Los planes son audaces. Quiere redefinir los linderos entre los bosques de niebla y los páramos productores de agua y los de los biodiversos bosques húmedos tropicales, para conservarlos con sentido de sostenibilidad futura, ofreciendo alternativas reales para raspachines y labriegos que sobreviven arando en las montañas.

Quiere quitarles las fincas a los narcotraficantes, que durante dos décadas comandaron una contrarreforma agraria en Colombia acumulando las mejores tierras fértiles. Sacará una ley con suficiente filo para hacer inmediato el traspaso a los campesinos de esas haciendas ganaderas, caja fuerte de los ilícitos. Ya el país sabe que los medianos y pequeños campesinos son más productivos. Hoy, con todo en contra, cosechan la mitad de la producción agrícola del país.

Con la Ley de Víctimas, que ya arranca nuevo trámite en el Congreso, buscará devolverles sus parcelas a quienes se las quitaron o las abandonaron en la carrera por salvar sus vidas. Y que sea tierra saneada, sin deudas, sin trampas.

La meta que aún se ve más borrosa, pero que será la medida de coraje de todo el proyecto, es la de ponerle valores catastrales a la tierra más cercanos a los comerciales para que los grandes propietarios, que hoy pagan impuestos cercanos a la ridiculez, giren lo que de verdad les corresponda. No hay herramienta más eficaz de justicia social que cobrar bien los impuestos. Es la más certera para desincentivar a los vivos que hoy albergan capitales en campos inútiles donde las vacas pastan a sus anchas. Si les sale caro, las venderán o empezarán a producir.

La voluntad para sacar adelante un campo colombiano como debe ser, parece genuina. Quizás, Colombia quiere seguir el camino chileno: armar un país en serio para hacer buenos negocios en el mundo. Se sabe que las naciones bárbaras, que no consiguen dirimir sus conflictos en forma civilizada, empiezan la carrera por los mercados internacionales con la tribuna en contra. A los parias que albergan mafiosos sólo les dejan el hueso del comercio internacional: negocios turbios, contaminantes, riesgosos, explotadores. O les toca regalarse como hizo el gobierno anterior: mineros del mundo, vengan que haré menos fastidiosas las exigencias ambientales y sociales; empresarios amigos, habrá zonas de francachela para que hagan su agosto.

Eso parece tenerlo claro el gobierno Santos, pero el solo arrojo presidencial no alcanza. Tendrá que caminar por una cuerda floja, difícil para el mejor malabarista. Con una mano, construir instituciones, hoy en ruinas, cuando no cooptadas. (El Incoder era una suerte de Hood Robin, que les quitaba a los pobres para darles a los ricos); sanear y recoger información, hoy incompleta, o poco creíble, del catastro, de las fincas incoradas, de las incautadas, de las robadas, del Registro; poner a la justicia al servicio de la causa.

Con la otra mano, en equilibrio político para no caer, debe blandir la espada y asestar golpes certeros que rompan los lazos entre política y mafias armadas que han azotado impunemente el campo desde los noventa, mientras impide que en la lucha caigan los que intenta beneficiar.

Cuenta con un capital de nueve millones de votos para lograrlo. Ojalá no se evapore cuando empiece a pisar callos.