La carpeta del presidente Uribe

Desde ese momento, con la rubrica de Ovalle comenzaron a aparecer en algunos documentos que recopilaba el G-3 anotaciones que decían “Presidente”, señalando el expediente en el que debían ser clasificados.

En la carpeta mencionada se consignaba todo tipo de información —aquella obtenida de fuentes abiertas o la conseguida mediante las operaciones ilegales que realizaba el grupo— cuyo contenido fuera toda acción de los opositores y de las ONG tendiente a supuestamente “desestabilizar el mandato” del presidente Uribe. De esta forma aparece reseñado en uno de los resúmenes de la extensa investigación de la Fiscalía sobre el DAS: “A folio 375, donde se glosa un artículo de prensa del periódico El Tiempo del 24 de julio de 2005, se aprecian los manuscritos: ‘Lina P/F abrir carpeta ‘Presidente Uribe’ donde se incluyan informaciones para desestabilizar su mandato y continuidad…’ (sic)”.

Difícilmente puede suponerse que una carpeta con el título “Presidente Uribe”, cuya apertura la ordenó el coordinador del G-3, no haya sido puesta en conocimiento del interesado, quien además es responsable institucional del DAS. El Presidente de la República debió conocer al menos el contenido de esa carpeta, y debió conocer también que de su contenido hacían parte documentos públicos (recortes de prensa, declaraciones, entrevistas en medios de comunicación, etc.) pero también informes que eran fruto de la actividad de inteligencia ilegal: transcripciones de conversaciones interceptadas, notas de seguimientos, memorandos acerca de la obtención de datos sin las respectivas órdenes judiciales. Es natural que organismos de inteligencia del Estado investiguen cualquier eventual ataque contra el Presidente de la República. Lo que no es normal es que esa actividad se realice utilizando toda clase de medios ilícitos, como ha ocurrido efectivamente en el caso del DAS.

No es esta la única evidencia de que esas actividades eran ordenadas desde el Gobierno Nacional, y que a sus funcionarios se les informaba regularmente los resultados de esas operaciones. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha recogido testimonios en los que se detalla que los ex funcionarios del DAS Carlos Alberto Arsayús, Jorge Lagos y Fernando Tabares asistieron a diferentes reuniones en la Casa de Nariño con el fin de recibir instrucciones sobre el seguimiento ilegal a magistrados de la Corte. Dichos seguimientos habían sido dispuestos por la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien para emprender una “tarea” de semejantes alcances debió contar con la aprobación del Presidente de la República. Otro ex director del DAS, Jorge Noguera, amigo y ex colaborador del presidente Uribe, testificó ante los magistrados que le informaba personalmente al mandatario sobre los seguimientos realizados a sindicalistas. Como lo han aseverado los implicados, en todas estas sórdidas operaciones ellos cumplían órdenes que se impartían como parte de la política de seguridad democrática y de la llamada Inteligencia Estratégica, cuya orientación es potestad del Presidente de la República.

El episodio de las llamadas “chuzadas” —otro nombre para banalizar en Colombia los crímenes de lesa humanidad— ha puesto en evidencia algo más que la existencia de un grupo que hacía espionaje ilegal. Unidades como el G-3 y el GONI son apenas dos piezas del complejo aparato de criminalidad estatal que funciona en Colombia desde hace décadas, como lo reconocieron el ministro Valencia Cossio y el director del DAS Felipe Muñoz. El mismo aparato que ha eliminado al menos a 15.000 líderes de la oposición y que ha exterminado organizaciones enteras. En una entidad oficial que se desvía hacia la criminalidad sistemática, las órdenes y los reportes mantienen un sentido jerárquico. Por esa razón, la máxima responsabilidad recae en la cúspide, donde se encuentra “el hombre de atrás”. En este caso particular ese personaje es el presidente Uribe.