Por: Cecilia Orozco Tascón

Laxo para unos, fiero para otros

QUIEN PECA Y REZA, EMPATA. UN OBservador al que consideré loco en su momento, dijo que había que temerle a las decisiones del Procurador después de la destitución que éste le decretó al ex ministro Sabas Pretelt.

Entonces señaló que esa medida, que golpeaba el corazón de Uribe y que entraba en contradicción con conceptos del mismo Ordóñez, le serviría como contraprestación y legitimación social de una muy fuerte que tomaría contra Piedad Córdoba, la antagonista más odiada por el ex presidente. Ese silogismo me sonó absurdo. Hoy no sé si todavía soy demasiado ingenua. Lo cierto es que Alejandro Ordóñez actúa como si tuviera discrecionalidad absoluta. Sólo así se explica su disparidad de criterios, unas veces profundamente laxos e ignorando los fallos penales. Otras, cargados de la fiereza de una vindicta. Casos que recuerdo al vuelo:

Ciro Ramírez. Ex presidente del Partido Conservador, acusado por connivencia con el paramilitarismo y el narcotráfico. Pruebas: testimonios de ex paramilitares que dan cuenta de varias reuniones suyas con jefes de las Auc; y 140 conversaciones grabadas legalmente. Algunas de ellas, del ex parlamentario con el mafioso alias Mi Sangre, fueron publicadas. Posición de la Procuraduría en el juicio: absolverlo por duda.

Álvaro Araújo. Condenado a nueve años de cárcel por la Corte Suprema. Cargo: alianza con el paramilitarismo del Cesar para hacerse elegir en 2002 y 2006. El delegado del procurador Ordóñez solicitó que se le declarara inocente por “inconsistencias” en el proceso, no obstante que en julio de 2007 la Procuraduría, encabezada por Edgardo Maya, había pedido proferir resolución de acusación.

Mauricio Pimiento. Condenado por la Corte Suprema, en 2008, a siete años de prisión por haberse beneficiado de la “repartición” electoral decidida por Jorge 40 con “evidente intimidación de la población” del Cesar. En diciembre de 2009, el Procurador se abstuvo de imponerle una sanción porque “no se probó” que en esa región se hubieran creado “distritos electorales” del paramilitarismo y porque “no está del todo claro” que Pimiento se hubiera aliado con esos grupos.

Coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Condenado a 30 años de cárcel por la desaparición de once personas durante la retoma del Palacio de Justicia. La Procuraduría pidió la absolución antes de la sentencia e interpuso el recurso de apelación después del fallo por “ausencia de prueba plena”. A propósito, la jueza de Plazas que vive fuera del país por amenazas, fue absuelta en última instancia por el delito de prevaricato que el coronel interpuso contra ella.

Piedad Córdoba.  Denunciada por el gobierno anterior por los “hallazgos” contenidos en los computadores de Raúl Reyes, según los cuales ella sería colaboradora y patrocinadora de las Farc. Investigación en la Procuraduría iniciada y concluida en cinco meses. Sanción: destitución e inhabilidad de 18 años. Pruebas: correos electrónicos de ordenadores que estuvieron más de un año en instalaciones del Ministerio de Defensa; y testimonio de un mercenario extranjero. Época del 95% de los mensajes: segundo semestre de 2007, cuando Córdoba fue autorizada por el Presidente a tratar de liberar secuestrados. Ordóñez, representante de la derecha recalcitrante, castiga con muerte política a la parlamentaria de izquierda más destacada de la oposición. Marco del anuncio del Procurador: Casa de Nariño y en medio de la euforia nacional por la muerte del Mono Jojoy.

¡Qué miedo siento del grupo de poder, por su capacidad de manipulación de la justicia!

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