la debilidad del Estado colombiano ante distintas circunstancias hacían que se redujeran los viajes a esas zonas del país. Bessudo fue investigado por la Fiscalía, pero en 2013 el caso fue archivado porque el testigo en su contra, el paramilitar alias el Canoso, no pudo justificar sus acusaciones de una supuesta alianza entre las Auc y el dueño de Aviatur.
Bessudo contó que uno de los golpes duros que recibió la industria del turismo fue durante la toma y retoma del Palacio de Justicia (noviembre de 1985), ya que esas imágenes llegaron a todo el mundo. El empresario aseguró que, “eso no cabía mucho en la imagen de nación en el exterior. Y esa fue una imagen reiterada. La industria turística se fue reponiendo poco a poco, sobre todo con los Acuerdos de Paz. En el exterior fueron asimilados, igualados a la paz. Y entonces volvió a renacer la industria turística en Colombia, por supuesto, con esos altibajos que afectan enormemente la imagen del país: los asesinatos de líderes, los falsos positivos, las matanzas”.
Y agregó que alcanzó a tener secuestrados entre 15 y 16 amigos. “Tuve que estar metido, ayudar, ir a pagar. Lo que a usted se le pase por la cabeza, con el visto bueno de la Policía. La decisión, junto con mi esposa, siempre fue quedarnos en el país. En algún momento tuve que insistir en la investigación de tiquetes robados. Por lo general, los tiquetes robados en aquel entonces eran muy utilizados por el narcotráfico; y entonces recibí muchas llamadas de amenaza, y en algún momento me tocó despachar a mis hijos al tiempo, todos, a donde mi hermana en París. Y, pues, para que no me siguieran amenazando, dejar las investigaciones”.
Persecución a sindicalistas
El exministro de Agricultura del gobierno de Juan Manuel Santos Rubén Darío Lizarralde es otro de los nombres en el informe de ICP. Antes de llegar al gabinete del expresidente, fue durante varios años gerente de la empresa Indupalma, hoy en liquidación. La compañía, y él como cabeza de la misma, sufrieron presiones del Eln y los paramilitares en el Cesar. Y el exministro hasta mantuvo reuniones en los años noventa, autorizadas por el Gobierno, para evitar que la empresa fuera presionada a través del sindicato a llegar a un buen puerto en las negociaciones colectivas con los trabajadores. Según Lizarralde, el grupo guerrillero tenía influencia en ese movimiento.
“En una empresa como la nuestra, con 10.000 hectáreas, económicamente fuerte, con alianzas y apoyo de la Fuerza Pública y el Estado, pudimos salir adelante. Sin embargo, con todo este apoyo, tuvimos una presión grande por parte de la guerrilla y de los paramilitares, en casi, yo diría, 20 años de la vida de la empresa. Fueron muy fuertes y duros, no solo para la empresa, también para la región y la vida de muchas personas. Hoy tenemos una empresa debilitada por todo eso, está en proceso de liquidación, porque definitivamente una empresa no puede resistir toda la vida una presión descontrolada en términos económicos”, señaló el exministro en el informe.
Lizarralde también contó que un antiguo gerente de Indupalma, Hugo Ferreira Neira, quien fue secuestrado por el M-19, “estuvo en el mismo sitio donde tuvieron al presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia José Raquel Mercado, hecho del cual ninguno de los dos se enteró en ese momento. Asesinaron a Mercado (abril de 1976), luego Ferreira fue liberado”, contó Lizarralde. A renglón seguido contó que también tuvo que manejar un momento en el que en la empresa mataron a tres líderes del sindicato, en un momento en que la guerra entre los elenos y los paramilitares había escalado como nunca.
El caso Poligrow
Jaime Restrepo, un trabajador de la multinacional palmera Poligrow, la cual opera desde 2009 en Mapiripán (Meta), contó varias de las etapas que ha vivido el municipio, en donde se cometieron varias masacres paramilitares a finales de los noventa, y que fue retaguardia de las Farc. En su testimonio dijo que fue esta desaparecida guerrilla la que secuestró a su padre en los años ochenta, y las Auc y las Farc se disputaron a muerte a principios de los 2000 esta zona. “Salimos del municipio como unos ocho años, desde 1998 (...) ya en 2004 o 2005 empezó a cambiar la cosa de seguridad social, claro, ya empezó el Gobierno como a meterle un poquito más al tema de seguridad y se logró (volver). Con la llegada de Poligrow el cambio fue increíble”.
En 2017, el director de esa compañía italiana, Carlo Vigna Taglianti, fue llevado a juicio y absuelto en primera instancia, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada, en medio de denuncias sobre irregularidades en un predio de Mapiripán. Además, comunidades y organizaciones sociales han denunciado que esa compañía de origen italiano ha generado graves daños ambientales. Incluso Cormacarena sancionó a la empresa por el inadecuado manejo de lixiviados en fuentes hídricas. Restrepo, director de Compras y Logística en Poligrow, le dijo a los investigadores del ICP que la compañía llegó a Mapiripán el municipio ha avanzado, y aseguró que existe un “tema de difamación” y “mala prensa” contra esta.
La eterna guerra de Ituango
Fernando Alonso Calle, además de haber investigado las estructuras de la guerrilla y el paramilitarismo como funcionario de la Fiscalía, era miembro de una familia que tenía algunos negocios en Ituango. Su testimonio, recogido por el ICP, repasa la historia de un municipio que continúa siendo uno de los más graves focos de violencia en Colombia. Hoy la población vuelve a aparecer en los titulares de prensa por miles de personas que llegan a su casco urbano porque fueron desplazadas por las disidencias de las Farc. Calle narró que la extinta guerrilla llegó al norte de Antioquia a finales de 1987 y que, en los años posteriores, con las tomas guerrilleras, la próspera economía del pueblo se extinguió.
“Empezaron a secuestrar a todas estas personas pudientes que tenían y daban dinero, y estas personas tuvieron que retirarse de Ituango y empezar a dejar el pueblo sin trabajo y empleo. Pero no fueron solo los ricos, la guerrilla hizo que mucha gente abandonara los territorios y pasamos de tener 37 mil habitantes en los años 1970 a tener 16 mil en el año 2000. También producto de una guerra Farc y Auc, quienes también fueron victimarios de nuestro pueblo”, dijo Calle, quien aseguró que no volvió a Ituango desde 1997, cuando los paramilitares arribaron y perpetraron la masacre del corregimiento de El Aro, donde él tenía una finca con cultivos de café.
Y agregó: “Ituango hoy es una guerra que no nos han contado. Estamos viviendo una falsa desmovilización. Pasamos a una guerra peor, porque hoy en día a un finquero lo están extorsionando tres o cuatro grupos y a todos les tienen que pagar. La paz en Ituango se vio en el papel el día que se firmó y se abrazaron con ropa blanca. En Ituango nosotros pasamos a ser una zona en conflicto permanente. Un conflicto que ya se volvió también urbano y está pasando en la propia calle, y eso no se veía”. Este testimonio, junto a otros, advierten sobre los riesgos actuales de los empresarios en Colombia por un nuevo ciclo de violencia.
Pero no todos hablan con tanta fluidez del hoy. Sobre este punto, ICP señaló que durante las entrevistas, aunque eran fluidas las historias sobre hechos del pasado, persistían los silencios sobre lo que sucede en la actualidad. “Este es un ejercicio que busca indagar por las verdades del conflicto, sin embargo, decenas de empresarios y gremios consultados se negaron a hablar porque los actores armados aún comandan la vida de las regiones”, afirmó el ICP. “Nuestro deseo es que lo que está en el informe sea incluido en el informe final de la CEV y que de aquí en adelante se abran más espacios para que el sector productivo pueda ser partícipe de construcción de paz”, concluyó María Clara Escobar.