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Las disidencias de las Farc están determinadas a crecer y todas las fuerzas de seguridad del Estado lo saben. El Ejército calcula que, en 2017, estas estructuras tenían alrededor de 1.500 miembros. Este año, dicen los militares, llegaron a los 2.600 hombres armados. Las cuentas de la Policía son un poco más altas: 4.398 integrantes. Se expanden a pasos agigantados, con el combustible que les dan el narcotráfico y la minería ilegal. Fuentes de inteligencia militar le aseguraron a este diario que, según han detectado, el plan de los disidentes es contar con 8.000 personas en sus filas para 2020. Y, en esa estrategia, el reclutamiento forzado es una táctica —aprendida de las Farc— a la que no van a renunciar.
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La semana pasada, el senador Roy Barreras informó desde el Congreso, durante un debate de moción de censura en contra del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, que siete menores de edad murieron durante la operación Atai, en la que también murió el jefe de la estructura 62 de las Farc, Gildardo Cucho, el pasado 29 de agosto. Fueron ocho, según la Fiscalía, una cifra que no es aún definitiva. “¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso al país? ¿O no le contaron sus hombres?”, le reclamó el congresista desde el atril. Una semana después, en medio de amenazas en su contra, Barreras sacó a sus dos hijos del país.
En Caquetá, por haber sido una de las retaguardias de las Farc, estaba más que cantado que las disidencias de esa guerrilla podían crecer. Un informe de riesgo enviado por la Defensoría del Pueblo al gobernador Álvaro Pacheco en enero de 2017, a menos de dos meses de haberse firmado el Acuerdo de Paz, advertía ya que los retrasos para concentrar desmovilizados aumentaban el riesgo de que surgieran disidencias. Desde entonces había jefes guerrilleros que le dieron la espalda al Acuerdo hablándole a la población civil de la “necesidad de colaborar”. No pasaría mucho para que esa necesidad se tradujera en reclutamiento forzado, como lo evidenció el bombardeo al campamento de Gildardo Cucho.
Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, la cual considera a las disidencias “un problema en auge”, indica que al menos en seis departamentos ya hay alarmas encendidas a raíz del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de las disidencias: Caquetá, Meta, Nariño, Guaviare, Vaupés y Vichada. Esa información coincide con los datos que ha recogido inteligencia militar en 2017, 2018 y lo que va del presente año. No es coincidencia que el reclutamiento forzado se esté llevando a cabo justo en las regiones donde las disidencias son más fuertes hoy. “Están reclutando entre las comunidades más vulnerables”, advierten fuentes militares.
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Luis Beleño, personero de Solano (Caquetá), lo confirma: “El perfil que buscan son niños muy jóvenes, vulnerables. El 70 % son indígenas”, dice el funcionario. Pero hacer estas denuncias tiene un costo. El pasado viernes, Beleño tuvo que huir de su municipio por amenazas contra su vida, luego de que sus palabras tuvieran —por fin— eco, en medio de la coyuntura que se generó con las revelaciones del senador Barreras. “Desde 2017 vengo denunciando, lo he dicho en todos los espacios que, se supone, son para tomar correctivos, pero nadie me oyó. Es muy triste ver niños de 12 años con un fusil, cuando deberían estar en una escuela, en un parque, en una cancha de fútbol. Les han quitado su niñez”.
Las alertas de la Defensoría del Pueblo, de 2017 a la fecha, han sido múltiples. El organismo les pidió en abril de 2017 a la Alcaldía de Tumaco, la Gobernación de Nariño y el Sena “implementar rutas de empleabilidad, programas de emprendimiento y productividad” para jóvenes de barrios marginales. Precisamente, jóvenes cuyas condiciones económicas facilitan el reclutamiento en una zona donde la estructura 29, bajo el mando de alias Sábalo (un antiguo guerrillero que estuvo más de 20 años en las Farc), ya está llevándose a niños y adolescentes a engrosar sus filas. En octubre de 2017, la Defensoría señaló que las disidencias también estaban reclutando en Policarpa (Nariño).
En Caquetá, el tema ha sido dramático, lo que no es gratuito: “Caquetá y Putumayo son vitales para los grupos armados organizados residuales (disidencias), en relación con sus planes financieros y estratégicos”, sostienen fuentes de inteligencia militar. “Las disidencias pretenden tomar control de los territorios y la población civil que antes detentaba esa guerrilla a través de intimidaciones, el cobro de extorsiones, el control de la economía ilegal de la coca, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la imposición de pautas de comportamientos y los ataques contra la vida e integridad personal. En especial riesgo se encuentran los niños, niñas y adolescentes”, indicó la Defensoría en noviembre de 2017.
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Desde la firma del Acuerdo de Paz, las alertas tempranas de ese organismo han sido una especie de bitácora frente a la evolución de las disidencias y sus acciones, incluido el reclutamiento forzado que tanto conmociona al país tras los develamientos del congresista Roy Barreras. Tampoco es en vano que las regiones donde se está ejecutando el reclutamiento forzado son aquellas donde hay cultivos de uso ilícito. En febrero de 2018, por ejemplo, la Defensoría resaltó que “las incursiones a los territorios (del Putumayo) han generado reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, creando un panorama de temor e inseguridad en la población”.
Como un cáncer que empieza a hacer metástasis, el crecimiento de las disidencias está marcando la suerte de varias comunidades. “La expansión de grupos disidentes de las Farc-EP generó un cambio en la dinámica del conflicto armado en los municipios objeto de la presente Alerta Temprana, que implicó un incremento de las restricciones a la movilidad de la población civil y de los casos de reclutamientos forzados, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados (…)”, señaló la Defensoría en enero de este año al destacar los riesgos que corren las poblaciones de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar. Allí está el frente Primero, con Iván Mordisco y Gentil Duarte a la cabeza.
Duarte, lo sabe bien la Fuerza Pública, quiere establecerse como el jefe de todas las disidencias de las Farc, y por eso la fuerza que ha adquirido en Guaviare no es despreciable. Los municipios donde tiene influencia en ese departamento son un buen ejemplo de cómo las disidencias están reclutando niños, niñas y adolescentes: la Defensoría detectó que en esa región hay amplias zonas boscosas donde los disidentes entrenan a los niños y jóvenes reclutados. Aunque, según inteligencia militar, las “escuelas de entrenamiento” se están acabando y ahora los van formando a medida que las tropas van avanzando por los territorios, pues militarmente es lo que más les conviene.
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El Ejército observa que las disidencias reclutan a menores de edad tal como lo hacían las Farc: los engañan, los provocan con promesas materiales o de poder, amenazan a sus familias y se los llevan. Las disidencias, sostiene inteligencia militar, no les están pagando salario a los menores reclutados, a pesar de que ese es uno de las ofrecimientos que más atraen al público. El tema es tan importante que la Jurisdicción Especial para la Paz abrió en marzo de este año el caso 07: “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”, y el pasado 28 de octubre, antiguos jefes guerrilleros fueron citados a rendir su versión sobre este grave delito. Pero, a las disidencias, ¿quién las hará rendir cuentas?