Imputaron cargos al exgerente del Hospital Universitario del Valle

Un nuevo pleito penal enfrenta el exgerente del Hospital Universitario del Valle, Jaime Ramón Rubiano. La Fiscalía le imputo cargos por irregularidades que se habrían presentado en la construcción de una cancha sintética para la entretención de los funcionarios del centro de salud.

Lea: Joven de la minga indígena resultó gravemente herido tras caer de una chiva

Las irregularidades se habrían presentado entre abril y junio de 2014, cuando se adjudicó el contrato para la construcción de la cancha, por un valor de $176 millones. Lo que cuestiona el ente investigador es que se abrió el proceso sin tener en cuentas los requisitos legales, ni se cumplió con lo que dice el manual de contratación del hospital, ya que no estaba dentro del banco de proyectos previstos para el lugar.

Entre las pruebas entregadas por la Fiscalía, se indica que el contrato se adjudicó con base en un informe llamado“Análisis de conveniencia para el diseño y la construcción de una cancha sintética de fútbol en el parqueadero de enfermería del HUV”, pero en el documento no se incluyeron ni los estudios previos, la necesidad de la obra, la conveniencia, ni la planeación.

Le puede interesar: Hombres armados intentaron secuestrar a estudiante en un colegio en Buenaventura

“A pesar de estos hechos, al parecer, el exgerente ordenó realizar la convocatoria pública, divulgar los pliegos y designó el comité evaluador para suscribir el contrato. Indagaciones preliminares señalan que la obra fue recibida a satisfacción”, indica la Fiscalía.

Debido a estas irregularidades, el ente investigador indicó que poco tiempo después el hospital tuvo que hacer un nuevo contrato para tumbar un muro que ponía en riesgo a quienes utilizaban la cancha sintética, por lo que imputo a Rubiano por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En la audiencia, el exgerente del Hospital Universitario del Valle no aceptó los cargos.

En agosto de 2022, Rubiano fue condenado a cinco años y siete meses de prisión por la adjudicación de un contrato de $10 mil millones con una unión temporal que no cumplía con los requisitos de la liquidación, para la “compra, suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, elementos médico-quirúrgicos, material de osteosíntesis, preparaciones parenterales y dispensación (de) dosis unitarias”.

De acuerdo con las autoridades, el servicio podría prestarlo el hospital, sin necesidad de contratar un tercero, por lo que se generó un detrimento patrimonial a la entidad.