Estos son los rezagos del enfoque de género en la implementación de Acuerdo de Paz

Víctimas, indígenas, afros, estudiantes, campesinos y el movimiento Mujeres por la Paz, se movilizaron por Bogotá, exigiendo la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La semana pasada el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las antiguas FARC cumplió su séptimo aniversario entre celebraciones y la preocupación por la urgente renovación de los compromisos para acelerar su implementación.

Uno de ellos es el enfoque de género, un principio transversal que fue incorporado en ese pacto y por primera vez en un acuerdo de paz en el mundo.

Los cientos de mujeres, niñas y población LGBITQ+ víctimas de reclutamiento, abuso sexual, feminicidios y, en general, violencias basadas en género fueron la razón fundamental para que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 tuviera un enfoque transversal de género en los seis puntos del pacto.

Eso no solo marcó una diferencia para el tratamiento de estas violencias, sino también para abordar las transformaciones sociales para, por ejemplo, entregar tierra a mujeres y otras poblaciones históricamente excluidas, aumentar su participación política, darles garantías a su autonomía sexual y reproductiva, y garantizar su acceso a la justicia y la verdad, entre otras. Aunque la decisión de incluir esa perspectiva de género se tomó tardíamente por parte la mesa de diálogos, significó un logro de la persistencia de las organizaciones de mujeres y se convirtió en otro hito del histórico Acuerdo de Paz que firmó el gobierno con las antiguas FARC.

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Tras casi siete años de esa firma, el balance del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de La Habana revela avances. El informe que presentó el Gobierno el pasado 24 de noviembre sobre la implementación del Acuerdo celebra la reactivación y puesta en funcionamiento de la Alta Instancia de Género de Gobierno.

El Gobierno también dice que se creó una “macrometa presidencial” para las mujeres en la ruralidad, con la cual se impulsan las medidas de género del Plan Marco de Implementación (que orienta las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del Acuerdo Final).

El informe de seguimiento “Mujeres enrutadas en la implementación del Acuerdo de Paz”, presentado hace unas semanas por la Ruta Pacífica de Mujeres, que analiza el panorama de 2022, muestra algunos rezagos y preocupaciones en el enfoque de género de cada uno de los puntos del pacto, especialmente por la alarmante situación humanitaria que prevalece en ciertas regiones del país.

“La paz es una promesa aún por hacerse. Estamos haciendo seguimiento al proceso de paz total y a la implementación del Acuerdo de Paz, a este último que lo expreso como un acuerdo que aún no ha cerrado los ciclos de violencia y de conflicto armado, cuyo incumplimiento influye poderosamente en cómo se puedan afrontar las nuevas negociaciones”, dijo Marina Gallego, coordinadora de la Ruta, en la presentación del informe.

El documento elaborado por esa organización pone especial atención a las 130 medidas de género que están contenidas en el Acuerdo de Paz —que se evalúan a través de 51 indicadores—, pero también incorpora el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la lucha contra la discriminación y la incorporación de mujeres en las políticas públicas, sociales, económicas y ambientales.

“La Ruta Pacífica de las Mujeres sigue en la apuesta de exigir, participar y hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Final de Paz al igual que en el avance de políticas, lineamientos, programas y acciones que conlleven a la igualdad para las mujeres y niñas en todas las dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales en esta agenda global contenida en los 17 ODS”, dice el documento. El informe también aborda las negociaciones con grupos armados en el marco de la paz total y afirma que, aunque la Ruta Pacífica celebra esos diálogos, el movimiento de mujeres debe estar presente en los diálogos de negociación y en las concertaciones sobre las necesidades humanitarias de los territorios, con énfasis en la situación de niñas y mujeres.

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“Es crucial abordar estas desigualdades históricas y violencias que han enfrentado las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes para avanzar hacia una paz sostenible e inclusiva”, dice el documento.

Punto 1: Reforma Rural Integral

Desde el inicio de la implementación del Acuerdo, se han entregado y formalizado poco más de 464 mil hectáreas. De ese total, 109.627,53 hectáreas fueron entregadas a mujeres.

En las zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se aprobaron en 2022 98 proyectos productivos, de los cuales apenas 28 han sido clasificados bajo la categoría de ‘Mujer rural y género’.

De acuerdo con el informe, respecto a la titularidad de la tierra, las brechas de género son más evidentes para las mujeres que habitan en las zonas rurales. El documento indica que el 63,7% de los predios de único propietario tienen a un hombre como titular, mientras que el restante 36,3% tiene a una mujer como titular. En eso influye el acceso a las líneas de crédito. De 271 personas naturales con acceso a esas líneas en 2022, solo 81 eran mujeres.

Además, la tierra a la que acceden como propietarias tienen la característica de ser predios concentrados en minifundios, más pequeños con relación a las hectáreas adquiridas por los hombres.

Punto 2: Participación Política

En el Acuerdo de Paz se indicó que las mujeres tienen mayores barreras sociales para acceder a la participación política “como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, así como de condiciones estructurales de exclusión y subordinación”.

Por eso, el Acuerdo de La Habana establecía que se necesitaba fortalecer a las organizaciones y movimientos sociales en los que se encuentran los de las mujeres. El mayor avance de este punto es la llegada al Congreso de las 16 curules para las víctimas, pero aunque su conformación se hizo con listas paritarias, no tuvieron enfoque de género y sólo se eligieron a tres mujeres.

El informe evidencia un aumento en la violencia política hacia las mujeres que ejercen roles de liderazgos. “El 19.1% del total de agresiones registradas en el periodo electoral estuvieron dirigidas a mujeres y el 80.9% restante a hombres”, dice el informe citando a la Misión de Observación Electoral. El documento resalta la conformación de la delegación del gobierno para los diálogos con el ELN, donde ocho de los 16 integrantes son mujeres.

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Punto 3: Reincorporación

Frente a la reincorporación económica y social, el informe alerta sobre la continuidad de los roles asociados al género. Los datos muestran que el 35% de las mujeres en proceso de reincorporación están dedicadas solo a las labores del cuidado, en menor medida a proyectos independientes (15%) o productivos (12,4%) y que un 49% no recibe una remuneración por estas actividades.

En la reincorporación política, apenas dos mujeres están entre los cinco senadores del partido Comunes que tuvieron los escaños garantizados para esa colectividad en el Acuerdo de Paz. En la Cámara de Representantes no hay mujeres por ese partido.

De acuerdo con el informe, en ese punto las labores fueron más dedicadas a fortalecer los Consejos Territoriales de Reincorporación (instancia que coordina la gestión de las instituciones en el territorio,) y menos a fortalecer el liderazgo político de las mujeres firmantes.

Sobre las garantías de seguridad, uno de los puntos más débiles de la implementación del Acuerdo de Paz por el asesinato de casi 400 reincorporados. El documento de la Ruta Pacífica afirma que 11 mujeres excombatientes de las FARC fueron asesinadas y ocho fueron víctimas de intento de homicidio, desde la firma del Acuerdo hasta septiembre pasado.

Punto 4: Solución a los cultivos de uso ilícito

El informe cita las cifras del Instituto Kroc, de las 82.358 familias activas en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), 35.902 familias tienen a una mujer como titular del programa, lo que representa el 36% del total. De estas mujeres, 30,724 se dedican a actividades de cultivo y no cultivo, mientras que 5.178 son recolectoras. Los departamentos con mayor número de mujeres titulares son Nariño y Putumayo.

“Aunque la participación de las mujeres y el ejercicio de liderazgo en el PNIS ha incrementado desde el 2017, aún persiste una brecha de género en la representación y la participación: el 73% de los líderes son hombres (918), y apenas el 27% son mujeres. En cuanto a personas LGBTIQ+, no hay información oficial de su participación”, dice el documento.

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Entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022, el avance en la entrega de los proyectos productivos para la sustitución fue mínimo, pasando de 689 mujeres a 710. “Según la información del SIIPO (Sistema Integrado de Información para el Posconflicto), el rezago en la estructuración de proyectos se atribuye a una asignación presupuestal insuficiente para el PNIS”, dice el informe.

Punto 5: Víctimas del conflicto

El documento resalta la inclusión de los testimonios de mujeres y población LGBTI, así como un panorama amplio sobre las violencias ejercidas contra ellos en la guerra, en el volumen ‘Mi cuerpo es la verdad’ del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

También se destaca la reciente apertura del macrocaso de violencia sexual y violencias basadas en género de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En cuanto a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), se reportan jornadas para lograr alianzas con organizaciones de personas con orientación sexual e identidad de género diversas.