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Hoy se vive una dramática situación que enfrentan las comunidades que habitan y transitan la frontera colombo-venezolana por cuenta de los enfrentamientos entre distintas estructuras armadas ilegales, las economías que fueron y son combustible de la guerra, la debilidad institucional y, por supuesto, el impacto de la falta de coordinación entre los países para buscar alternativas tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y riesgo de sus poblaciones.
Asimismo, esta publicación está acompañada de un documento de recomendaciones construidas con base en esfuerzos ya realizados por organizaciones sociales territoriales, organismos multilaterales, Congreso de la República e institucionalidad, con el propósito de avanzar en la protección de las comunidades y de sus líderes y lideresas sociales. Durante el año 2021 fueron desplazadas de los 35 municipios colombianos de frontera con Venezuela 10.166 personas. Desde el 01 de enero hasta el 31 de julio de 2022 fueron desplazadas 12.2091: en tan solo los primeros siete meses del año se superó la totalidad del año anterior. Solo los municipios de Arauquita y Saravena concentraron la mayor parte de este incremento, debido a las fuertes confrontaciones experimentadas entre el ELN y los Grupos Armados Pos FARC o disidencias del Frente 10 y del 28.
A su vez, desde el 01 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2022, fueron asesinados 39 líderes y lideresas sociales en los 35 municipios de frontera, 26 de estos líderes, es decir, el 66,6%, fueron ultimados en los departamentos de Norte de Santander y Arauca. Esta es tan solo una muestra de la grave situación que atraviesan las poblaciones fronterizas.
Cuando realizamos el trabajo de campo tanto en Norte de Santander como en Arauca, todas las personas que nos ayudaron a comprender el contexto referían un vínculo muy estrecho entre el pueblo colombiano y venezolano; vínculos familiares, de amistad, económicos, comerciales y de solidaridad, hacían de los y las habitantes de ambos lados de la frontera grupos sociales cohesionados con una relación histórica.
La ruptura de relaciones diplomáticas con las subsecuentes restricciones a la movilidad en las fronteras tuvo como resultado, además del deterioro del tejido social, el fortalecimiento de los grupos armados y de la criminalidad, puesto que la ausencia de coordinación fue aprovechada para refugiarse en uno y otro lado de la frontera. A su vez, las trochas ilegales o pasos se convirtieron en un negocio para legales e ilegales, quienes ante la compleja situación humanitaria venezolana encontraron la oportunidad perfecta para aprovecharse de la vulnerabilidad de las y los migrantes provenientes de Venezuela.
Hoy la frontera Colombia-Venezuela está bajo el control del ELN y otras estructuras armadas ilegales, mandan más y de manera más eficaz que las Fuerzas Armadas estatales, hay amplia evidencia de ello, que demuestra el control efectivo que tienen sobre el territorio, esto es particularmente notorio en el Catatumbo y Arauca, pero igualmente se da sobre territorios del Cesar y La Guajira, donde la frontera es controlada por mafias e irregulares que imponen sus normas y acción autoritaria.
La situación de control del ELN es muy importante en el Alto Catatumbo y ha crecido en el conjunto del Catatumbo hasta llegar ese proceso de ampliación y presencia en el territorio hasta el área metropolitana de Cúcuta, donde se ha librado una confrontación por quién tiene preeminencia en su área rural.
Esta lucha persiste hasta el presente y en ella, el ELN ha ganado terreno a Los Rastrojos y grupos ligados al Clan del Golfo, los cuales han luchado por no perder este corredor muy importante para el narcotráfico, contrabando y tránsito de armas y pertrechos que provienen del mercado Venezolano, donde históricamente ha existido oferta amplia para los ilegales colombianos y donde ninguna autoridad, ni antes ni después del chavismo, ha logrado superar esta situación ligada a una amplia corrupción en las instituciones de seguridad venezolanas, tema muy delicado a tener presente.
En Arauca se vive una intensa violencia que ha cobrado en lo corrido del año más de 300 vidas, lo cual puede colocar la tasa de homicidio este año en una cifra de 150 homicidios por cien mil habitantes o más alta, una verdadera tragedia de un territorio que ha sido de los más victimizados en esta larga violencia.
La disputa en curso entre el ELN y las disidencias de las FARC tiene como razón central el uso del territorio. No solo en esta, sino en anteriores confrontaciones, esta ha sido la principal motivación: quién manda y cómo lo hace. En este caso la confrontación se abrió en enero de este año, al considerar el ELN que un enorme crecimiento de las estructuras de las FARC, en buena medida con nuevos combatientes, muchísimos recursos provenientes del narcotráfico y una desbordada acción sobre territorios de presencia histórica del ELN y una amplia política de extorsión, evidenciaba una decisión desde las estructuras provenientes de las antiguas FARC de sacarlos del territorio. Eso fue lo que leyó el Frente de Guerra Oriental del ELN y su estructura más importante, el Frente Domingo Laín, para tomar la decisión de abrir una confrontación que el 2 de enero dejo 22 personas muertas de manera simultánea en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Arauquita, y que a la fecha no tenemos certeza de cuántos de los más de trescientos homicidios que van en Arauca corresponden a reales combatientes.
De lo que sí hay certeza es que muchos civiles han terminado en medio de esta terrible violencia y hoy están muertos, como es el caso del diputado a la Asamblea Departamental, Carlos Hernández, quien fue asesinado el pasado 30 de junio y que varias versiones apuntan a que su muerte está en relación con esta confrontación, y así hay por lo menos doce dirigentes sociales y comunitarios asesinados.
La política de paz total del nuevo gobierno tiene enormes desafíos en la frontera, que se verán a lo largo de este informe. No obstante, desde Odevida estamos convencidos de que otra realidad es posible de la mano del trabajo permanente y sostenido de las organizaciones sociales territoriales y nacionales, del compromiso de la institucionalidad en su conjunto, de organismos multilaterales y de la comunidad internacional.
Por supuesto, es imperativo el avance en las negociaciones entre el Estado y el ELN, que, como se plantea en las recomendaciones, debe poco a poco desescalar la violencia entre las partes y aliviar la situación de las comunidades que viven en medio de este conflicto. Esto debe ir acompañado, por supuesto, de una política de construcción territorial e integral del Estado y del acogimiento a la justicia por parte de estructuras criminales, intentando sincronizar los tiempos con el proceso ELN.
Como se plantea a lo largo del texto, la presencia del ELN y de las disidencias de las FARC en Venezuela han adquirido otra connotación. Antes, estos grupos utilizaban el territorio venezolano como refugio; en la actualidad tienen presencia permanente con acciones sostenidas que amenazan el control territorial del vecino país, asunto por el cual se han presentado múltiples combates entre las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB) y las disidencias. En este sentido, es prioritario el compromiso de la sociedad y el Estado venezolano en la política de paz completa para materializar el anhelo de vivir sin miedo.
Aquí pueden leer el informe de manera integra: