Por: César Rodríguez Garavito

Los silencios de la Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico será el principal bloque comercial de América Latina.

A diferencia de Mercosur o Unasur, reúne a los países interesados en hacer comercio, entre ellos y con el resto del mundo. Y tiene la mirada puesta en el futuro, es decir, en Asia.

De modo que hay que tomar muy en serio los logros de la semana pasada en Cali. Además de la eliminación de aranceles, se dieron pasos importantes hacia la integración de los sistemas fiscales, bursátiles, universitarios e inmigratorios de Colombia, Perú, Chile y México, a los que pronto se sumará Costa Rica.

Por eso mismo, porque el asunto va en serio, preocupan desde ya tres silencios. Como lo dijo un comunicado de la Presidencia de Colombia, lo de Cali fue una reunión de “más de 300 empresarios y nueve jefes de Estado”. Ahí está el primer vacío congénito de la Alianza: aunque se está decidiendo el futuro de cinco países, las únicas voces ciudadanas que cuentan son las de los empresarios. Por ninguna parte se oyeron las comunidades negras que son buena parte de la población del Pacífico colombiano, o las organizaciones cívicas de todo tipo. En un gesto elocuente, el único rastro de los pueblos nativos fueron los bastones de mando indígena que empuñaron los presidentes para una foto.

Sin voces distintas a los interesados en abrir minas y puertos, casi nada se dijo sobre el impacto ambiental de los planes de la Alianza. Aunque se mencionaron las palabras usuales (desarrollo sostenible), los acuerdos se refieren sólo a la primera. Pero el tema de la sostenibilidad es inevitable, porque el Pacífico es una de las regiones más biodiversas del mundo. Y porque, al menos en Colombia, ya existe toda una regulación que viene de la Constitución y de la Ley 70 de 1993, que protege a las comunidades ancestrales y el uso sostenible de sus recursos. De ahí que cualquier proyecto deba estar enmarcado en esos lineamientos y respetar los más de cinco millones de hectáreas que el Estado ha titulado a comunidades negras del Pacífico.

El tercer silencio elocuente son los derechos humanos. Para nadie es un secreto que la Alianza busca hacerles contrapeso a otros bloques (Mercosur y Unasur) donde tienen recibo gobiernos con serios problemas de derechos humanos (como Venezuela), que quisieran convertir esas instancias regionales en alternativas de bolsillo que reemplacen al exigente Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Qué bueno tener una visión compartida de la vigencia del Estado de derecho, de la democracia”, dijo Peña Nieto, el presidente de México —disimulando apenas que, de paso, quiere contrarrestar el dominio de Brasil en los otros bloques.

Era de esperar que la Alianza incorporara esa “visión compartida” en sus declaraciones y la vigencia de los derechos humanos en sus compromisos. O al menos reiterar su apoyo al Sistema Interamericano, que está bajo ataque en los otros bloques. Aún mejor: como la Unión Europea, debería incluir el respeto del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos entre los criterios para aceptar a nuevos miembros. Sería interesante ver cómo le iría a Guatemala (que quiere ingresar), ahora que su gobierno está haciendo todo lo posible por evitar que se haga justicia en el proceso contra el exdictador Ríos Montt.

La sociedad civil tendrá que hacerse sentir en la próxima cumbre: las organizaciones ambientalistas, las de derechos humanos, los movimientos sociales, las universidades que entiendan las oportunidades de hacer intercambios y programas regionales. Porque la Alianza del Pacífico es demasiado importante como para dejárselas a los gobiernos y al sector privado.

 

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