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Funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se reunieron hoy, 15 de marzo, frente de la Dirección General del ICBF, en Bogotá, y en las diferentes Direcciones Regionales y Centros Zonales, para protestar por la condena contra su compañera Kelly Tatiana Vergara en el caso de la Fundación Peces Vivos acusados de tortura física psicológica, por lo que además pidieron fortalecer sus despachos.
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Kelly Tatiana Vergara fue sentenciada a 36 meses de prisión por el delito de prevaricato por omisión en el caso de la Fundación Peces Vivos–operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y que funciona en la modalidad de internado para discapacitados mentales—, en Ibagué, de donde se enviaron a la cárcel, en 2017, a diez funcionarios por presuntamente haber sometido a torturas físicas y psicológicas a menores con discapacidades.
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En ese momento, familiares de los niños maltratados denunciaron que la funcionaria no emprendió acciones para proteger a los niños, pese a haber recibido las denuncias, y tampoco realizó el restablecimiento de sus derechos, de lo cual estaba encargada. Con base en esto, el pasado 11 de marzo, un juez condenó a Kelly Tatiana Vergara, el pasado 11 de marzo, después de tres años de haber sido acusada por la Fiscalía.
La Asociación Colombiana de Defensores de Familia (ACODEFAM) rechazó la decisión de condenar a Vergara, argumentando que esas acciones no se encontraban dentro de sus funciones como defensora de familia. Para los defensores de familia, las acciones no se llevaron a cabo por fallas institucionales que son responsabilidad de las direcciones del ICBF y no de los funcionarios.
“Los defensores y defensoras de Familia no somos responsables de las fallas institucionales, tampoco somos los que contratamos a los operadores que atienden a los niños, niñas y adolescentes a los que les ordenamos protección, y mucho menos supervisamos dichas instituciones, esa es la facultad de los Directores regionales” señaló ACODEFAM.
Dentro del comunicado de ACODEFAM los defensores también argumentaron que las protestas se realizan para solicitar a la directora del ICBF, Astrid Cáceres, que cumpla con la ley que ordena el fortalecimiento de los despachos y la mejora de las condiciones laborales.
“Esa ley venció en febrero del 2023, no se cumplió, y en el Plan de Desarrollo se aplazó para entrar en vigor en julio de 2024, fecha en la que también serán trasladadas a los Defensores las funciones para atender la violencia sexual en el contexto familiar”, se menciona en el comunicado.
ACODEFAM señala que con las nuevas leyes se les han venido trasladando más funciones, pero que no se han fortalecido los despachos y tampoco se han garantizado los requerimientos básicos que establece la ley por lo cual, bajo esas condiciones, la defensa de los derechos de los niños y niñas se dificulta.
El Fiscal de ACODEFAM, Leonel Barreto, también precisó que la asociación rechaza el borrador del Decreto con el cual se busca reglamentar el sistema de justicia familiar. De acuerdo con Barreto, las medidas contempladas en el borrador “favorecen a los Comisarios y debilita aún más a las y los Defensores de familia, ni siquiera menciona el Artículo 44 de la Ley 2126 de 2021, que ordena su fortalecimiento y mejoría salarial. En esas condiciones los Defensores de Familia no respaldamos Justicia familiar”.