Dieron entonces la largada: explotación forestal y minera, construcción de puertos de aguas profundas, autopistas, hidrovías, ferrocarriles, canales interoceánicos, aeropuertos, bases navales, batallones. En el bajo Atrato, las motosierras de Pizano S. A., que estaban acabando con los cativales, hicieron eco del llamado y exigieron que se les concesionara también el medio Atrato. En el bajo Calima, Cartón de Colombia, que había peluqueado literalmente las selvas de la zona, pedía ampliación de los favores recibidos. A las minas del San Juan y del Telembí llegaron legiones de draguetas y retroexcavadoras provenientes del bajo Cauca y de Roldanillo. La ley consideraba baldías las tierras del Pacífico, así hubieran sido pobladas y trabajadas por negros cimarrones, negros libertos, negros libres, tres siglos atrás.

El conflicto quedó casado. Surgieron poderosas organizaciones que se opusieron a los intereses madereros y pelearon sus derechos ancestrales sobre tierras y aguas. Aunque en la Constituyente del 91 los afrodescendientes no tuvieron representación directa, por el artículo 55 transitorio se reconoció su existencia, sus derechos y sus organizaciones. Dos años después, el artículo fue reglamentado por la Ley 70, alma de la cual fueron la negra Piedad Córdoba, Francisco Rojas Birry, Eduardo Uribe, Manuel Rodríguez, Pastor Murillo, Zulia Mena, Carlos Rosero, Saturnino Moreno, Gabino Hernández y Myriam Jimeno, entre otros. En la historia de la ley Mónica Restrepo jugó un papel particular. Conocía a las comunidades, había vivido con ellas y llevó a la mesa de discusión el espíritu de identidad de los negros, su memoria y su honor.

Mientras tanto, la codicia blanca no daba respiro. Los grandes proyectos llamados de desarrollo hacían su entrada y con ellos la guerra. El Pacífico –desde la Serranía del Darién hasta el río Mataje–, que poca violencia había vivido, entró de lleno en el conflicto. Medellín, Pereira, Cali, Popayán requerían puertos –Tribugá, Málaga, Tumaco– y autopistas  –a Nuquí, a Buenaventura, a Panamá–. Los aserríos del bajo Atrato y del bajo Patía no daban abasto; las firmas farmacéuticas exploraban, esculcaban, clasificaban el biopacífico; las tenebrosas empresas palmeras se apropiaban de la fertilidad del Jiguamiandó, del Curbaradó, del Mira; las multinacionales de la minería cateaban centímetro a centímetro toda la cordillera occidental, por un sol y por el otro; los narcotraficantes controlaban –y controlan– esteros y bocanas, y los cultivadores de hoja de coca, corridos de las selvas y los llanos del oriente, probaban suerte en el Baudó, en el Naya, en el Micay. Paramilitares, guerrillas y Fuerzas Armadas regulares entraron antes, entraron al tiempo y entraron después de la gigantesca invasión de capitales a pescar en río revuelto.

En el Congreso se debate hoy un nuevo intento de ordenamiento territorial. Una  verdadera caja de pandora de donde puede salir un federalismo de nuevo cuño o una reorganización social y ambiental del país. Es urgente que sobre la base jurídica de los artículos séptimo y octavo de la Constitución y de la Ley 70 se impida que el Pacífico se convierta en una colonia de las regiones desarrolladas pasando por encima de la gente que lo ha conservado trabajando y sabe cómo vivir y gozar el ocio.

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Murió Monseñor Jaime Prieto, uno de los pocos obispos que llevó hasta sus últimas consecuencias, como se dijo algún día, las reformas del Vaticano II y las tesis de la Teología de la Liberación. Fue condiscípulo de Camilo Torres en el Seminario y como obispo de Barranca se puso al lado del pueblo llano. La paz, que vendrá, lo echará de menos.