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“Es la primera vez que se instala una comisión para hacerle seguimiento a una consulta previa”, dijo la senadora Imelda Daza, del partido Comunes. Era 12 de marzo y estaba dando las primeras palabras en la comisión accidental que ella impulsó y cuya tarea es la de hacerle seguimiento al proceso de consulta previa que se realiza en el corregimiento de Cañaverales, San Juan del Cesar, al sur de La Guajira. Allí, la minera Best Coal Company (BCC) quiere llevar a cabo el proyecto “Mina Cañaverales” para explotar carbón a cielo abierto por 10 años.
Cañaverales, un corregimiento de vocación agrícola, es clave en el plan de BCC porque es liderado por el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, una de las nueve comunidades que serán impactadas por la mina, y la única con la que la empresa aún no tiene un acuerdo. Para lograrlo, BCC y el consejo comunitario deben surtir un proceso de consulta previa, que es un derecho que tienen los grupos étnicos para decidir sobre las acciones, proyectos u obras que se pueden hacer en sus territorios.
Pero la minera argumentó que la consulta previa se ha dilatado, algo que niegan desde el Consejo Comunitario, y solicitó que se aplique el test de proporcionalidad. Si eso sucede, la consulta previa se descarta, se pasa a estudiar las afectaciones del proyecto y es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la que finalmente da el visto bueno o no a la mina. La posibilidad de saltarse la consulta previa fue lo que llevó a la senadora Daza a proponer que se le hiciera seguimiento al proceso.
Hasta el momento, la instalación de la comisión ha sido la movida más visible a nivel nacional sobre el proyecto minero. Pero hace parte de una serie de decisiones y medidas que, intencionales o no, pueden repercutir en la posibilidad de hacer una mina en Cañaverales y que se han venido impulsando desde finales del año pasado. Además, estas medidas son afines a las banderas ambientales que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro y de su propuesta de “pasar de una economía extractivista a una productiva”.
La comisión del Congreso está del lado de la comunidad
Hasta noviembre del año pasado, el proyecto minero de BCC en Cañaverales era un tema que se movía más en la agenda de La Guajira y el Caribe. Pero la intervención de la senadora Imelda Daza en una de las últimas sesiones del Congreso el año pasado, llevó a que este tema se pusiera en la agenda nacional. En su intervención del año pasado, Daza hizo un llamado para que se respetara la consulta previa asegurando que el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales se han opuesto a la mina desde 2009 y que esta “amenaza la supervivencia” del manantial que surte de agua al corregimiento y al menos otros cuatro territorios.
Daza le dijo a Consonante que conoció sobre el proyecto minero en Cañaverales de dos formas: porque una de las integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) es del corregimiento y porque hace unos cuatro años, en una visita a un festival de La Guajira, tuvo la oportunidad de hablar con representantes de Cañaverales que le contaron sobre la posible mina.
Desde entonces, la senadora ha seguido de cerca el proceso entre la comunidad de Cañaverales y el proyecto minero. En especial porque ve en la explotación minera una amenaza para la vida humana y la naturaleza. “Ellos (la minera) no cuentan eso, sólo hablan de un futuro prometedor. Yo estaba acá cuando se iba a iniciar la explotación de los carbones del Cerrejón y escuché cantidad de conferencias de las maravillas que iban a explotar”, dice Daza quien asegura que la mina del Cerrejón ha dejado pueblos fantasmas como el caso de Tabaco.
El llamado a respetar la consulta previa en Cañaverales se tradujo en una comisión accidental, como se le llama a la unión de varios congresistas que deciden hacerle seguimiento a un tema. A Daza se le sumaron otros siete senadores entre los que están Iván Cepeda del Polo, Aida Avella de Unión Patriótica, Aída Quilcué de Mais y Pablo Catatumbo de Comunes.
En la propuesta inicial que pasaron para crear la comisión su objetivo principal es hacerle seguimiento a la consulta previa. Pero entre sus funciones también está: presentar informes sobre los impactos sociales y ambientales asociados a la mina, fomentar la participación de la sociedad civil y la academia, y promover un diálogo transparente y constructivo asegurando “que la voz de la comunidad de Cañaverales sea escuchada equitativamente”.
Ese último punto es clave porque el sentir desde el consejo comunitario es que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp), del Ministerio del Interior, que debería ser imparcial, se ha inclinado a favor de la empresa minera. Así lo expresó Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales, en entrevista con Consonante a finales del año pasado: “La Dancp, no sólo sus funcionarios sino la dirección, le ha colaborado a la empresa con la aplicación del test de proporcionalidad porque es la que, en principio, dice si aplica o no. La dirección ha avalado lo que ha dicho la empresa para que pida el test”.
La senadora Daza también ha estado en desacuerdo con la forma en la que se ha dado la relación entre el Ministerio del Interior y la comunidad. Según contó, en la última reunión en Cañaverales en la que esa entidad hizo presencia y a la que ella asistió, notó que los funcionarios del ministerio estaban más interesados en escuchar a la empresa que a la población. “Cuando salieron a hablar los del consejo comunitario y comentaron el impacto que tendría la mina en el manantial y lo que representa para la creación de versos musicales y el impacto cultural en la comunidad, los funcionarios hacían gestos burlescos”, comentó.
Frente a las acciones e incidencia que puede tener la comisión en el consejo comunitario y en el proceso de consulta previa, la senadora Daza dijo que convocarán a una audiencia pública con las comisiones de Senado y Cámara en temas ambientales, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a voceros de partidos verdes en Europa para que los acompañen. La congresista no dio más detalles sobre lo que harán: “Eso no te lo puedo responder, no le voy a dar los argumentos a las BCC”. Pero aseguró que tienen un objetivo: “Se trata de buscar por todos los caminos que no se dé la licencia para explotar carbón en Cañaverales”.
La presencia de la senadora en Cañaverales, que viene desde hace años, y la creación de la comisión ha tenido una buena acogida por parte de la comunidad. Para Dayeli Gámez, del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, esa es una de las formas que tienen de incidir y demostrar que también tienen apoyo en otras instancias.
Por su parte, Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que desde su mirada personal, la comisión llega con prejuicios al proyecto: “Si la comisión fuera neutral, bueno; pero la comisión llega con un sesgo. En Cañaverales, la senadora Imelda nos dio un discurso en el que faltaba poco para que nos salieran cachos y cola, éramos como un demonio. Nosotros queremos ser objetivos, el proyecto no va a acabar con la vocación agrícola, ni con el manantial, es un negocio en el que todos participan”.
El Ministerio de Agricultura quiere incentivar la vocación agrícola
EEl 27 de febrero, en el polideportivo del Cañaverales, el Ministerio de Agricultura se reunió con más de 100 habitantes del corregimiento. Los dos funcionarios del ministerio que asistieron al evento abierto llevaron un aviso importante: Cañaverales será declarado un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), que son territorios rurales relevantes en la producción de alimentos que contribuyen al derecho a la alimentación. Por lo mismo, son zonas de interés especial que deben protegerse y en las que se debe promover el uso eficiente del suelo rural con fines agrícolas y ganaderos.
Las APPA son un esquema de ordenamiento territorial, es decir que la gestión y la planeación del lugar que es declarado como tal debe hacerse en función de esta. José Quiroga, director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Agricultura, asegura que la decisión de declarar a Cañaverales fue estratégica en dos aspectos.
El primero es que el corregimiento tiene un sistema de riego que ha permitido que en una región en la que prima un ecosistema de bosque seco, se produzcan múltiples alimentos como plátano y yuca. “En el peor momento del Fenómeno del Niño lo que garantizó la alimentación en la zona fue la acequia del manantial”, dice Quiroga y cuenta que el corregimiento es considerado la despensa agrícola del sur de La Guajira.
El segundo es que es una forma de garantizar que la comunidad sea consultada y que en lugar de que prime la vocación minera, se fortalezca la vocación agrícola. Quiroga explica que al declararse una APPA, la infraestructura, el comercio y la minería están supeditadas a esta. Eso podría ser un problema para el proyecto que quiere hacer BCC en Cañaverales porque, según el funcionario del ministerio, los efectos de esa declaratoria son inmediatos: “Sería un nuevo escenario que reafirma que no se puede explotar sin que se consulte a las comunidades y, si se hace, requieren los impactos y consecuencias ambientales del proyecto”.
Quiroga cuenta que estaban implementado la respectiva ruta metodológica que formularon para declarar una APPA cuando empezaron a escuchar y documentar el caso de Cañaverales con el proyecto minero. Eso los impulsó a que el área fuera declarada en la zona: “En el ministerio tenemos un mandato constitucional que es el de proteger y garantizar los derechos territoriales de los pueblos negros, indígenas y campesinos”. La declaratoria de la APPA aún no se ha firmado, pero en julio del año pasado se declaró la Zona de Protección de Producción de Alimentos, el territorio más amplio del que se seleccionan las áreas, que está integrada por nueve municipios, varios de ellos convergen o limitan con Cañaverales.
Para Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que acompaña el proceso del lado de la comunidad que se opone a la mina, lo que hace el Ministerio de Agricultura es cumplir con sentencias que ha dictado la Corte Constitucional en años anteriores. “No es un tema caprichoso del ministerio decir que hacen esto porque se les ocurre, hay múltiples sentencias judiciales que así lo ordenan. Lo que vemos es que el ministerio está tratando de cumplir con algunas pautas de esas sentencias como la de la Ventanilla Minera”, afirma.
La sentencia a la que se refiere Mateus confirma, por ejemplo, el amparo de los derechos colectivos a un ambiente sano, a la conservación de especies animales y vegetales y a la protección de áreas de especial importancia ecológica. Mateus también dice que la declaratoria del ministerio da insumos para evitar que se lleve a cabo el proyecto “Mina Cañaverales”. Según ella: “Ayuda a revalorar la vocación agrícola de un territorio para decir que ahí no puede primar un proyecto que destruya esa vocación en un mundo en el que estamos hablando de descarbonización”.
Por ahora, la resolución que oficializa la APPA está demorada. Las áreas debían determinarse en octubre, pero se prorrogó hasta enero y luego hasta abril. Según el Ministerio de Agricultura, la demora se debe a que siguen levantando información, pero la APPA es un hecho. Incluso la ministra Jhenifer Mojica se ha referido a esta en sus redes como una realidad. De hacerlo, sería la primera Área de Protección de Producción de Alimentos que se declara en La Guajira.
“Para nosotros es como un premio que nos merecemos. Queremos fortalecer nuestra vocación agrícola y no la minera que nos puede destruir el territorio. La declaración de la APPA seria un reconocimiento a nuestra labor campesinos”, dice Orangel Moya, integrante de la asamblea del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Pero no se trata sólo de la declaratoria, los habitantes del corregimiento también están esperanzados en las promesas que hizo el Ministerio de Agricultura en su visita.
Edwin Fragozo, un agricultor de 25 años, cuenta que la entidad se comprometió a apoyarlos con maquinaria, equipos e insumos para fortalecer el campo en Cañaverales. “También nos van a ayudar con la planificación porque uno siembra con la esperanza de vender, pero no sabe a quién. Lo importante es que las instituciones lleguen para reforzar la economía”, afirmó.
Por su parte, Bustos, gerente ambiental de BCC, dijo que están a la expectativa de lo que pueda pasar: “Estamos atentos a lo que defina el gobierno. Creo que las autoridades respetarán las concesiones mineras que se han otorgado porque esto no es ilegal. Ambas decisiones son del Estado, tanto las tierras para la producción alimentaria como para la explotación minera”.
Hay una decisión más que podría inclinar la balanza a favor de la comunidad que se opone al proyecto minero. Se trata del decreto firmado en enero de este año por el Ministerio de Ambiente en el que da los criterios para identificar, delimitar y declarar Reservas de Recursos Naturales. Entre ellos está que en el territorio haya áreas de importancia estratégica para conservación de recursos hídricos que surtan, por ejemplo, acueductos o que soporten la disponibilidad de agua para garantizar la alimentación.
En ese caso, el manantial de Cañaverales podría considerarse como una posible reserva porque aparte de surtir el riego, también hace parte del consumo diario y del acueducto comunitario del corregimiento. Bustos de BCC, cree que las condiciones para declarar la reserva e impedir la mina deben ser muy precisas e insiste en que la operación de esta sería muy pequeña y no generaría impactos ni al manantial ni a la región. Consonante intentó comunicarse con el Ministerio de Ambiente para conocer el alcance de este decreto, pero no contestaron las preguntas enviadas.
Para Mateus de Cajar, decretos como el del Ministerio de Ambiente son el aterrizaje del discurso que ha tenido el actual gobierno frente a la descarbonización, la protección del medio ambiente y la priorización del campo: “Por fin estamos viendo reflejados en algunos decretos de entidades del Estado la materialización de las banderas que ha tenido el gobierno a nivel nacional”.
La incertidumbre con el test de proporcionalidad
Mientras esas decisiones del gobierno obstaculizan el proyecto minero y benefician a la comunidad que se le opone, otras parecen incentivarlo. El ejemplo más reciente es el de la aplicación del test de proporcionalidad que se saltaría la consulta previa.
La empresa y la comunidad de Cañaverales esperaban el fallo del juez para definir si se aplicaba o no el test. Pero el 18 de diciembre del año pasado, el juez Ceilis Riveira del Juzgado Primero Administrativo de Riohacha dijo que esa labor le correspondía a la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp) y que debía atenerse a lo resuelto en octubre y noviembre de 2022 cuando el mismo juez ordenó suspender el test de proporcionalidad y reactivar la consulta previa, aunque esta decisión ha sido apelada por el ministerio.
Jaime Álvarez, gerente social de BCC, dijo que desde la empresa le pidieron a la Dancp que se pronunciara al respecto para saber en qué estaba el proceso. Álvarez aseguró que la respuesta fue que el test quedó en firme porque la comunidad fue renuente a hacer la consulta. Consonante conoció la respuesta al oficio que presentó BCC y que es firmada el 2 de febrero por el subdirector de gestión de la Dancp. Según esta, el test de proporcionalidad queda en firme. Sin embargo, desde el Consejo Comunitario dijeron que no han sido notificados sobre esta decisión. Hasta el momento, la jefa de prensa de la Dancp no respondió cuál es el estado de este proceso.
A pesar del aviso que recibió BCC, en la práctica continúan los intentos por defender la consulta previa con la puesta en marcha de la comisión del Senado. Ese mismo día, el Ministerio de Agricultura pidió ser un tercer interviniente para ayudar, desde el lado del corregimiento de Cañaverales, en el proceso de seguimiento de la acción de tutela que puso el consejo comunitario contra BCC, el Ministerio del Interior, entre otros, y con la que buscaban proteger el derecho a la consulta previa.
Por ahora, el oficio que deja en firme el test de proporcionalidad ha sido difundido entre la comunidad de Cañaverales, pero sin un documento oficial, como una resolución sobre lo decidido, y sin haber avisado a las partes, no queda claro cuál es el proceso a seguir. Mientras que para BCC es el de aplicar el test y luego esperar la respuesta en la Anla, el de la comunidad es seguir insistiendo en la consulta previa.