El riesgo de los líderes de Puerto Wilches, Santander

Es exigua la capacidad institucional para proteger a los líderes sociales de Puerto Wilches. / Óscar Sampayo-CRY-GEAM

Foto: Óscar Sampayo-CRY-GEAM

Un nuevo panfleto que declara como objetivo militar a nueve personas interrumpió la tranquilidad de los habitantes de Puerto Wilches, Santander. En menos de 20 días han recibido dos panfletos en los que, al parecer, el Clan del Golfo amenaza a líderes sindicales, ambientales, periodistas y hasta a un exalcalde del municipio.

Lo grave de estas amenazas es que en muchas ocasiones no se quedan solo en el papel, como en el caso del Carlos Eduardo Rincón Silva, un líder social del municipio reconocido por su lucha por los derechos de los trabajadores de las empresas de hidrocarburos en la región, quien fue intimidado y finalmente asesinado el viernes 19 de agosto.

Su asesinato hace parte de los 19 homicidios registrados en los primeros ocho meses de este año en el municipio. Este delito ha tenido un considerable aumento en comparación con años anteriores, pues en 2021 se registraron 13 y en 2020 fueron 12, según el registro de la Policía Nacional.

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En otros casos, los líderes prefieren salvaguardar su integridad y renunciar a sus cargos o salir del territorio, como le sucedió a Miladis Sánchez Ayala, quien se desempeñaba como presidenta de la Asociación de Juntas de Puerto Wilches y debido a las múltiples amenazas decidió dejar su cargo.

Como Sánchez, otras dos mujeres que ejercían liderazgos tuvieron que salir del municipio. El riesgo para las mujeres en el Magdalena Medio es aún mayor, según las lideresas de Puerto Wilches. De acuerdo con la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo emitida en 2018, en la que incluye a este municipio santandereano, “a diferencia de las amenazas dirigidas contra hombres, el lenguaje usado en los mensajes amenazantes incluye contenido sexista, alusiones al cuerpo de las mujeres e insinuaciones sexuales”.

Para la lideresa ambiental Michel Natalia Rangel, las amenazas a líderes y activistas empezaron cuando decidieron manifestarse públicamente por primera vez. “Desde la primera manifestación comenzaron las llamadas, hostigamientos, persecuciones, amenazas directas y también vemos que hay un patrón que se repite y es que las mujeres son las que más amenazas han recibido. Eso nos puso en alerta. En estos momentos tenemos una compañera exiliada, porque realmente las amenazas eran bastante graves”.

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Tanto los líderes que están en el municipio, como los que se han ido, coinciden en que las garantías para defender el territorio y los derechos humanos son escasas. Según el defensor del Pueblo del Magdalena Medio, si bien no todos los panfletos son originalmente del Clan del Golfo, tres personas mencionadas en estos han sido asesinadas.

“En nuestro municipio se han presentado cantidad de asesinatos y han sido así, amenazan a la gente y no amenazan en vano. Esto lo hace pensar a uno si realmente vale la pena arriesgar de esta manera la vida, la seguridad, por este tipo de liderazgos”, agrega Rangel.

Y es que las respuestas por parte de las autoridades locales no son alentadoras. Según los líderes que han recibido amenazas, la atención en sus casos es demorada, ya que acceder a las rutas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) les puede tomar hasta tres meses.

“Definitivamente la capacidad institucional de la administración municipal se queda corta. La Personería municipal es muy pequeña para una población de casi 50.000 habitantes, no tengo los recursos, esa es la problemática. Cuando se acercan a mí siempre les digo a las personas que están en riesgo por amenazas que les tengo malas noticias, porque no les podemos proteger la vida, ni la policía, ni la Alcaldía, ni la Personería. Deben protegerse ellos. Yo les doy unas pautas de autoprotección y esta es la verdad. No tenemos las condiciones para que ejerzan liderazgos”, sostiene el personero de Puerto Wilches, Rafael Centeno.

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¿Qué hay detrás de la violencia en Puerto Wilches?

Según la Personería, la zona más afectada es el casco urbano y las veredas cercanas a este municipio, que conecta el sur de Bolívar con Barrancabermeja, Santander. Las bandas delincuenciales de estos municipios y estructuras del Clan del Golfo estarían detrás de esta ola de violencia.

“Hay que entender que hay una reconfiguración en cuanto a diferentes actores armados que hay en el territorio. La AGC o Clan del Golfo están entrando fuertemente y además en el territorio operan estructuras herederas del Bloque Central Bolívar, las cuales tienen un dominio de ciertas prácticas como el narcotráfico, pero también relaciones con empresarios interesados en temas de contratación pública y en el sector petrolero, que terminan generando unos relacionamientos en cuanto a la contratación de esos bienes y servicios, evidenciando una falta de control en la contratación de la cadena de suministro y en la diligencia debida. Aún hay actores armados que operan en el Magdalena Medio y Santander con alianzas con la dirigencia empresarial y política de la región y el departamento”, explica Óscar Sampayo, integrante de la Corporación Regional Yariguíes.

Actualmente los líderes sindicales son los más expuestos. Si bien los líderes, lideresas y activistas ambientales también se sienten en riesgo, con el nuevo Gobierno Nacional dicen sentirse más escuchados y respaldados, teniendo en cuenta la postura que se ha tomado en temas relacionados con el fracking. Sin embargo, solicitan mayor presencia del Estado, a través de la representación del Ministerio Público y ofertas institucionales para la ciudadanía.