Por: Andreas Forer

La Corte Penal Internacional: ¿Es una Corte Penal Internacional para África?

Con tan sólo dar un vistazo a los casos investigados por este tribunal internacional,  uno podría hacerse a la percepción de que la respuesta al interrogante que planteo en el titulo de esta columna es positiva. Y más aún si se tiene en cuenta la emisión de la orden de captura por genocidio contra el actual presidente de Sudán, Omar Hasan Ahmad al-Bashir el pasado 12 de julio de este año.

Esta no es la primera vez que abordo el tema de la Corte Penal Internacional (CPI), pues hice referencia al avance del caso colombiano en la Haya en mi columna titulada “¿Actuará en Colombia la Corte Penal Internacional?”. Dicha pregunta sigue estando vigente y puede llegar a tener relación – como veremos mas adelante - con los casos africanos actualmente adelantados por la instancia internacional.

Pero volviendo a África, debido a que la mayoría de las situaciones investigadas por la CPI tienen origen en dicho continente y que casos que ocurren en otras latitudes, como Colombia, sean relegados; para muchos resulta ser muestra no sólo de un tácito interés en este territorio, sino también de una especie de neocolonialismo por parte de la Fiscalía del tribunal internacional hacia el continente africano; influenciada principalmente por países del denominado primer mundo.

Si por una parte es verdad que los 14 acusados por la Fiscalía son todos africanos y que la mayoría de los países con investigaciones avanzadas (Uganda, Congo, Republica Centroafricana y Sudan) también lo son; por otra, las razones para intervenir en ellos son también verdaderas, claras y transparentes; por lo que hablar de Neocolonialismos me parece absurdo.

No se puede perder de vista que con la creación de la CPI a partir del 1998 con la firma del Estatuto de Roma, es la primera vez que se tiene una Corte Penal Internacional permanente e imparcial en donde un fiscal independiente toma las decisiones acerca de dónde intervenir. Es importante recordar que en los tribunales ad hoc de los años 90 las decisiones sobre dónde investigar (Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona) y crear una instancia de este tipo eran tomadas por parte de los Estados. Con el Estatuto de Roma esta decisión fue delegada a la Fiscalía de la CPI y ella puede actuar en delitos que son de su competencia, es decir crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio cometidos básicamente a partir del primero de julio de 2002 o a partir de la entrada en vigor del Estatuto en los países firmantes.

Lo puede hacer ex oficio (motu proprio) lo que hace en Kenia con la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares II. También si un Estado Parte remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes, como es el caso de Uganda, Kongo, Republica Centroafricana. Además, debe actuar si el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situación, lo que es el caso de Sudán. Como se puede ver, la mayoria de los casos fueron llevados por parte de los Estados africanos a la CPI.

La Corte Penal incentiva a los Estados con el fin de que puedan fortalecer su propia justicia e investigar y sancionar los crímenes más graves, y solamente si los estados no cumplen con ese deber la CPI interviene. En los países arriba mencionados no hay un sistema de justicia que pretenda perseguir, investigar y juzgar a los 14 acusados y mucho menos los graves delitos cometidos. De otra parte, la intervención sólo se ejecuta en caso de que los crímenes tengan cierta gravedad. En este caso es necesario recalcar que en el continente africano han ocurrido también en los últimos ocho años una gran cantidad de crímenes atroces y masacres y sobre todo que los países mencionados se caracterizan por un conflicto interno con miles de victimas; por lo tanto, la CPI interviene como defensor de los derechos de la víctimas, cumpliendo así con su deber de luchar contra la impunidad de los delitos mas graves.

No deben existir más “exilios dorados” para los prepetradores de estos delitos, formuló de manera concisa la Señora Fatou Bensouda, vicefiscal  de la CPI, esta semana en una conferencia sobre la relación de la Corte  con el continente Africano. En dicha conferencia, uno de los participantes aconsejó a la Fiscalía de la CPI buscarse otro continente para mejorar la imagen y romper la percepción, que se esta fijando solamente en el continente Africano, y proponía a Colombia como país donde se debe abrir formalmente la investigación.

Obviamente hay que rechazar esta idea, pues sólo con el objetivo de cambiar la imagen de la CPI uno no puede pensar en una intervención en Colombia mas allá de una observación de la situación y sobre todo una evaluación  de las actuaciones del Estado colombiano en la lucha contra la impunidad – que de hecho es lo que hace la CPI en la actualidad-.

Solamente si el Estado colombiano fracasa en investigar y sancionar adecuadamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por cualquier actor del conflicto interno en el territorio colombiano a partir del primero de noviembre de 2002 (fecha de la ratificación del Estatuto de Roma en Colombia para estos delitos y genocidio) y crímenes de guerra a partir del primero de noviembre de 2009, la Fiscalía de la CPI debe pasar a una siguiente fase y como lo dijo claramente la Vicefiscal Bensouda: “Colombia esta haciendo muchas investigaciones”.

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