El 16 de abril de 2006 una bomba destruyó una edificación ubicada en la diagonal 22c número 19 – 07 en el barrio Santafé, localidad de Los Mártires, hecho que obligó a las familias a abandonar sus residencias, puesto que el predio quedó inhabitable.
El artefacto explotó porque, al parecer, un integrante de las Farc, llamado Luis Alejandro Concha, fabricaba el explosivo cuando éste detonó causando la muerte de seis personas y arruinando por completo 16 viviendas y once locales comerciales.
Tres años después del atentado, las 14 familias denuncian que las cuentas de servicios públicos no paran de llegar y que es tanto el dinero adeudado que ya se perdió la cuenta.
Según los dueños de los apartamentos por avaluó catastral se deben unos 600 millones de pesos.
David Maldonado, propietario del edificio, cuenta que no ha valido de nada las denuncias interpuestas para que no sólo se deje cobrar servicios a un predio que no está habitado por nadie, sino también para que el Estado asuma los costos de demolición de las ruinas del edifico, lo cual ha incrementado la delincuencia en el sector, pues ese inmueble se convirtió en un expendio de droga y en albergue para cientos de habitantes de la calle, los mismos que roban en la zona.
El incremento de la delincuencia en el sector no solo afecta a residentes que viven cerca al edificio, sino también se convirtió en un peligro para más de 1.500 estudiantes de un colegio ubicado a tres cuadras.
Cuenta el señor Maldonado que en noviembre de 2006, el mismo año en que ocurrió la tragedia, la Fiscalía reconoció que eran víctimas de un evento terrorista, y que por lo tanto, le dieron a cada familia 800 mil pesos y un kit de aseo entregado por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE).
“Durante tres años el Estado no nos ha reconocido nada, ellos dicen que somos víctimas de un evento terrorista, y nosotros somos víctimas, pero de un atentado, pues la bomba que explotó en el edificio iba dirigida a puntos estratégicos de Bogotá durante la Semana Santa, pero por cosas de la vida nos tocó a nosotros”, dijo Maldonado.
No obstante, el Estado le ha contestado que ellos son los que tienen que asumir la demolición del edificio y que eso cuesta entre 50 y 70 millones de pesos.
Por su parte, otra de las víctimas de la tragedia, la señora Flor de María Romero, quien vivía en el apartamento 402 y propietaria del mismo, cuenta con dolor cómo ha tenido que vivir, desde ese entonces, en una habitación alquilada en una bodega que cuida.
“Lo único que tenía en la vida, lo perdí, el Estado no me ha ayudado en nada, estos tres años he vivido en total miseria”.
La familia Maldonado le pide al Gobierno ser escuchada y solicita que los dejen de perseguir como si hubieran sido ellos los culpables del incidente y que por favor “suspendan los cobros de impuestos y servicios públicos” y así mismo, que el Estado asuma los costos de demolición.
Ante la situación, la Personería de Bogotá está buscando mecanismos legales que obliguen al Estado a resarcir a los Maldonado y poner fin, al mismo tiempo, al peligro al que están expuestos los habitantes del sector. Así mismo, convocó a la Administración Distrital para buscar alternativas que favorezcan a la familias y a la comunidad.
El personero, Francisco Rojas Birry, cuestionó la demora en los procesos para reconocer los derechos de las víctimas del conflicto armado y dijo que "el abandono Estatal no puede generar inseguridad".
Cómo ocurrió la tragedia
En el apartamento 201 explotó un artefacto de gran poder que estaba en manos, al parecer, de un integrante de las Farc que tenía la orden de ubicar la bomba en una entrada de Bogotá para impedir el ingreso de los viajeros durante la Semana Santa.
La persona que vivía en ese apartamento se llamaba Luis Alejandro Concha, quien falleció por la detonación, en la misma vivienda residían sus padres, los cuales no se encontraban el día del siniestro.
En las investigaciones de la Fiscalía se encontraron documentos que indicaban que Concha pertenecía a ese grupo guerrillero.