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En la tarde de este lunes 31 de agosto, la Procuraduría le formuló cargos al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y a los exconcejales Vicente Blel Scaff, Edgar Mendoza Saleme y Luis Cassiani Valiente, del periodo 2016 - 2019. Esto se debe a que presuntamente comprometieron vigencias futuras por 15 años, que superaron los $343.067 millones, para ejecutar obras de saneamiento básico.
Procuraduría (@PGN_COL) formuló pliego de cargos al exacalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y a los exconcejales Vicente Blel, Edgar Mendoza y Luis Cassiani
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 31, 2020
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El órgano de control informó que a los exconcejales se les cuestiona porque podrían haber incurrido en el delito de prevaricato por acción. Aparentemente, votaron de manera afirmativa el Proyecto de Acuerdo 39 de 2016, que posteriormente se convirtió en el Acuerdo No. 23 del 27 de diciembre de 2016. En este se aprobaron vigencias futuras excepcionales, sin que se cumplieran los requisitos y las reglas previstas en la ley para la aplicación de esta figura presupuestal.
A Duque, exmandatario local, se le formuló el cargo por presentar dicho proyecto, por medio del cual se le autorizó al entonces alcalde para que, por el término de 15 años (a partir de la vigencia fiscal 2017 y hasta 2031), pudiera transferir anualmente a la Empresa de Desarrollo Urbano Edurbe S.A. los recursos que recibía el ente territorial del Sistema General de Participaciones.
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“Al parecer, producto de la aprobación del acuerdo, el exmandatario local celebró el Convenio Interadministrativo No. 4, del 2 de febrero de 2017, con la Empresa de Desarrollo Urbano, sin que presuntamente adelantara el trámite y cumpliera con los requisitos previstos en la ley para su aprobación y ejecución”, explica la Procuraduría.
El órgano de control señaló que el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la invalidez del acuerdo por encontrarlo violatorio de la Ley 1483 de 2011 y su Decreto Reglamentario 2767 de 2012. Además, dicho Tribunal indicó que al haberse autorizado al alcalde para transferir los recursos del Sistema General de Participaciones a la Empresa Edurbe se violaron las normas presupuestales de disciplina fiscal.
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El ente de control reprochó a los investigados la presunta violación de normas que regulan la aprobación de vigencias futuras y el desconocimiento del principio de moralidad administrativa de la función pública.
Finalmente, la Procuraduría calificó, de manera provisional, la presunta falta de los investigados como “gravísima a título de dolo”.
Otras investigaciones
En octubre de 2017, Duque renunció a su cargo desde la cárcel de Sabanalarga, donde permanecía privado de la libertad tras estar involucrado en un proceso penal tras la irregular elección de la contralora Distrital Nubia Fontalvo. Por eso, ese año se convocaron elecciones atípicas en Cartagena.
Según la investigación de la Fiscalía, Duque, su primo José Julián Vásquez y Fontalvo estaban detrás de una red de corrupción que se organizó para que esta última ganara la elección como Contralora Distrital, en alianza con 12 concejales de la ciudad.
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El entonces fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que los exfuncionarios ofrecieron dinero y cargos públicos para lograr su cometido y que Fontalvo se posesionara como contralora en 2016. Una vez se conoció esta investigación, la Fiscalía pidió cárcel para los involucrados y un juez de Cartagena, en septiembre de 2017, aceptó la solicitud.
En junio de 2018, la Procuraduría suspendió e inhabilitó a Duque por 10 meses cuando estaba en la cárcel, acusado de omitir “el deber de asegurar en debida forma que las construcciones de la ciudad cumplieran las normas de urbanismo y las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”. Esta problemática se puso en evidencia a raíz del colapso del edificio Portal de Blas de Lezo II en abril de 2017, que causó la muerte a 21 personas.
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En agosto de 2018, Duque quedó libre, pues de acuerdo con la solicitud avalada por el juez, la Fiscalía no presentó las pruebas dentro de los 244 días que tenía para hacerlo. En ese momento, también quedaron en libertad Vásquez y Fontalvo.
La Fiscalía nuevamente emitió orden de captura en contra del exalcalde en diciembre de 2018. En ese momento era investigado por una serie de irregularidades en la contratación de servicios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Dichas irregularidades se presentaron en contratos firmados por el distrito entre abril y agosto de 2016. El primero de ellos por un valor de $8.427 millones con la fundación Redcom de la ciudad de Pasto (Nariño) mediante la modalidad de urgencia manifiesta. El segundo, por $15.831 millones, fue con el consorcio Proescolar por una suma de $15.831 millones, que además tuvo una adición por más de $7 mil millones en diciembre de ese mismo año. Según la investigación, estos negocios se firmaron sin cumplir con los requisitos legales necesarios.
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