Una crisis dentro de otra: los migrantes venezolanos en la pandemia

Colombia enfrenta al coronavirus y su consecuente cuarentena en medio de una de las crisis de refugiados más grandes de la historia moderna. De los poco más de cinco millones de venezolanos que decidieron salir de su país, 1′825.687 están en el territorio nacional. A pesar de que en las últimas semanas se hizo foco en las 45.000 personas que regresaron al país vecino, la realidad es que eso solo representa el 2,4 % de la población migrante. La atención al restante 97,6 % supone retos aún mayores a los que este fenómeno suscitaba antes de la aparición del COVID-19.

Samira es de Maracaibo, en el noroccidente de Venezuela y a 141 km de Maicao, en La Guajira. Llegó a Colombia a principios de 2019. Estaba junto con Nicole, su bebé de año y medio, en las calles de Bogotá en una fecha impar, jornada donde por el pico y género aplicado en la ciudad les correspondía salir a los hombres. “Vine hoy porque no tengo plata. Ayer los policías nos subieron a una patrulla y nos dejaron en Usme. Tengo que pagar $100.000 y no los tengo”. Samira cuenta que el dueño del lugar donde vive le sacó sus cosas del cuarto, las dejó en el pasillo y le dijo que tenía que pagar al menos $50.000 para poder ingresar de nuevo. El hombre la sentenció cuando le advirtió que a él no le importaba lo que hubiera dicho el presidente, refiriéndose al decreto donde quedó establecido que durante el aislamiento estaban prohibidos los desalojos.

Una encuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm), publicada el 6 de mayo, concluye que el 53 % de la población migrante en Colombia necesita ayuda para pagar el arriendo durante la cuarentena, el 5 % dice estar en riesgo de desalojo. Además, el informe establece que antes del confinamiento el 91 % de los hogares encuestados reportaban que su principal fuente de ingresos era el trabajo remunerado. Durante el aislamiento ese índice bajó al 20 %. Cerca de la mitad de los venezolanos que viven en Colombia no tiene ninguna entrada económica en esta época.

Nayrimi Valbuena hace parte de los venezolanos afectados por la cuarentena. Es de Caracas, graduada como técnica en radiología y vive en Barranquilla. En la capital del Atlántico vendía tinto en una plaza y los fines de semana trabajaba en un billar. La dueña de la casa donde duerme les pidió a Nayrimi y a su compañero de cuarto que se fueran. Dice que son un riesgo porque ella es una persona mayor y ahí vive con su nieto que fue operado a corazón abierto.

Monseñor Víctor Ochoa es el religioso que coordina los comedores solidarios para migrantes en Cúcuta, donde llegaron a atender a cerca de 13.000 personas por día; hoy, debido a la emergencia, organiza entregas de mercados que ya van por los 40.000. Dice que la pandemia en medio del fenómeno migratorio es “una crisis dentro de la crisis”. Socorro Ramírez, profesora de la Universidad Nacional y miembro de la organización Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, explica que la vulnerabilidad de los venezolanos en estos tiempos aumentó de una manera exponencial. “La mayoría de esa última ola larga (migrantes llegados desde 2017 en adelante) viven de vender dulcecitos en las calles o en los buses. Con la cuarentena han tenido que dejar esos espacios”. Dice, además, que especialmente esa última parte del éxodo está conformado por personas sin mayores niveles de educación formal, con precariedad de recursos y experiencias que puedan poner a disposición de su inserción social.

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Desde Presidencia, la Gerencia de la Frontera, liderada por Felipe Muñoz, es la entidad encargada de articular las acciones para la atención a los venezolanos. “Tuvimos que adaptar un plan de seis puntos con la convicción de que la pandemia no pide pasaporte y que los programas del Gobierno tampoco podían hacerlo”, dijo Muñoz. Este programa incluye garantizar el acceso a la salud a todos los migrantes, incluso de quienes no tengan el Permiso Especial de Permanencia, y el ajuste de los programas de cooperación internacional, que también busca conseguir más dinero para atender la emergencia.

“Las políticas nacionales han quedado cortas ante la magnitud de la problemática”, dice Ramírez. Sin embargo, reconoce que la situación no se trata solo de voluntad política, también sobre financiación. “Salir a buscar recursos no es fácil, pero nosotros tenemos la obligación política de hacerlo. Atender a los migrantes pudiera estar costando alrededor de US$1.000 millones y en cooperación internacional hemos recibido unos US$150 millones anuales en los últimos tres años”.

Dany Bahar, doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard y miembro del centro de investigación Brookings Institution, afirma que la crisis migratoria de Venezuela puede ser la más grande y con menos fondos en la historia moderna. En una comparación entre los primeros cuatro años de la situación de Siria con la de Venezuela, la comunidad internacional apoyó el fenómeno migratorio del país árabe con US$7,4 mil millones, una brecha muy grande con respecto a los US$580 millones de atención a la crisis en esta región. “Esto se traduce en US$1.500 por refugiado sirio y US$125 por refugiado venezolano”, explicó Bahar.

Ramírez cree que habrá un incremento de la migración cuando se controle la pandemia porque la situación de Venezuela es de colapso. “Vamos a una poscuarentena que va a exigir que el Estado se vea rodeado de cooperación internacional y de iniciativa privada, para evitar que esta situación se convierta en un problema. No va a ser fácil por la precariedad en la que queda no solo todo el sistema de finanzas público, sino también los generadores de empleo. Ojalá que sea un desafío que genere mayores niveles de equidad y de inserción de poblaciones vulnerables”. Antes de la aparición del coronavirus Acnur advirtió que si la tendencia de migración sigue como hasta ahora, serían 6,5 millones de venezolanos los que abandonarían su país para finales de 2020. Esta cifra pudo haber sido pospuesta por la pandemia, pero lo más probable es que en el mediano plazo se llegue a concretar.