Ya el Gobierno ha empezado a anunciar medidas sobre tierras. Debería apurarse también a anunciarlas en relación con tres temas de especial preocupación para el Comité, sobre los cuales le dio un plazo de un año para que informe qué correctivos introduce: la ley 975 (“de justicia y paz”), las ejecuciones extrajudiciales de civiles por miembros de la fuerza pública y las actividades ilegales del DAS.

Sobre la ley 975, el Comité advirtió que el Estado está obligado internacionalmente a “investigar y castigar las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad”. Para el Comité, aunque el Estado diga que dicha ley no permite amnistías, “en la práctica existe impunidad para un gran número de graves violaciones de derechos humanos”, impunidad que contribuye a la repetición de las infracciones. También preocupan al Comité la falta de reparación judicial, el carácter asistencialista del programa de reparaciones administrativas y el no reconocimiento de víctimas de agentes del Estado, además de la extradición de jefes paramilitares que, a su juicio, impide los derechos a la justicia, verdad y reparación.

Sobre las ejecuciones de civiles por la fuerza pública, el Comité pidió suspender cualquier directiva ministerial que ofrezca recompensas y pueda conducir a graves violaciones, y reclamó eficacia en la investigación de los más de 1.200 casos judiciales, en los cuales hay pocas sentencias condenatorias. Urgió a “asegurar que estos crímenes queden claramente fuera de la jurisdicción militar”.

Y sobre el DAS, además de demandar pronta justicia, recomendó “crear sólidos sistemas de control y supervisión sobre los organismos de inteligencia y un mecanismo nacional de depuración de los archivos de inteligencia, en consulta con víctimas y organizaciones interesadas, y en coordinación con la Procuraduría”. El Gobierno le había dado a conocer al Comité la ley 1288 de 2009 sobre inteligencia, lo cual significa que para el Comité dicha ley no es suficiente.

Respecto del resto de recomendaciones, el Gobierno tiene cuatro años, que se vencen el 1° de abril de 2014, para presentar su séptimo informe al Comité. Allí también hay temas álgidos y de apremiante solución: desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas, desplazamiento, derechos de las mujeres y de otros sectores especialmente vulnerables, objeción de conciencia al servicio militar y Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.

Después de haber restablecido en sus dos primeras semanas las relaciones con Venezuela, es ineludible que el nuevo Gobierno adopte pronto, teniendo en cuenta a la sociedad civil, una política de derechos humanos que atienda estas autorizadas recomendaciones internacionales, muchas de las cuales habían sido expresadas de manera similar este año también por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos del Niño, la Alta Comisionada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana, entre otros.

*Director Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.