“Queremos alertar al Consejo de Seguridad sobre los incumplimientos de la JEP”: ex-FARC

Excomandante de las FARC-EP, con el Alias "Carlos Antonio Lozada" ahora Senador del Partido Comunes.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La carta enviada el miércoles al presidente Gustavo Petro por los siete miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC, en la que expresan su desacuerdo con algunas decisiones que ha tomado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), supuso el que ha sido hasta ahora uno de los más duros choques con este tribunal.

La misiva, que se conoció un día antes de la llegada a Colombia del Consejo de Seguridad de la ONU -organismo que justamente le hace seguimiento al Acuerdo de Paz- y horas antes del encuentro que los firmantes sostendrán con ese organismo internacional, reúne una serie de inquietudes que desde hace un tiempo venían expresando los excombatientes sobre algunas decisiones de esa jurisdicción transicional.

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De acuerdo con la carta, la JEP ha tenido varios incumplimientos que, de persistir, llevarían a algunos excombatientes a apartarse de las decisiones de ese tribunal. Además, afirman que la jurisdicción se está “alejando” del espíritu del Acuerdo de Paz y que está generando inseguridad jurídica de los firmantes de paz.

Tras la publicación de la carta, el miércoles la JEP convocó a una rueda de prensa. Roberto Vidal, presidente de esa jurisdicción especial, señaló que es inadmisible relacionar la deserción del proceso de paz y su retorno a las armas, con el trabajo que realiza la jurisdicción. “Es inaceptable atribuir un asunto tan complejo a la actividad de la JEP donde lo que hemos hecho es buscar la garantía y el procesamiento adecuado de los comparecientes”.

Vidal también dijo que recibían ese documento como una opinión, pero no como una amenaza al trabajo que realiza la jurisdicción. “La jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal, que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional”.

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En entrevista con Colombia+20, el senador Julián Gallo (conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada), y uno de los siete exjefes de esa guerrilla que firmó la misiva, explica las razones que los llevaron a difundir ese documento.

El punto que ha generado más ruido de la carta que ustedes le enviaron al presidente Gustavo Petro es que se afirma que si persisten lo que ustedes llaman “incumplimientos de la JEP”, los firmantes se apartarían de las decisiones de esa justicia. ¿Qué significa eso?

Aclaremos dos cosas: la primera, nosotros firmamos un acuerdo político. El tratado de paz es un acuerdo político que tiene un componente de justicia, pero no es la justicia ordinaria, punitiva, sino una justicia para la paz. Entonces, si la JEP, como evidentemente lo viene haciendo, se aparta del texto y del espíritu del Acuerdo de Paz, nosotros tenemos el recurso del Consejo de Seguridad y el de la Corte Internacional de Justicia, a la cual Colombia también se debe. Sí hay recursos a los que podemos apelar, pero eso no es lo ideal.

Y la otra cosa para aclarar es que los siete que firmamos la carta no estamos hablando como comparecientes, que eso es lo que el magistrado Roberto Vidal y la JEP soslayaron en su respuesta. En esa carta nosotros estamos hablando como alta parte contratante.

En su respuesta, ellos se refieren, entre otras cosas, con una amenaza, diciendo que los comparecientes tenemos que hacer lo que la JEP decida o que si se aplica el régimen de condicionalidad —que estudia los casos de incumplimientos—. Eso no. En esa carta nosotros hablamos como Alta Parte Contratante, por eso nos dirigimos al Jefe del Estado y le decimos: señor Petro, usted ya ratificó sus compromisos ante el Consejo de Seguridad, por favor garantícenos que el Estado nos va a cumplir y que se va a aplicar lo que dice el texto del Acuerdo de Paz. Si no es así, ¿qué sentido tiene seguir interlocutando en otros procesos de paz con un Estado que no cumple su palabra? Es de esa gravedad lo que está haciendo la JEP.

¿Pero eso de apartarse qué significa para los comparecientes?

Nosotros no estamos hablando de volver a las armas. Nosotros somos gente seria, gente sensata. Tenemos un compromiso con la paz de este país. Lo vamos a cumplir y vamos a honrar nuestra palabra con las víctimas, con el Estado colombiano, con la sociedad y con la comunidad internacional, pero eso no quiere decir que nos vamos a dejar burlar en nuestros derechos y en los compromisos que pactamos con el Estado. Si la JEP insiste en ese camino, no aceptamos esas decisiones y recurrimos a la justicia internacional.

La razón de ser de la JEP es que nosotros comparezcamos y que todos los participamos en el conflicto demos verdad porque se trata de una justicia para la paz, no de una justicia punitiva. Aquí no se está discutiendo si Julián Gallo o Rodrigo Londoño o Pastor Alape, o si Pablo Catatumbo o Joaquín Gómez o Jaime Alberto Parra, que somos los que firmamos la carta, vamos a ser sancionados o no. Nosotros nos hemos mantenido y aún hoy nos mantenemos en ese compromiso. Nosotros no estamos pidiendo nada distinto a que nos cumplan lo que firmamos, no es más.

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Pero si persisten en burlar el Acuerdo de Paz, nos obligan a recurrir a la justicia internacional y esa no es la idea porque nosotros queremos que la JEP, honrando el compromiso del Estado, pero también su espíritu, su esencia, logre acabar con el conflicto y no que se convierta en un factor, como está sucediendo hoy que por estar citando a guerrilleros de base y mandos medios lo que está provocando es que la gente se vaya del Acuerdo y termine fortaleciendo las filas de grupos armados ilegales. Ese no es el papel de la JEP.

¿Ustedes ya habían hablado de esto con la JEP? ¿Los habían alertado sobre esto antes de esta carta?

Sí, llevamos varios años pidiéndoles que sean sensatos y que entienda que con la paz de un país de un pueblo que lleva 200 años en guerra, no se juega. Hablamos con el magistrado Eduardo Cifuentes -expresidente de la JEP- innumerables veces. Hemos hablado con Vidal también. Hemos hecho reuniones con presencia de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, de los países garantes, hemos apelado a los recursos jurídicos y siempre lo que se nos responde es: no señores, ustedes tienen es que someterse y someterse. Es decir, es la justicia ordinaria con un manto de justicia transicional y eso no fue lo que nosotros pactamos.

Esta carta llega justo el día en que arriban al país los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU que le hace seguimiento a la implementación, ¿es parte del mensaje que quieren dejarle en su visita?

De alguna manera, la presencia del Consejo de Seguridad es una oportunidad para llamar la atención. Entre otras cosas, porque parte de las diferencias, por llamarlas así, que tenemos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es que ellos consideran que no tienen a quién rendirle cuentas y resulta que no es tan así. La JEP es en una jurisdicción especial que se deriva de un tratado que, a la luz del derecho internacional, es vinculante en sus compromisos para el Estado colombiano. Por eso nosotros comenzamos en la carta diciendo que en su momento el expresidente Juan Manuel Santos, a través de una declaración unilateral de Estado, envió el Acuerdo de Paz completo al Consejo de Seguridad de la ONU y ese Consejo lo adoptó en una resolución. Es decir, ese no es cualquier Acuerdo de Paz, es un documento oficial del Consejo de Seguridad, que es la máxima autoridad en materia de paz.

Por eso, la JEP no puede considerar —con el argumento de que ese acuerdo fue vinculado a través del bloque de constitucionalidad— que no tiene a quién que rendirle cuentas. Además, el presidente Gustavo Petro en septiembre ratificó ese compromiso en otra declaración unilateral de Estado, Hay jurisprudencia internacional, exactamente de la Corte Internacional de Justicia, que determina que los compromisos derivados de una declaración bilateral de Estado son de obligatorio cumplimiento para ese Estado.

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Ustedes se reúnen mañana con el Consejo de Seguridad, ¿este tema se lo van a plantear al organismo?

Por supuesto, es que el Consejo de Seguridad es el dueño del Acuerdo de Paz en este momento. Eso ya no es solo un tema de la Constitución colombiana. Lo que les vamos a decir es: señores Consejo de Seguridad, este Acuerdo de Paz que les pertenece a ustedes y tiene al Estado colombiano con compromisos internacionales, se está incumpliendo y queremos prender las alarmas. Lo que menos queremos es que todo el esfuerzo que es grandísimo desde el punto de vista político y económico del Consejo de Seguridad de la ONU se pierda por la insensatez de unos magistrados que quien apartarse del espíritu del acuerdo en materia de justicia.

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