México no es Colombia

Si es que la hay. Más allá del hecho de que la debilidad de las instituciones del Estado, la corrupción, la pobreza y desigualdad —problemas comunes a la mayor parte de América Latina y el Caribe— hace que ambos sean susceptibles a las actividades y el poder del crimen organizado, las similitudes son pocas.

Primero, la violencia en México, por más que proyecta una imagen de perdida del monopolio de la fuerza y control territorial del Estado, se limita a pocas zonas del país (aunque el hecho de que haya llegado a Monterrey, la capital de negocios del país, sugiere que está mutando). Segundo, el hecho de que la “guerra” del narcotráfico se libra entre los mismos carteles, por el control sobre el negocio, y entre el Estado y éstos, se refleja en las cifras de homicidios. Según la Procuraduría General, entre diciembre 2006 y enero 2010 un total de 17.754 personas fueron asesinadas por organizaciones criminales mexicanas, de las cuales 16.057 eran miembros de los carteles, 1.610 de la fuerza pública y 87 civiles inocentes. La reciente masacre de 72 migrantes en la frontera con Estados Unidos —aunque macabra e infame— parece ser una excepción en lugar de la norma. Tercero, la principal amenaza a la seguridad de México es el crimen relacionado con grupos narcotraficantes y no la insurgencia armada. Finalmente, el mismo hecho de que los comentarios de Clinton hayan suscitado tan fuerte reacción por parte del gobierno y la prensa mexicanos, obligando al presidente Obama y a varios otros funcionarios (incluyendo el Zar Antidrogas) a ratificarse, sugiere que México definitivamente no es Colombia.

Más sugestiva que la (mala) comparación y el debate que provocó fue la referencia que hizo Clinton al Plan Colombia, que calificó como “controversial”, pero efectivo, sugiriendo que deberían diseñarse estrategias equivalentes en México, Centroamérica y el Caribe. No es claro para qué la alusión y por qué ahora. La Iniciativa Mérida contempla un total de US$1.500 millones en ayuda a México entre 2008 y 2010, y el Congreso estadounidense acaba de aprobar US$175 millones adicionales, pero ha sido cuestionada desde varios frentes. Los republicanos la critican, en preparación para las elecciones de noviembre, por no ser más agresiva frente a la violencia generada por el narcotráfico mexicano, que amenaza la seguridad nacional estadounidense al “derramarse” por la frontera. Distintas ONG han manifestado preocupación de que es laxa a la hora de condicionar la ayuda a avances en materia de Derechos Humanos. Y hay serias dudas en ambos países de que la política esté funcionando.

En lugar de ofrecer cooperación a México en materia antinarcóticos con base en una estrategia diseñada en Washington y cuyos “éxitos” son en general cuestionables, tanto acá como allá, más pragmático —y consecuente con sus aspiraciones de liderazgo regional— sería que el presidente Santos le propusiera a su homólogo azteca la convocatoria conjunta de un debate público sobre la “guerra” contra las drogas, cuyos términos deberán ser definidos por actores distintos a EE.UU.