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El Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales emitió un fallo en primera instancia en el que suspende el decreto con el que se estableció el cierre temporal, de dos días al mes, de Playa Blanca, Cartagena, en respuesta a una acción interpuesta por la comunidad de Barú que ha protestado en las últimas semanas.
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“La medida, si bien tiene como fundamento la protección ambiental, compromete los derechos de la comunidad afrodescendiente que reside y trabaja del turismo, de la explotación de los recursos naturales de esas playas, y se ve directamente afectada en sus dinámicas sociales, culturales, económicas, laborales y ancestrales al restringírseles su uso”, indica el fallo.
El juez resalta que previo a la expedición del decreto no se socializó la medida con los consejos comunitarios de Barú, Ararca, Santa Ana y Playa Blanca, por lo que la alcaldía de Cartagena habría violado los derechos al debido proceso y a la concertación de la comunidad afrodescendiente de Barú.
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Por esto, el fallo suspende el decreto por cuatro meses y ordena a la alcaldía a realizar consultas previas durante este tiempo. Si esto no ocurre, quedaría completamente suspendido el decreto.
Los cierres han sido reprochados por los operadores turísticos de Barú, debido a que la noticia no fue socializada y, señalan, afectaría el turismo y los paquetes vendidos durante las fechas en que se programaron los cierres. Ante esto, se han presentado manifestaciones y bloqueos en el puente Campo Elías Teherán, por parte de los lugareños que han exigido cambios en la regulación a la alcaldía.
El próximo cierre estaba previsto entre el 24 y 25 de octubre.