Por: Hernán González Rodríguez

Temores frente a la Ley de Tierras

La revista inglesa The Economist considera los textos radicados ante la Cámara de Representantes para la Ley de Restitución de Tierras a quienes las perdieron a manos de los violentos, tanto como un gran reto, como un gran peligro para la paz de Colombia.

Porque el 70% de los desplazados no posee ningún título para acreditar sus derechos, por lo cual deberán probarlos con base en discutibles testimonios de terceros. Además, como que el 40% de todos, de absolutamente todos los predios de Colombia tampoco cuenta con títulos de posesión.

La ONU opina exactamente lo mismo, un gran reto, sí, pero "será una lucha muy dura, por lo que podemos esperar reacciones muy fuertes". Quien escribe se pregunta si, ¿acaso no terminaríamos reemplazando unos desplazados por otros, en pos de buenas intenciones, sí, pero ingenuas?

Su elevado costo, estimado sobre los 40 millones de millones de pesos, equivalentes a no menos de 10 reformas tributarias, desquiciaría totalmente las finanzas del país. Es que no se trata tan sólo de retornar la tierra sino de pagar los perjuicios desde tiempos indefinidos y de proteger a los involucrados. No sé a cuál “iluminado” se le ocurrió afirmar que "el costo de la restitución no importa, porque más costoso sería continuar sin tal legislación".

Consideran algunos que ofrecería una mejor solución agilizar la aplicación de las actuales leyes de extinción de dominio de las tierras de los narcotraficantes, complementadas por la compra del Gobierno de algunas adicionales. No parecen ser buenas leyes esas que establecen que a cargo de los propietarios actuales de la tierra corre la acreditación de sus derechos, debiendo correr ésta por cuenta de quienes la reclaman. Más absurdo aún, desde tiempos inmemoriales, ¿desde 1948 acaso?

La señora Lina M. Céspedes-Báez, profesora de derecho internacional de la Universidad de los Andes, afirma acertadamente en el Nuevo Siglo que en esta rama del derecho se ha observado recientemente el surgimiento de un ordenamiento jurídico sin fronteras que, entre otras, se encuentra caracterizado por su fragmentación, complejidad, erosión de la soberanía y de las fronteras de los Estados, así como por el traslado de los poderes locales a diversos actores externos. ¿Ilusos acaso?

Como consecuencia de esta lógica –continúa la profesora citada- el Secretario General de Naciones Unidas nombró en 1992 a Francis Deng para que hiciera un estudio a cerca de los principios rectores del desplazamiento forzado, los cuales fueron reconocidos en 1998 por la Comisión de Derechos Humanos.

Esta compilación abordó en esencia la falta de normatividad para la restitución de la propiedad a los desplazados y la necesidad de los Estados de reconocer los derechos de estas situaciones, porque los desplazados pueden convertirse en refugiados que perjudiquen otros Estados.

Si bien estos textos y otros preparados en 2005 "significan un esfuerzo impresionante de revisión de Derecho Internacional, es pertinente enfatizar que NO son vinculantes... algunos especialistas los ubican en la categoría de "leyes blandas"... Los argumentos contenidos en las decisiones de nuestra Corte Constitucional al respecto no presentan una elaboración concienzuda para considerarlos como obligaciones internacionales, concluye la profesora citada.

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