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Ya se tiene en firme la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellin (EPM). Este lunes 9 de enero, luego de la revisión de la compañía, se aprobó el nombramiento de los cinco designados por Gutiérrez y tres más por los vocales de control y el comité de usuarios.
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“Estos nombres y sus hojas de vida pasan a examen de EPM para cumplir con todos los requisitos del gobierno corporativo y que una vez se hayan cumplido esos exámenes los podamos designar y nombrar dentro de la junta”, explicó Gutiérrez tras su nominación.
Luego de tres días, EPM realizó esta validación y el pasado viernes 5 de enero el mandatario firmó el decreto con el que oficializó los ocho nombramientos.
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La junta directiva ahora la componen Felipe Bayón Pardo, quien fue gerente de Ecopetrol hasta el pasado 31 de marzo; Josefina Agudelo, que es empresaria del sector transporte y ocupa un cargo directivo del Grupo TCC; Luis Fernando Rico, exgerente de Isagen y quien en 2020 rechazó la invitación de Daniel Quintero a hacer parte de la junta directiva de EPM; Luis Felipe Henao, exministro de vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos, y Luis Fernando Álvarez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
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Las otras tres personas que completarán el grupo son Elena Rico Villegas, empresaria del sector eléctrico y gerente de la Feria Internacional del Sector Eléctrico (FISE); Alberto Arroyave Lema, exconcejal y líder social de Apartadó, y Gabriel Ricardo Maya, exmiembro de la junta de EPM y del Comité Intergremial del departamento.
Vale la pena recordar que la junta directiva de EPM la componen nueve miembros, entre los cuales está el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.
El Convenio Marco de Relación de la empresa establece que el alcalde de turno debe procurar que haya por lo menos cinco miembros de la junta que sean independientes de la administración distrital. A pesar de esto, Gutiérrez argumentó que los nombramientos que en su momento hizo el exalcalde Daniel Quintero fueron hechos “de manera arbitraria, inconsulta y desconociendo los principios del Convenio” y en consecuencia se debía renovar a sus integrantes para que se “garanticen los más altos estándares profesionales y ético”.