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El gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias conocidas como Estado Mayor Central de las FARC en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta por cuenta del asesinato de cuatro menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena de Murui que habían sido reclutados por esta guerrilla, el pasado 17 de mayo en el departamento de Putumayo.
La decisión se tomó tras un consejo extraordinario de seguridad que se cumplió este domingo en la Casa de Nariño, encabezado por el presidente Gustavo Petro y que terminó a las 5 de la tarde. Una vez se terminó el consejo de seguridad, el gobierno envió una comunicación oficial a la comandancia del EMC FARC explicando la decisión y les dio un plazo de 72 horas para que las unidades de ese grupo se movilicen en esos departamentos.
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La decisión se conoció primero a través de un comunicado del Estado Mayor Central de las FARC, fechado este 22 de mayo, en el que ese grupo asegura que “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.
“Hemos demostrado nuestra voluntad de paz desde el 22 de septiembre de 2022, cuando anunciamos el cese de acciones ofensivas contra las fuerzas militares y, posteriormente, se aceptó un cese al fuego bilateral con el fin de crear un ambiente propicio para una eventual mesa de diálogo. En la práctica, el cese al fuego siempre fue unilateral porque los operativos militares, que de nuevo dejan entrever el paramilitarismo como política de Estado, jamás cesaron. Las pruebas y evidencias, así como los distintos casos a verificar, fueron dejados en manos del gobierno nacional, entre ellos a Danilo Rueda, quién demuestra inoperancia en tramitar lo necesario para detener la máquina de guerra estatal”, dice el comunicado.
La comunicación de la guerrilla culpa a la al gobierno porque la “burocracia interna estatal impide tomar decisiones rápidas y conjuntas, al punto de esperar a romper unilateralmente el cese al fuego para nombrar sus voceros en la mesa de diálogo y suspender órdenes de captura, contrario a las FARC-EP que, desde el comienzo tuvo listos sus voceros”.
Minutos más tarde, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro dio a conocer un comunicado en el que asegura que el asesinato de los menores de edad “es un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”. Y explica que la decisión de suspender del cese al fuego en esos departamentos se dio después de escuchar a los delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad debido a esta grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población.
Comunicado a la opinión pública sobre el cese al fuego con el EMC-FARC. pic.twitter.com/Wunu8xIQuT
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 22, 2023
El cese al fuego sigue vigente en otros lugares del país donde las disidencias del EMC FARC hacen presencia. La decisión no interrumpe el proceso de diálogo que adelanta el gobierno con este grupo armado comandado por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco. De hecho, las partes seguirán trabajando en la instalación de la mesa de diálogo que había sido anunciada incialmente para el 16 de mayo, pero que fue postergada ante la demora en la suspensión de las órdenes de captura de algunos voceros guerrilleros.
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El presidente anunciará próximamente sus delegados para instalar la mesa de diálogo con esta guerrilla e invitó a su contraparte a ratificar la participación de sus delegados en los mecanismos locales de verificación. Incluso reconoció que en otros lugares del país el acuerdo sí ha funcionado: “Hemos constatado la distensión que se ha logrado en otros territorios donde opera el EMC FARC por el respeto al cese al fuego y cómo se han evitado daños irreparables a la vida e integridad de los pobladores”.
En su comunicación el gobierno propone que uno de los asuntos para abordar de manera prioritaria en la mesa de conversaciones es el fortalecimiento del cese de hostilidades con carácter territorial.
El asesinato de los menores de edad fue confirmado el pasado sábabdo 20 de mayo, a través de un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, luego de que fueran reclutados de manera forzada por el frente Carolina Ramírez, de la disidencia del Estado Mayor Central de las FARC.
Según un reporte de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), el asesinato ocurrió en la comunidad El Estrecho, zona limítrofe entre Caquetá y Amazonas.
El pasado sábado 20 de mayo, en horas de la noche, a través de su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro calificó como “un crimen atroz, una bofetada a la paz” el asesinato de los cuatro menores indígenas en Putumayo. La vicepresidenta Francia Márquez también rechazó y condenó el crimen. “Duele en el alma que niñas y niños paguen el costo de una guerra absurda. Seguimos trabajando de manera incansable por la Paz de Colombia. Estos hechos crimínales no pueden quedar en impunidad”, dijo en su cuenta de Twitter.
Diversos voceros políticos, incluidos los de la oposición, exigieron acciones contundentes por parte del Gobierno.
Este domingo, delegados de la oficina del alto comisionado para la paz y voceros del EMC-FARC estuvieron buscando salidas a la situación. Según información conocida por Colombia+20, el gobierno de Gustavo Petro le exigió un pronunciamiento oficial a las disidencias condenando el asesinato de los menores de edad, pero esta guerrilla se negó. El argumento fue que su acción obdedeció a que los indígenas habían desertado de sus filas con armamento y que esa conducta se castiga con la muerte.
Las acusaciones mutuas de violaciones al acuerdo no pudieron ser resueltas porque los componentes locales del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación no se instalaron en los territorios y el componente nacional no tenía alcance para llegar a los sitios puntuales donde se hacían las denuncias.
El proceso de diálogo entre el gobierno y esa facción de las disidencias comandadas por Iván Mordisco y que se calcula tiene algo más de 3.200 integrantes con presencia en 16 departamentos, venía atravesando por dificultades. En primer lugar, ambas partes habían manifiestado incumplimientos de la contraparte al cese al fuego bilateral que está vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio.
El comandante del Ejército, Luis Mauricio Opina, en entrevista con El Espectador, manifestó que “el Estado Mayor Central no ha respetado el cese bilateral propuesto por el Gobierno. Ha realizado hostigamientos a la Fuerza Pública, especialmente en los departamentos del Meta, en el municipio de la Uribe; en el Cauca, en Miranda, Guachené y Argelia. Asimismo, vienen haciendo actividades de proselitismo armado en el Caquetá, específicamente en Cartagena del Chairá, y mantiene activamente el cobro de extorsiones en las zonas donde tiene injerencia”.
Por su parte, el Estado Mayor Central de las FARC emitió un comunicado, el pasado 16 de mayo, en el que aseguraba que 10 guerrilleros habían sido asesinados y 20 más habían resultado heridos por la Fuerza Pública, en acciones que violaban el cese al fuego. “Es una decisión que lamentaríamos mucho (la de terminar el cese al fuego), pero queremos enfatizar en que no es por falta de voluntad nuestra, sino de quienes tienen en sus manos las decisiones que pueden ayudar a parar la guerra”, afirmaron.
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La disidencia comandada por ‘Iván Mordisco’ también manifestó que la instalación de la mesa de diálogo estaba en un “peligroso letargo”, atribuido a las demoras de la Fiscalía en levantar las órdenes de captura de los voceros de ese grupo armado.
Esta situación postergó la instalación de esa mesa de diálogo que estaba prevista para el 16 de mayo y afectó el despliegue del componente local del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, que es indispensable para verificar en terreno las acciones de las partes y poder prevenir incidentes que pongan en riesgo el cese al fuego y la negociación.
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Esta disidencia tiene cerca de 3.200 personas en armas, comandada por mandos medios de la extinta guerrilla de las FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. Se estima que están distribuidos en 23 frentes que operan en 16 departamentos del país.
El camino de los diálogos con el Estado Mayor Central
A mediados del mes de septiembre del 2022, se realizó el primer encuentro exploratorio del gobierno con esta disidencia en los Llanos del Yarí (Caquetá). Desde ese entonces, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en una negociación bajo la figura de un cese al fuego bilateral.
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El presidente Petro decretó cese al fuego bilateral, a partir del 1 de enero hasta el 30 de junio del 2023, con cinco grupos armados ilegales, entre ellos, el Estado Mayor Central. Un mes más tarde, el 8 de febrero, las partes pactaron un protocolo de cese al fuego bilateral en el que se establecían reglas como no atentar contra la población civil, respetar las misiones médicas, no interferir ni tener presencia armada en centros poblados durante procesos electorales ni transitar por vías primarias, entre otros.
El 16 de abril en un acto público con más de 7 mil personas en las sabanas del Yarí, se formalizó el diálogo con esta disidencia de las FARC que propuso instalar la mesa en Noruega. En esta zona rural del Caquetá se estableció la importancia de instalar cuanto antes el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) conformado por cinco comandantes que representen a cada uno de los bloques y representantes del gobierno.
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El 24 de abril, se instaló este mecanismo nacional encargado de monitorear el cese al fuego. Pero quedó pendiente al instalación de los equipos locales.