El magistrado Velásquez, una especie de Baltasar Garzón criollo que debería tener todas las garantías del Estado para continuar con las investigaciones, terminó siendo objeto de un acoso al que lo único que le falta es el sexual. Iván Cepeda, víctima del paramilitarismo que ha ayudado a empoderar la vocería de los que exigen verdad, justicia y reparación, acabó irresponsablemente siendo acusado de favorecer los intereses de la guerrilla.

A Gustavo Petro, quien denunció la participación de la ilegalidad en la política, ahora se le achacan unos supuestos sobornos a testigos de ese proceso. A Daniel Coronell, que viene de sufrir, con su familia, los rigores del exilio como consecuencia de las constantes denuncias que hace desde el periodismo, ahora lo quieren responsabilizar hasta de la empelotada de Yidis. A Alejandro Santos, cuya revista destapó grabaciones comprometedoras que hoy son precisamente las responsables de que el país conozca detalles de la parapolítica, lo señalan como si fuera el director de Anncol, el órgano de difusión de las Farc. Rafael Pardo y Héctor Helí Rojas, otrora furibistas, terminan acusados, uno de conspirador y el otro de resentido clientelista.

Esta semana el Fiscal ha sido señalado por el Primer Mandatario de esconder información y tomar decisiones políticas y no judiciales, como en el caso del llamado Tasmania. Así, poco a poco, van creciendo la lista y los expedientes contra quienes se atreven a expresar comportamientos que no son del agrado de la Presidencia. Me temo que en la medida en que se acerquen las elecciones del 2010 asistiremos a una escalada de acusaciones contra quienes disientan, generando un ambiente de mayor polarización. Falta que digan que el fiscal de la Corte Penal Internacional es la cabeza de un proceso de conspiración mundial.

Mientras eso ocurre, la parapolítica hace toda clase de escaramuzas que van desde  el cuestionamiento al testigo hasta la generación de desconfianza en la Corte Suprema. No dudo de que puede haber injusticias, pero de ahí a pretender que aquí nada pasó hay una gran diferencia. Los principales testigos fueron varios de los parlamentarios. O si no que lo diga De la Espriella. O la ex militante de la coalición uribista, Rocío Arias. Cuando el testigo es a favor de los intereses de la coalición de gobierno es bueno. Y si no es así, pertenece al tráfico de testigos. Si de algo se nutre la seguridad democrática es de falsos denunciantes, es decir, falsos positivos.  

No puede suceder que aquí terminen en el banquillo quienes valientemente han hecho brillar su voz en medio de este unanimismo dramático. Aquí lo que está en juego es el derecho a disentir. En este ambiente de hegemonización del pensamiento, en el que prima aquello del que no está conmigo está contra mí, y en medio de esta agresividad cualquier cosa puede pasar. Hasta los tiros y no propiamente de salva. Así como los narcos pretenden pescar en río revuelto con las contradicciones entre las instituciones del Estado, también se pueden fraguar situaciones de hecho que para ellos no significarían mayor cosa en su larga historia delincuencial.

Y qué decir de la guerrilla, que en su condición de debilidad puede aprovechar coyunturas como ésta para realizar acciones que conduzcan a lo que ellos llaman profundizar las contradicciones. Por eso creo que el Primer Mandatario y sus barras bravas están jugando con fuego. Y eso me parece irresponsable. Las consecuencias de estas chiripiorcas presidenciales pueden ser impredecibles.