Por: Sergio Otálora Montenegro

Seguridad democrática: tan vieja como la aspirina

A LA FINAL, ¿QUÉ ES LA SEGURIDAD democrática? ¿Una estrategia antisubversiva? ¿Un disfraz oportunista de la antigua doctrina de la seguridad nacional? ¿Un bien montado mecanismo de propaganda política de la mano de las encuestas, algunos medios de comunicación y el apoyo irrestricto de Washington? ¿Una marca registrada por sucesivos períodos presidenciales que le han echado, de una u otra forma, leña al fuego? ¿Una revisión integral de la historia reciente de Colombia?

La verdad: puede ser todo lo anterior. En un par de entrevistas, el presidente Uribe exaltó los gobiernos de Guillermo León Valencia y Julio César Turbay Ayala, y además afirmó que el “terrorismo” había arrancado en Colombia en los años cuarenta. Interesante.

Sigamos. Durante Valencia desapareció el imperio bandolero (el reinado de aquellos criminales que se hacían llamar Chispas, Sangrenegra o Desquite) pero ese cuatrienio no pudo acabar con los primeros reductos guerrilleros de las Farc, la famosa ‘Operación Marquetalia’, mil soldados del Ejército, contra cuarenta y dos rebeldes mal armados, que resistieron el embate de las tropas al mando del teniente coronel José Joaquín Matallana. De ahí en adelante, todos los presidentes, sin falta, tuvieron el mismo propósito: liquidar a Tirofijo y a sus hombres.

No pudieron, no por falta de voluntad política, ni de recursos, ni de apoyo del gran vecino del Norte. Es más: el gobierno de Turbay (otro cuatrienio admirable, según Uribe) metió a Colombia de lleno en la doctrina de la seguridad nacional (aplicada a todo lo largo y hondo de las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica, en los años setenta), el enemigo interno, la tortura, la desaparición forzada y los allanamientos sin orden judicial. Apretar el gatillo de manera indiscriminada. Turbay tampoco pudo pulverizar a “los bandidos”.

Después, vino la estrategia de la zanahoria y el garrote. Belisario Betancur logró, a un precio muy alto, despojar de legitimidad política a la guerrilla. El éxito fue rotundo. De eso poco se habla, porque desde el poder se califica al gobierno del también llamado “Lenin de Amagá” de débil y entreguista, con el fin de justificar la violencia.  Se les olvida que la toma del Palacio de Justicia es el costo que debimos pagar por esa estrategia que no entendieron ni el establecimiento más reaccionario ni la subversión delirante.

La seguridad democrática es una marca registrada por nuestra clase dirigente desde los tiempos en que se intensificó el conflicto agrario y arreció la presencia de las masas en las calles bajo el liderazgo vigoroso de Gaitán. Por otra parte, los paramilitares de la época, los chulavitas, ante la vista cómplice del gobierno conservador de Ospina Pérez, empezaron una labor de exterminio del gaitanismo en todo el país, que culminó en el asesinato de su líder, en 1948, y la posterior sublevación popular. En suma, se prendió el “terrorismo”, según el prisma uribista.

Es como el primer día de la creación. Así se ha vendido la seguridad democrática, un original y victorioso invento de Uribe, sin antecedentes. Desde Palacio, los gurús de la manipulación dicen que se debe reelegir al proyecto, no a su máximo “ideólogo”. Genial.

Sin duda, han renovado la vieja marca de guerra y represión. Ahora la fórmula es disparar pero con la Constitución en la mano, de acuerdo con la versión oficial. Eso, por supuesto, no es así. Tres millones de desplazados lo atestiguan, al igual que las ejecuciones extrajudiciales y los asesinatos de líderes regionales de izquierda. Ya no masacran, como hace veinte años, pero la antidemocracia es una enfermedad que nos agobia. Por eso, el camino de la dirigencia colombiana, para perpetuar una ideología autoritaria, es crear el falso dilema de seguridad democrática o catástrofe. Cerrarle el camino a otras concepciones del poder. Nada nuevo. La diferencia, tal vez, es que ahora se atreven a afirmar, con estadísticas en la mano, que la idea goza de amplia popularidad. Veremos.

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