La democracia no puede ser el mercado bursátil de la política. Las contribuciones del sector privado a la actividad política no pueden continuar como sus inversiones financieras en el mercado de la política. Es hora de mirar el otro lado de la ecuación: la responsabilidad del sector privado en el financiamiento de las elecciones y los partidos.

Sin conocer el texto definitivo de la reforma propuesto por la Comisión de Ajuste Institucional, un aspecto crucial de una reforma política en cualquier país, al margen de su desarrollo político, es el papel del financiamiento de la actividad política. A nivel global ningún sistema ha solucionado el problema satisfactoriamente y aunque Europa y Estados Unidos han tomado caminos diferentes en estos temas, los primeros optando por el financiamiento público y los segundos por el privado, el asunto está muy lejos de resolverse. Para McCain, su lucha por establecer estándares éticos en este campo ha sido asunto vital de su carrera pública y para Obama será un tema difícil de explicar frente a su decisión de renunciar al financiamiento público, en esencia por la capacidad ilimitada de la maquinaria del candidato para recoger recursos privados, en una campaña donde el dinero lo es casi todo.

En América Latina los recursos privados son la primera fuente de financiamiento de la política. La mezcla de política y negocios, la combinación de intereses particulares e interés público, o el gran influjo del capital privado en la política no son asuntos menores. Para no hablar del creciente influjo de capitales oscuros en la política. Es claro que la interacción de pesos y votos da acceso a los políticos y que en no pocos casos genera obligaciones, compromisos y deudas de gratitud. La causa mayor de corrupción en la contratación pública está muy ligada a este fenómeno. El financiamiento genera un trueque entre lo que compra un grupo de interés y lo que vende a futuro un político, debilitando así los partidos y los Congresos, sacrificando la independencia de los candidatos, de los partidos y de las legislaturas frente a los intereses económicos y, sin duda, frente al crimen organizado. Este último con una presencia global cada vez más preponderante en los procesos electorales.

Un elemento esencial de la responsabilidad social empresarial hoy tan en boga va a ser generada por la actividad política de la empresa y del sector privado. En la medida en que la actividad de la empresa afecte o influya el proceso de definición de las políticas públicas, dicha actividad deberá someterse a lo público. Por ello también el lobbying o cabildeo hoy es objeto de regulaciones que lo someten a total transparencia frente al interés público. De otra manera, la política caerá en manos de mercaderes sin reatos al vaivén de intercambios fuera del control de las instituciones públicas.

Si el propósito es institucionalizar los partidos políticos y no pulverizarlos, relegitimarlos y no volverlos intrascendentes, independizarlos y no hipotecarlos frente al poder económico, es hora de sentar al sector privado a la mesa del debate sobre el financiamiento de la política de cara a las próximas elecciones. Al lado de órganos electorales modernos y autónomos con capacidad de sanción real, regulaciones legales efectivas, partidos fuertes, veedurías y medios de comunicación actuantes, el sector privado tiene mucho que decir a ese respecto.

Ojalá el Congreso abordara en este momento esta problemática para agarrar el toro por los cuernos. No sólo enviaría un gran mensaje de fortaleza y autonomía en esta coyuntura de cuestionamiento y dificultad, sino que sería la forma de comenzar a romper los incentivos para que la política siga oficiando de agencia intermediaria de intereses particulares, capturada por quienes se sienten ajenos al cumplimiento de responsabilidades públicas. La trivialización de la política es lo que nos ha llevado a entregar el más digno de los oficios al mejor postor.