El abogado defensor de las familiares de los desaparecidos precisó que no le sorprenden las objeciones del organismo de control frente al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que señala la directa responsabilidad del coronel ( r ), Alfonso Plazas Vega,en la desaparición y posterior asesinato de quienes integraban la cafetería del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Advirtió que esa reacción es lógica, si se tiene en cuenta que el procurador Delegado del caso, Jesús Vllabona Barajas, solicitó la absolución del ex comandante de Caballería, aduciendo que nunca estuvo al frente de la operación, en contraste con lo señalado en el informe, que es idéntica postura a la que guardan la Fiscalía y la parte civil.
Barrios manifestó que es preocupante que el ministerio público siga sosteniendo posiciones que, según precisa, están inspiradas en elementos muy distantes al derecho y que se han evidenciado en este caso, que lleva más de 23 años sin generar la primera condena, pese a que produjo la muerte de más de cien personas y las desapariciones de al menos 11 civiles.
"Esta Procuraduría hoy no sorprende en sus criterios. Ya el ministerio público ha tergiversado la realidad procesal, distorsionando la prueba, manipulándola. Emitió un concepto de absolución que es absolutamente descabellado. La Procuraduría cumple hoy un papel que nos es el que realmente le corresponde en la justicia colombiana", dijo el abogado al ElEspectador.com.
Aclaró que, muy seguramente, la juez no va a citar el informe como prueba, pero que confía que en su leal saber y entender tenga en cuenta los argumentos allí citados, pues ratifican muchos de los elementos que sustentan la acusación y que fueron vueltos a exponer en los alegatos de conclusión de la Fiscalía y la parte civil.
Entre tanto, la defensa sigue desestimando la veracidad de estas aseveraciones y asegura que los testigos citados por la parte civil para insistir en su acusación, han sido desestimados por diversas autoridades, principalmente la Procuraduría, que en 1989 rechazó el informe presentado por el ex uniformado Ricardo Games Mazuera, pero cuyas denuncias coincidieron con las declaraciones de testigos como Edgar Villamizar y Tirso Sáenz, que fueron tenidas en cuenta por el Juzgado del caso, pese las objeciones del delegado por el organismo de control.
Así mismo, persiste en manifestar que las necropsias de los reportados como desparecidos fueron suministradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal. En este particular, el abogado Pedro Capacho aseguró que en uno de los documentos se evidenciaba la identificación del cadáver de Carlos Augusto Rodríguez, uno de los desaparecidos.
El anuncio motivó el traslado de todos los intervinientes a Medicina Legal, desde donde se comprobó que no se trataba del entonces administrador de la cafetería, sino de un ciudadano que respondía al nombre de Carlos Orlando Rodríguez, quien había muerto en un accidente de tránsito durante la misma época del holocausto del Palacio de Justicia.
Con todo y la aclaración, la defensa sostuvo en su alegato y lo reitera hoy, que las necropsias aportadas por esa unidad de medicina forense dan cuenta de la identificación de las personas de la cafetería que, según aducen, murieron calcinadas en el cuarto piso, luego de que guerrilleros del Movimiento 19 de Abril, M - 19, los amarraran.
Frente a este argumento, la defensa y la Fiscalía aseguraron que en ese lugar no se encontraron evidencias de que los civiles hubiesen llegado allí y precisó que el incendio fue provocado por varios rockets disparados por la fuerza pública desde afuera y dentro del edificio.