Comunidades de Córdoba piden “saldar la deuda histórica”

En representación de más de 22.000 familias, voceros del GTTC viajaron a la capital del país a interponer una acción popular ante el Tribunal Superior de Bogotá. Imagen de referencia.

“Nos han revictimizado, no nos solucionan la legalidad de las tierras y tampoco tenemos seguridad jurídica. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos el día que muramos?, ¿problemas, deudas o un pedazo de tierra?”.

La voz que clama al Estado por una pronta solución a problemáticas como la titulación de tierras, el reconocimiento de cabildos indígenas y la protección de la biodiversidad del departamento es la de un vocero del Grupo por la Tierra y el Territorio de Córdoba (GTTC), quien pidió no ser identificado debido a los riesgos de seguridad que afrontan él y sus compañeros reclamantes.

“Los incumplimientos del Estado profundizaron las condiciones de vulnerabilidad de Córdoba. Tres procesos de desmovilización, muchos acuerdos, resoluciones, leyes, y a la fecha no ha habido respuestas; por este motivo decidimos emprender una acción popular que busca que se protejan los derechos colectivos de las comunidades”, dijo el vocero.

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El GTTC está conformado por trece organizaciones, comunidades y resguardos indígenas del departamento de Córdoba que, a partir del 2010, se unieron con el objetivo de superar la marginalidad, vulnerabilidad y afectación sufrida por diversos grupos sociales en el marco del conflicto armado. En representación de más de 22.000 familias, voceros viajaron a la capital del país a interponer una acción popular ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Estas comunidades se enmarcan en un contexto complejo y violento. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés), entre enero y julio de 2021, fueron afectadas 3.377 personas por violencia armada en Córdoba y más de 2.500 fueron desplazadas de sus territorios. En el departamento confluyen actores como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), la Segunda Marquetalia, Los Caparros y el Eln, quienes hostigan a la población con el fin de controlar las rentas del narcotráfico y otros negocios ilícitos.

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La Resolución Defensorial 058 de 2010 estimuló la creación del GTTC. El informe de la Defensoría del Pueblo estableció un diagnóstico de los derechos territoriales y ambientales de Córdoba, y determinó que la disputa por el control del territorio era la principal razón del despojo de tierras.

Además, evidenció la inexistencia de una política pública que permitiera a las comunidades desarrollar proyectos productivos sostenibles y mitigara la violación al derecho a la vida, al territorio y a la identidad cultural, gozar de un ambiente sano y la seguridad alimentaria.

A raíz de esta resolución, la Defensoría instó 22 requerimientos dirigidos a varias entidades gubernamentales, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, el entonces Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) y la Gobernación de Córdoba, encaminadas a asegurar los derechos colectivos de las comunidades del departamento. A pesar de que las acciones se reiteraron en resoluciones del 2012 y 2015, y que otras (como la 038 de 2005) recomendaron medidas para la protección del medio ambiente, los voceros del GTTC aseguran no ver avances en proyectos que garanticen sus derechos y dignidad.

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De acuerdo con Rafael Figueroa, abogado de Pensamiento y Acción Social (PAS), esta acción popular busca que se restablezcan los derechos a la moralidad administrativa y a un ambiente sano. “El primero se refiere al derecho a contar con un recurso efectivo para formalizar sus tierras en un tiempo razonable, debido a que estas comunidades llevan más de dos décadas en trámites administrativos que no concluyen (…) Por otro lado, se les ha vulnerado el derecho a un ambiente sano por la desecación sin control de la Ciénaga Grande del Sinú, lo cual impide el acceso a recursos hidrobiológicos como los peces”, afirmó.

Lo que piden

La primera pretensión de la acción popular radicada el 26 de noviembre es que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) concluya en un plazo máximo de seis meses la adjudicación y titulación de predios de 16 municipios para diez comunidades del departamento. Entre ellas se encuentra la Asociación de Campesinos Desplazados del Parque Nacional Natural Paramillo (Acdenap), con más de 1.207 familias en los municipios de Montelíbano y Tierralta. “Yo salí del territorio siendo una niña. Veo con mucho dolor que hay familias que no van a alcanzar a saber qué va a pasar. Muchos han muerto, otros siguen envejeciendo y algunos siguen esperanzados de que nos respondan”, aseguró una representante del GTTC.

También solicitaron al Ministerio del Interior el reconocimiento y la constitución legal de la totalidad de cabildos indígenas que componen el resguardo zenú del Alto San Jorge, en los municipios de San José de Uré, Planeta Rica, Buena Vista, Ayapel, La Apartada, Montelíbano, Puerto Libertador y Pueblo Nuevo.

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“En el 2020 logramos la constitución del resguardo emberá dochama, que se venía exigiendo hace treinta años. No se justifica que el Gobierno nos legalice solo un resguardo, con tantos predios que hay que formalizar debido a las alertas tempranas emitidas por el tema de seguridad”, destacó un vocero de la GTTC.

Otra de las pretensiones está relacionada con la culminación, a cargo de la ANT, de los trámites para la delimitación del baldío de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. También contempla el desarrollo de programas de fomento agroecológico y de proyectos de conservación de la biodiversidad, restauración ecológica y manejo sostenible de los ecosistemas. En estos casos hacen un llamado a entidades como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), para conservar los recursos naturales del departamento.

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Finalmente, comunidades, organizaciones y cabildos de Córdoba denunciaron el despojo de tierras en predios ya restituidos, además del fortalecimiento de los grupos armados a raíz de la pandemia. “Para ellos nunca existió el covid. Nosotros muchas veces los veíamos de civiles, pero desde la cuarentena se empezaron a meter uniformados hasta a los resguardos. Además, cuanto más se cerraron las oportunidades laborales, aumentaron los chantajes y engaños para reclutar a los jóvenes en los municipios”, concluyó un líder del GTTC.