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El pasado 26 de enero murió el exguerrillero número 185 tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Luego de que saliera del Espacio Territorial de Reincorporación, en zona rural de Ituango, a 30 minutos lo alcanzaron los tiros de los sicarios que ya han asesinado, según lo denunció el partido de la exguerrilla, a doce excombatientes en ese municipio del norte de Antioquia. César Darío Herrera Gómez, quien fue conocido en la guerra como Lenis Callejas, quedó con vida en el lugar de los hechos, pero, luego de que sus compañeros lo recogieran, murió llegando al hospital del pueblo.
Seguido al hecho, el Gobierno dijo que la investigación la asumió la Fiscalía General de la Nación. Al mismo tiempo, los exguerrilleros han denunciado que tanto los homicidios como los anuncios de protección del Gobierno se repiten en el tiempo en medio de la impunidad y el desangre de quienes dejaron las armas en agosto de 2017. “El Gobierno Nacional no puede seguir ocultando este plan de exterminio contra la paz justificando que es un acuerdo semifallido cuando estamos asistiendo, cada tres días, al sepelio de uno de nuestros compañeros”, dice un comunicado que emitieron los líderes de ese espacio de reincorporación en Ituango.
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Este miércoles, se conocieron nuevos reportes de excombatientes de la zona, quienes denunciaron que las disidencias de las Farc estaban amenazando con tomarse la carretera que de Ituango conduce al corregimiento de Santa Lucia donde se encuentra el espacio de reincorporación. “El Ejército ha recomendado a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que no se movilicen el día de hoy, a menos de que lo hagan bajo su cuenta y riesgo”, escribieron los excombatientes y pidieron el acompañamiento de la Misión de la ONU en Colombia para verificar qué está pasando en la zona.
Por su parte, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, creada con el Acuerdo de Paz para investigar los homicidios contra exguerrilleros en proceso de reincorporación y sus familias, solo hasta la próxima semana, cuando se reúna la Comisión Nacional de Garantías, tendrá cifras de los asesinatos del primer mes de 2020. Aunque, desde 2017 hasta 2019, en sus estadísticas registra 169 crímenes contra exguerrilleros, de los cuales, 78 tienen algún avance en la investigación de los responsables y 91 casos aún están por resolver. De esos resultados, existen 23 condenas y 20 personas responsabilizadas de los homicidios. Otros 16 casos aún están en juicio.
Estos resultados están siendo vigilados por la comunidad internacional, pues la Unión Europea cooperó con dos millones de euros para que dicha Unidad Especial investigue los casos a fondo y entregue resultados estructurales de los crímenes contra los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias. Existen 93 casos de excombatientes a los que esta Unidad le atribuye responsables: 36 a las disidencias, 12 al ELN, 9 a las Autodefensas Gaetanitas de Colombia (AGC), 10 a organizaciones criminales pequeñas, 6 al EPL y 13 a particulares. Los demás actores, como la Fuerza Pública, tienen un caso registrado.
La impunidad sigue siendo el principal reclamo del partido político Farc, pues han dicho que entre menos se conozca quiénes son los determinadores de estos crímenes, más serán las víctimas ante la facilidad que tendrán los homicidas. "Estamos en una situación de exterminio a los firmantes de la paz", aseguró Pastor Alape, el jefe de reincorporación de la exguerrilla durante el evento “Hablemos de Verdad”, organizado por Colombia2020, en el que también le respondió a la ministra del Interior, Nancy Patricia Guetierrez, que el Acuerdo de Paz no era el fallido, sino el Gobierno de turno. Ahí, también estuvo cara a cara con el consejero presidencial, Emilio Archila, quien ripostó: "los malos son quienes los están asesinando".
Atentados, persecución y desaparición forzada
A la aparición de los cinco excombatientes de las Farc asesinados este año, se suman las denuncias de otros exguerrilleros que piden garantías ante los atentados y persecución por algunos miembros de la Fuerza Pública como ocurrió la semana pasada en Vistahermosa (Meta). Según un audio del exguerrillero Armando Rodriguez Ibarra, conocido como Daniel Reyes, el miércoles de la semana anterior fue perseguido por dos hombres vestidos de civil y luciendo botas pantaneras. Rodriguez, que iba en una motocicleta para su finca después de una reunión en la cabecera municipal, dijo que, tras varios minutos de acelerar y frenar su vehículo, finalmente pudo esconderse en un matorral de donde lo rescataron sus familiares.
Durante el hecho, cuenta el exguerrillero, él llamó a los miembros de su partido y a varias organizaciones de derechos humanos. Minutos más tarde, la alerta llegó a oídos del Ejército y la Policía, pues algunos comandantes que Rodriguez menciona en el audio adjunto en este artículo, lo llamaron para decirle que se trataba de una equivocación porque cuando arrancó él en su motocicleta los agentes creyeron que se trataba de un extorsionista. Después, los mismos hombres llegaron hasta su finca y lo convidaron a las oficinas de un batallón del Ejército en Vistahermosa, cosa que hizo, pero acompañado de su padre, porque, confiesa el exguerrillero, todo el tiempo temió por su vida.
Según las estadísticas de la Unidad Especial de la Fiscalía, entre 2017 y 2019, las tentativas de homicidios contra los excombatientes ascendieron a 24, mientras que se reportaron 12 casos de desaparición forzada. Un flagelo que, si se suma a los crímenes, es una bomba de tiempo para la estabilidad del proceso de paz.